–Muchas gracias Dr. Juan Martín Mena por la generosidad de disponer de su tiempo y concedernos esta entrevista. En primer lugar, queríamos consultarle de manera sucinta, respecto a cuáles considera que fueron los avances más significativos en materia de Memoria, Verdad y Justicia en los últimos años.

—Gracias a ustedes por la invitación. Para comenzar, debo afirmar que estoy convencido de que llegamos hasta donde estamos, fruto de la lucha y el trabajo de nuestras Madres, de nuestras Abuelas y de los organismos de derechos humanos, que con características muy particulares, sin revancha, sin odio, convocando desde lo más íntimo del corazón, dando una batalla inclaudicable; sostuvieron y generaron que argentinos y argentinas, cada uno con distintas responsabilidades y roles, podamos hacer lo que hicimos desde la recuperación democrática en estos 41 años.

En ese sentido, sin la lucha de ellos, no hubiésemos tenido ni juicio a las juntas militares en el gobierno de Raúl Alfonsín, ni tampoco aquel 2004 en la ESMA cuando el expresidente de la Nación Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del pueblo argentino. Ese día además no sólo se recuperó la ex ESMA, sino que se inició un histórico proceso de juzgamiento y sanción por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Lo que nos obliga a estar muy orgullosos y sobre todo en el contexto actual. El afianzamiento en materia de memoria, verdad y justicia, decisión y valentía para resolver la mayor tragedia de nuestra historia reciente, es un logro de todos los argentinos y las argentinas.

No obstante ello, pareciera que en el último tiempo, estamos atravesando un momento en que nos están proponiendo romper un pacto social que para todos nosotros es inalterable. Por ese motivo, contra esto, se expresó el pueblo el último 24 de marzo cuando se llenaron las calles con un Nunca Más.

Por eso destaco la importancia de que este año se cumplieran los 20 años de la recuperación de la ESMA, hoy sitio de memoria y patrimonio. Siendo el excentro clandestino de detención más tenebroso de nuestro país, es también fruto de la labor de muchísimos funcionarios judiciales que asumieron con responsabilidad, con convicción, con un compromiso inclaudicable, investigaciones extremadamente complejas que permitieron llevar a juicio y castigo a los responsables de crímenes tan atroces.

Insisto, tenemos que estar muy orgullosos de lo que pudimos hacer con nuestra propia tragedia, cómo procesarla. Los ejemplos mundiales no abundaban y la mayoría eran bastante negativos. Acá no hubo potencia extranjera invasora, no hubo país vencedor, los propios argentinos procesamos nuestra tragedia sin apelar a tribunales ni leyes especiales. Con las herramientas de nuestro ordenamiento jurídico logramos vencer ni más ni menos que las leyes de olvido e impunidad y con los tribunales naturales de nuestro país logramos poner las cosas en su justa medida y sancionar y condenar a los responsables de los crímenes de la dictadura. Todo esto creo, es un ejemplo que debemos resaltar permanentemente.

—En materia de política criminal ¿qué aspectos cree que deben priorizarse?

—Actualmente el desafío fundamental es la construcción de una política planificada en la cual la actuación de las fuerzas policiales, el poder judicial y las agencias penitenciarias estén articuladas detrás de objetivos claros; los que en materia de política criminal, se refieren al control de la criminalidad, es decir, a la reducción de fenómenos delictivos a través de medidas específicas, cuyo diseño debe provenir del conocimiento detallado de las dinámicas criminales. Por esta razón, la producción de información y el análisis criminal son dimensiones imprescindibles a abordar si pretendemos llevar adelante políticas estratégicas.

En cualquier caso, para poder dar respuestas eficaces es fundamental que se defina con precisión el problema que se va a atacar: por ejemplo, los mercados ilegales de drogas, el robo automotor, las violencias de género, las estafas digitales, son todos fenómenos muy distintos que reclaman acciones de diverso tipo. Cuando se anuncian medidas generales se cae en una falta de rigor y precisión, y se pierde la oportunidad de desarrollar acciones estratégicas.

Otra cuestión importante es que la política criminal debe abrirse a la participación ciudadana. Es necesario que la comunidad conozca las acciones que se llevan adelante y que se exprese y participe de los procesos de diseño, implementación y evaluación. Esta dimensión hoy recae en gran medida en los gobiernos municipales, que en los últimos tiempos se han convertido en actores protagónicos y han asumido muchas competencias relacionadas con la agenda pública de justicia y seguridad. De modo que la planificación, las decisiones basadas en el conocimiento y la focalización son algunos de los aspectos que creo deben priorizarse en el campo de la política criminal.

—¿Considera que las cuestiones de narcomenudeo deberían volver a la órbita federal?

—Las cuestiones de narcomenudeo definitivamente deberían volver a la órbita federal. Lo hemos discutido y debatido profundamente con el Gobernador y estamos de acuerdo que el sistema, así como fue reformado hace poco más de una década, no arrojó buenos resultados. Fue una decisión de política criminal en la que se resolvió que el narcomenudeo lo investigaban las provincias (algunas adhirieron y otras no) y el sistema federal quedaba para el narcotráfico. A diez años vista, estrictamente hablando de la provincia de Buenos Aires, el resultado fue espantoso, y por eso es que con el Gobernador venimos planteando la refederalización.

