La Ley se refiere a un fundo sirviente y dispone que toda heredad está sujeta a la servidumbre administrativa de electroducto, que “se constituirá en favor del concesionario de subestaciones eléctricas, líneas de transporte de energía eléctrica y distribuidores de energía eléctrica que estén sujetos a la jurisdicción nacional” (art. 1°).

Por otra parte, define el electroducto como “todo sistema de instalaciones, aparatos y mecanismos destinados a transmitir, transportar y transformar energía eléctrica” (art. 2°).

La finalidad de interés público es claramente visible en la ley, que dispone expresamente que ningún tercero podrá impedir la constitución de las servidumbres creadas por esta ley ni turbar u obstruir su ejercicio (art. 20) y que todo aquel que resistiese de hecho la ejecución de los trabajos necesarios para la construcción, vigilancia, conservación y reparación de las instalaciones que se coloquen en los predios sujetos a servidumbre, inutilizare o destruyere en todo o en parte, dolosamente, un conductor de energía eléctrica o sus obras complementarias será reprimido con las penas establecidas por el Código Penal (art. 21).

Asimismo, disposiciones específicas aseguran la realización de ese interés público, reforzando la afectación de la plenitud del derecho de dominio del dueño del fundo e incluso de terceros ocupantes legítimos que pudieran existir, previamente a la constitución de la servidumbre administrativa que nos ocupa.

En este derrotero, la autoridad competente podrá fijar de oficio, sin perjuicio de otras determinaciones que resulten adecuadas al caso, las normas de seguridad que deberán aplicarse en la colocación de las instalaciones del titular de la servidumbre, en relación con las personas y los bienes de terceros y, a pedido del titular.

Adicionalmente, podrá establecer las restricciones y limitaciones al dominio que regirán en la superficie sometida a la servidumbre (art. 5°). En este orden, a pedido del titular de la servidumbre, el juez federal competente librará mandamiento otorgándole el libre acceso a dicho inmueble para realizar las obras correspondientes, previa presentación de la copia de la parte pertinente del plano respectivo y copia certificada de la resolución que lo haya aprobado (art. 8°).

A su vez, la norma dispone expresamente que, tanto el propietario como el ocupante del predio sirviente “deberán permitir, toda vez que fuere necesario, la entrada al mismo del titular de la servidumbre”, de su personal o de terceros debidamente autorizados por aquél, de los materiales y elementos de transporte que se requieran para efectuar la construcción, vigilancia, conservación o reparación de las obras que motivan la servidumbre (art. 16).

En esta misma línea, la constitución de la servidumbre no impide al propietario ni al ocupante del predio sirviente utilizarlo, cercarlo o edificar en él, “siempre que no obstaculice el ejercicio regular de los derechos del titular de la servidumbre” (art. 17).

Por otra parte, la ley de creación establece, de manera específica, “el proceso de afectación y constitución de la Servidumbre Administrativa de Electroducto”.

Así, dispone que la afectación del predio a la servidumbre administrativa de electroducto, queda conformada por conducto de la aprobación por autoridad competente del proyecto y de los planos de la obra a ejecutar o de las instalaciones a construir, circunstancia que genera el derecho a su anotación en el respectivo Registro de la Propiedad y en la Dirección de Catastro (art. 4°).

A su vez, exige que una vez aprobados el proyecto y los planos de la obra a ejecutar o de las instalaciones a construir, deba cumplirse con la notificación fehaciente dirigida a los propietarios de los predios afectados, anoticiándolos “de la afectación de estos a la servidumbre y del trazado previsto dentro de cada predio o superficie afectada”. Idéntico requisito prevé para las restricciones y limitaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 5° de la norma, las que deben ser igualmente notificadas a los propietarios (art. 6°).

La notificación constituye un recaudo esencial que encuentra correlato en el derecho constitucional de propiedad (art. 17, CN), pues, a la vez que pone en su conocimiento el proceso de constitución de la servidumbre que implicará la afectación de su dominio pleno, habilita al propietario del fundo a realizar las acciones tendientes a la indemnización correspondiente, celebrar el convenio que constituya definitivamente la servidumbre e incluso discutir el monto, en caso de disconformidad, ante el juez federal competente.

Por tal motivo, la norma dispone que, en caso de ignorarse quién es el propietario del predio o cuál es su domicilio, la notificación debe efectuarse por edictos que se publicarán por tres días en el Boletín Oficial de la jurisdicción que corresponda y si lo hubiere, en un periódico del municipio en que se encuentre ubicado el predio (art. 7°).

