El Estado y las obras sociales deberían procurar cubrir todas las prestaciones que las personas con discapacidad necesiten, pero en los hechos esto casi no se cumple. Como afirma el Comité, se suma entre los obstáculos a enfrentar en nuestro país “la insuficiencia de los subsidios para sufragar los costos médicos de las personas con discapacidad” (párr. 47.g)
Existen muchas personas con discapacidad que no cuentan con certificado de discapacidad (8), primer requisito para el acceso a derechos y la obtención de una cobertura diferencial en materia de obra social (9). Y si bien el Estado está obligado a garantizar todas las prestaciones, en los hechos eso no ocurre, ya que, aunque pueden concurrir a los hospitales públicos, estos no otorgan toda la medicación, no tienen los aparatos necesarios de movilidad asistida o los insumos –pañales, apósitos, etcétera–. Sin duda la letra de la ley no se corresponde con los desafíos que la realidad presenta, y esto nos debe interpelar.

En lo que respecta a la seguridad social, la pensión no contributiva de la que son beneficiarias las personas con discapacidad no trae aparejado el servicio de obra social (10). Hasta hace un tiempo, esta cobertura era garantizada por el Programa Federal (PROFE); ahora, por Incluir Salud, programa gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que proporciona asistencia financiera a las provincias adheridas. Estas provincias administran los fondos a través de las Unidades de Gestión Provincial (UGP) para ofrecer servicios de salud a los afiliados mediante la red pública de prestadores. El objetivo es asegurar que todas las personas con pensión no contributiva reciban atención de calidad sin importar su lugar de residencia.

El programa ha pasado por diferentes estadios, pero la mayoría de las veces no ha sido suficiente su gestión, ya que los recortes efectuados atentan contra la alimentación, la salud y la calidad de vida de las personas con discapacidad. En ese sentido, se destaca que en los últimos tiempos se han aplicado recortes en relación con la entrega de leche especial, medicación e internaciones domiciliarias. Ello se suma al desempeño de las obras sociales, que se niegan a resolver y cubrir todas las necesidades de los afiliados, por lo que las familias deben recurrir a quejas frecuentes o a recursos judiciales como el amparo, institutos jurídicos para cuyo ejercicio se necesitan recursos económicos –e intelectuales– que no todos poseen (11). Esta situación se ha visto sumamente agravada en el último tiempo.

IV – CONSIDERACIONES FINALES 

La legislación vigente tiene por fin garantizar que las personas con discapacidad no sean las que deban amoldarse al entorno, generando mecanismos que permitan que quienes habitan en una sociedad puedan desarrollarse y desenvolverse con igualdad de oportunidades.
Este ideal dista de la realidad que atravesamos en la actualidad. Aún queda mucho por andar y profundizar en esta temática. Las personas con discapacidad no están en igualdad de condiciones, ni tienen las mismas oportunidades de acceso, y ello, en parte, se debe a que no se afectan los recursos económicos necesarios a partir de una decisión política contundente que promueva la inclusión.
Han pasado treinta años de la reforma constitucional y restan varias aristas que deben ser abordadas para dar cumplimiento efectivo a todos los preceptos y objetivos que enumera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La teoría y la práctica se contradicen continuamente, ya que no existen políticas reales y efectivas para generar efectivo acceso al empleo de personas con discapacidad, a la formación docente en esta temática, a la capacitación en lengua de señas, a la adecuación de infraestructura para generar ciudades inclusivas donde se promueva el desarrollo pleno de personas con discapacidad.
Son innumerables los cambios que hay que realizar para que todos los derechos que se encuentran garantizados se cumplan.
La Constitución argentina y los tratados internacionales sin duda son la puerta de acceso para garantizar la igualdad, pero se requiere de un Estado y de una sociedad que acompañen desde los multifactores sociales, económicos, culturales y espaciales en pos de proporcionar oportunidades y mejorar la calidad de vida.