El primer motivo es que se evidencia un corte en las investigaciones. No paramos de detener, investigar y juzgar a pequeños comerciantes de estupefacientes (el famoso narcomenudeo) y nunca se arriba a la investigación completa, porque se genera un momento en que el fiscal y la policía provincial tienen un límite legal sobre el cual no pueden avanzar. Y una de las formas de llegar a las grandes organizaciones es empezar por el que se encuentra en la calle, vendiendo estupefacientes, para después seguir la cadena.

Cuando en el medio hay un cambio de jurisdicción se produce un quiebre que ya demostró no dar buenos resultados. Cuando se ven la cantidad de procesos, juicios, investigaciones y detenciones por narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires, y ves el procesamiento de la justicia federal respecto de las organizaciones de narcotraficantes, concluís que la autoridad federal está haciendo poco y nada.

Tampoco es cuestión de hacer un corte abrupto. Nuestra policía va a seguir investigando y reprimiendo el narcotráfico y el narcomenudeo, y nuestros fiscales también van a seguir trabajando, porque el narcotráfico está rodeado de otra cantidad de delitos que son competencia de la Provincia. Lo que tiene que haber es una autoridad federal que asuma esas investigaciones. Debemos privilegiar que toda causa que se inicie por narcomenudeo, termine en la sanción del más grande. Por ejemplo, el ataque financiero a las bandas de narcotráfico, que es un delito federal. Hay que pegar un timonazo, cambiar de estrategia y trabajar en equipos conjuntos de investigación. Lo hacemos con otros países, ¿cómo no lo vamos a hacer entre la Provincia y el Estado federal?

—En el marco de la campaña internacional #masmujeresmasjusticia, nos interesaría conocer su posición respecto a la necesidad de juzgar con enfoque de género y al momento transicional que nos atraviesa de la paulatina designación de mujeres en el Poder Judicial.

—En primer lugar, juzgar con enfoque de género es un imperativo constitucional, así como la articulación de la perspectiva de género en los procesos judiciales. El Estado asume obligaciones específicas vinculadas a las garantías de no discriminación e igualdad conforme sus propias disposiciones constitucionales y compromisos internacionales con jerarquía constitucional. Esto redunda entonces en un deber por parte de quienes ejercen funciones jurisdiccionales para que la aplicación e interpretación teórica y normativa no consolide situaciones discriminatorias y tenga en consideración el efecto de las jerarquías de género en las dinámicas sociales.

Si no es correctamente ejercida, la labor jurisdiccional puede ser un factor de perpetuación de desigualdades. En primer lugar, porque puede ocultarlas bajo interpretaciones desconectadas de una adecuada perspectiva de género y, en ese sentido, afirmar normativamente una igualdad que en los hechos es negada. Por otro lado, porque al momento de juzgar puede asumir implícita o explícitamente estereotipos y prejuicios. En ese sentido, las personas encargadas de administrar justicia en tanto representantes de un poder del Estado, se ven alcanzadas por el deber de abstenerse de usar estereotipos o apoyar sus razonamientos en prejuicios vinculados a la condición de género, los cuales ocupan un lugar de especial atención para el derecho internacional de los derechos humanos.

—Respecto a los derechos que con jerarquía constitucional fueron incorporados hace 30 años en la reforma de 1994 ¿Qué desafíos encuentra para los tiempos que corren?

—La reforma de 1994 introdujo notabes cambios en nuestro ordenamiento normativo, no sólo en la incorporación de nuevos derechos, sino también en la creación de organismos de gobierno como la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, un Ministerio Público autónomo, etc. En relación con los nuevos derechos estableció el derecho al ambiente sano, los derechos para los consumidores, la protección de los datos personales, entre otros, destacándose la incorporación de los Tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Desde aquella reforma el problema ha pasado por las dificultades del sistema judicial para poder traducir esa enorme incorporación de derechos en medidas ejecutables que propendan a garantizar su efectiva vigencia.

El momento actual es especialmente preocupante, vemos un cuestionamiento muy fuerte a este marco constitucional protectorio de parte del gobierno nacional, desconociendo su carácter obligatorio y pretendiendo sustraer al Estado de la garantía de derechos básicos. Al mismo tiempo, se cuestiona el sistema republicano y la división de poderes, de modo que todo el marco constitucional es puesto en entredicho.

Por estas razones, creo que el principal desafío actual es poder construir un amplio espacio de defensa de la Constitución, compuesto por integrantes del poder judicial, colegios de abogadas y abogados, juristas de la academia, etc., que pueda contrapesar los ataques cotidianos a los derechos conquistados.

—Por último, ¿Qué iniciativas quisiera destacar en el marco de la gestión que lleva adelante en el Ministerio de Justicia y cuál es su balance respecto a la cobertura de vacantes judiciales?