Para dimensionar la trascendencia del acto de notificación, es relevante tener presente que, la servidumbre quedará definitivamente constituida, si hubiere mediado acuerdo entre el propietario y el titular de la servidumbre una vez formalizado el respectivo convenio a título gratuito u oneroso o, en su defecto, una vez abonada la indemnización que se fije judicialmente (art. 14).

Por lo tanto, como se verá más adelante, la existencia del acto administrativo referido y del iter previo integrado por sus actos preparatorios, expresamente indicados por la norma, revisten suma importancia para caracterizar la servidumbre administrativa de electroducto y para decidir si es viable usucapir o no.

Por otra parte, como se adelantó supra, “se contempla del derecho de ser indemnizado,” en favor del propietario del fundo sirviente y del tercero ocupante, lo cual, implica un reconocimiento del derecho de propiedad del dueño y del uso y goce del ocupante, menguados por la existencia de la servidumbre aludida.

En esa dirección, la normativa establece las pautas concretas para resarcir al propietario del inmueble afectado, excluye el lucro cesante y considera, por una parte, “el valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el inmueble gravado” y, por otra parte, “la aplicación de un coeficiente de restricción que atienda al grado de las limitaciones impuestas por la servidumbre”, establecido teniendo en cuenta la escala de valores que fije la autoridad competente (art. 9 incs. a y b).

Para el caso de no llegar a acuerdo en cuanto al monto de la indemnización, el propietario podrá ejercer las acciones a que se considere con derecho, en el mismo expediente en que se haya iniciado conforme lo previsto en el artículo 8o, o de no existir tal expediente, ante el juez federal competente en el lugar en que esté ubicado el inmueble. Igual derecho asiste al tercero ocupante para reclamar su indemnización, por vía de incidente o ante el juez federal competente, en caso de disconformidad (Ley 19.552, arts. 10 y 13).

De igual manera, el tercero ocupante legítimo y anterior a la notificación (arts. 6 y 7) podrá reclamar del titular de la servidumbre la indemnización de los perjuicios positivos que ella le ocasione, con exclusión del lucro cesante (art. 13).

Con similar criterio, la norma dispone que, ante la necesidad de realizar obras extraordinarias que perturben el uso y explotación del predio sirviente, más allá de lo previsto en los artículos 16 y 19, el titular de la servidumbre deberá pagar la indemnización que pudiere corresponder por los perjuicios que ellas causaren y abonar toda indemnización que pudiere corresponder por daños causados por las instalaciones del inmueble afectado (art. 18).

En la misma tesitura, la norma expresa que, si la servidumbre impidiera darle al predio sirviente un destino económicamente racional, a falta de avenimiento sobre el precio del bien, el propietario podrá demandar al titular de la servidumbre por expropiación inversa del predio (art. 12).

Finalmente, se establece un plazo de caducidad de la servidumbre, la cual se producirá “si no se hace uso de ella mediante la ejecución de las obras respectivas, durante el plazo de 10 años computados desde la fecha de la anotación de la servidumbre en el Registro correspondiente” (art. 15). Una vez, vencido el plazo indicado, el propietario del predio podrá demandar la extinción de la servidumbre, recobrando el dominio pleno del bien afectado.

V – ¿ES VIABLE LA APLICACIÓN DE LA USUCAPIÓN EN UNA SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA DE BASE LEGAL?

La prescripción adquisitiva es un instituto de derecho privado, cuya regla general se asienta en el art. 2.565 de la Ley 26.994, CCCN, que dispone que “[l]os derechos reales principales se pueden adquirir por la prescripción en los términos de los arts. 1.897 y siguientes”.

Por conducto del artículo 1.897 de la ley 26.994, CCCN, “[l]a prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley”.

Por otra parte, corresponde tener presente que el art. 1.970 de la Ley 26.994 CCCN establece que las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo y que, el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las leyes administrativas aplicables en cada jurisdicción.

Asimismo, la norma indicada, establece que los límites impuestos al dominio en este capítulo, en materia de relaciones de vecindad, rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.

Para responder al cuestionamiento acerca de si es viable constituir una servidumbre administrativa de electroducto, a través de la prescripción adquisitiva, es ineludible reparar en estas disposiciones y en la existencia de un marco legal específico de derecho público que la regula.

En efecto, considerar la viabilidad de la prescripción adquisitiva como medio de constitución de la servidumbre administrativa de electroducto, implica considerar la aplicación de normas de derecho privado.

Sobre esta cuestión, Alonso Regueira descarta la aplicación analógica, cuando ello implica una restricción de derechos, y sostiene que