—Respecto a las vacantes tenemos una situación crítica, que se viene generando desde hace años. Resolver este tema es, desde el primer día de mi gestión, una prioridad absoluta. El problema es integral y estamos abocados a cuestiones de organización judicial y también a lo vinculado a la modernización del sistema.

Hay varios componentes que motivan la llegada a esta situación, entre ellos, la pandemia, y la complejidad de la política en años electorales. Existen, además, problemas más coyunturales, como la sobrecarga de trabajo por las vacantes, y eso hace a la lentitud de los procesos. Tenemos focos puntuales, por ejemplo, en la Justicia de Familia, en la Civil. Un problema que está atado, también, a cuestiones presupuestarias. Cuesta mucho hacer grandes reformas en materia judicial, porque implican gran cantidad de presupuesto y hoy el gobierno nacional paralizó todas las obras y avances en materia judicial y de infraestructura que venía llevando el Gobernador con mucho esfuerzo.

Francamente no aportaría mucho seguir versando sobre aquello que no fue, sino que hemos decidido centrar todos los esfuerzos y arbitrar todo lo que tenemos que hacer para empezar a resolverlo. Y eso es lo que estamos haciendo, con los actores que intervienen, con mucho diálogo, trabajo, y la decisión política del gobernador Axel Kicillof de solucionar el problema. Con el trabajo legislativo pertinente, estoy convencido que vamos a resolver esta deuda pendiente que afecta al conjunto de las y los bonaerenses.

En torno a las iniciativas de gestión, estamos trabajando en un plan estratégico que tiene como finalidad establecer una justicia que resuelva los problemas de menor cuantía. Estoy obsesionado con que la gestión pública comience a profundizar la vocación en la resolución de los problemas cotidianos de la gente, recuperando el sentido de pertenencia del servidor público y haciendo eficiente los servicios que ofrece y de los cuales es responsable el Estado, pero de forma inteligente. Estoy convencido que debemos honrar la responsabilidad de la función pública, redoblar esfuerzos en tiempos de crisis y orientar los recursos que tenemos en soluciones que trasciendan la cuestión partidaria.

Si bien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos abraza cuestiones sensibles como el Servicio Penitenciario y el Patronato de Liberados tiene, asimismo, la conducción de la Escribanía General de Gobierno, la Dirección de Personerías Jurídicas de la provincia y el despliegue de políticas de Acceso a la Justicia, asistencia a la víctima y lucha contra la trata de personas (mientras que a nivel nacional se están cerrando las oficinas, en la provincia de Buenos Aires las estamos ampliando).También estamos planteando una intensa agenda de trabajo con temas específicos, por caso, la problemática del grooming y las estafas digitales, que en los últimos años han crecido de manera alarmante.

Vamos a profundizar el trabajo sobre delitos y conflictividades que se dan en los entornos digitales. Por eso vamos a relanzar el programa interministerial Cuidarnos en Red, con el que trabajamos políticas de cuidado y prevención de ciberestafas, grooming y violencia de género digital. En esa línea, hemos diseñado distintas herramientas para abordar estos temas con niños, niñas y adolescentes de distintas edades. Queremos distribuirlo en todas las escuelas de la provincia para que todos los equipos docentes cuenten con esta herramienta para trabajar la prevención en el aula.

También estamos trabajando de manera articulada con otros ministerios para unificar criterios de atención y garantizar el acceso a la justicia frente a los casos de delitos digitales. Creamos Guías de Actuación y estamos elaborando protocolos de atención para la línea 102, 144 y 148, junto con instancias de capacitación para los trabajadores y trabajadoras de estas áreas. En síntesis, vamos a trabajar para darle más llegada territorial al programa y para mejorar las respuestas estatales frente a estos delitos.

A su vez, trabajamos sobre la prevención y abordaje de otro tipo delitos y conflictos, a través de un nuevo programa, que consistirá en formar una red de operadores territoriales que puedan identificar e intervenir de manera temprana en ciertas conflictividades sociales que tienen lugar en los barrios. Elaboramos materiales didácticos para la intervención sobre este tema y para que sean distribuidos en todos los municipios de la provincia.

Podría extenderme mucho más, pero todo se sintetiza en que la orientación de la planificación en esta gestión del Ministerio está asociada, fundamentalmente, a pesar de todos los problemas estructurales y las deudas que tenemos en la materia, a trabajar fuertemente a favor de consolidar una justicia más cercana a las necesidades de las y los bonaerenses. A humanizar y trabajar con criterios colectivos y a no fomentar la cultura del sálvese quien pueda, que es una de las causas centrales de los problemas que tenemos. No, no hay salvadores, ni grandes ministros, ni mucho menos mesías. Con unidad, con trabajo, con sentido colectivo, vamos a construir una justicia mejor, entre todos y para todos y todas.

—Muchas gracias Ministro Juan Martín Mena.

—Mi agradecimiento hacia ustedes, ha sido un placer.