Resumen: El presente trabajo examina los principales desafíos de la Universidad de cara al futuro en términos de inclusión, calidad académica y vinculación con la sociedad, a partir de una reconstrucción de experiencias pasadas que permiten analizar su impacto social en el presente y, sobre esa base, proyectar líneas de acción para su fortalecimiento institucional.

En los últimos años, la Universidad pública argentina ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate público. El sentido de su acción, que combina la influencia de su modelo de gestión y formación con el alcance de su ideario de movilidad social ascendente, fue interpelado desde el sistema político. Nuestra comunidad universitaria se vio obligada a enfrentar una inédita disputa por la legitimidad de los intereses que representa.

Por ser parte activa de la sociedad, esta discusión no la damos en soledad. Desde comienzos de 2024, cientos de miles de argentinos marcharon masivamente en todo el país (Micheletto, 2024) para exigir que se atienda la emergencia presupuestaria consecuencia de la fuerte devaluación de fines de 2023. El recorte, expresado como síntoma de una decisión de reducir la capacidad de funcionamiento de las instituciones, provocó la reacción de todos los que forman parte de la comunidad y que entienden la importancia del aporte que las universidades realizan, tanto en calidad del conocimiento como en compromiso con los territorios donde desarrollan su actividad.

Lejos de tratarse de una discusión exclusivamente presupuestaria, es el sistema en su conjunto el que ha sido puesto en cuestionamiento. Igualmente, con él, su sentido histórico y su proyección futura. Si bien puede pensarse que la lucha para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada, sostenida y ratificada por el Congreso es coyuntural y se resolverá con fuertes impactos para los actores involucrados, estamos obligados a realizar una reflexión que se extienda más allá de los límites del contexto político y económico. Esta acción nos permitirá efectuar una defensa que no se agote en los límites financieros del funcionamiento.

Atravesamos un contexto de transformaciones económicas, tensiones partidarias y cambios culturales profundos. Así, la Universidad aparece interpelada desde múltiples frentes: por su eficiencia, por su vínculo con el mundo del trabajo, por la calidad de sus egresados y, en algunos discursos, incluso por su propia razón de ser como destinataria y artífice de políticas públicas.

Más allá del clima de época que los pone en primer plano, estos cuestionamientos no son homogéneos ni necesariamente novedosos. Sin embargo, adquieren una densidad particular en un tiempo marcado por la inmediatez, la fragmentación del debate público y la creciente influencia de narrativas que tienden a simplificar fenómenos complejos. En ese marco, la Universidad pública es frecuentemente reducida a indicadores cuantitativos, como las tasas de graduación, la duración de las carreras, la inserción laboral de sus egresados, que, si bien son relevantes, resultan insuficientes para dar cuenta de su verdadero impacto social. Por eso, es necesario dar juntas ambas discusiones, comprendiendo el sentido de la acción realizada y su importancia en el desarrollo del país.

La imagen de la Universidad se ve tensionada entre dos representaciones contrapuestas. Por un lado, persiste una valoración positiva ampliamente extendida en la sociedad,^[2] que la reconoce como un espacio de movilidad social ascendente, producción de conocimiento y construcción de ciudadanía. Por otro, emergen discursos que, desde una mirada sesgada, la describen como una institución ineficiente; mientras que otros, al reducir el debate a interpretaciones político-partidarias, la acusan de estar capturada por intereses sectoriales.

Esta disputa por el sentido representa un aspecto central del debate. En ella se define no solo la percepción pública de la Universidad, sino también las condiciones materiales y simbólicas para su funcionamiento. A partir de estas condiciones, la pregunta de fondo es cómo articular en un mismo diálogo las diversas dimensiones que configuran nuestras instituciones: su historia, las funciones que se les han otorgado, las necesidades de la sociedad y las expectativas que sobre ellas recaen.

La Universidad pública argentina no es una institución homogénea ni estática. En su crecimiento y su consolidación aparecen las huellas de numerosas luchas políticas y sociales. De tensiones expresadas en su origen, de demandas contenidas en políticas públicas efectivas, de la capacidad de un sistema de articular saberes con las comunidades en donde su actividad está reflejada y contenida. Su identidad es el resultado de un proceso histórico complejo, atravesado por hitos fundacionales, conflictos y transformaciones que han dejado marcas profundas en su configuración actual.

Pablo Buchbinder, en sus últimos trabajos, caracteriza el sistema universitario argentino y analiza sus transformaciones. Según el autor, existen tendencias estructurales que los distintos gobiernos y legislaciones sobre el tema no han logrado revertir: “altas tasas de deserción, concentración de la matrícula en carreras profesionalistas, predominio de profesores con dedicación parcial y débil inserción de la función de investigación” (Buchbinder, 2020, p. 59). Estas características representan deudas que es necesario asumir con planificación y mayor discusión de los actores involucrados.

Estos elementos que surgen del análisis actual deben vincularse con los hitos identitarios que definen nuestro sistema, para entender cuál es la dimensión de las deudas y cuál la de los aportes y conquistas. El primer acto lo encontramos en la reforma universitaria de 1918. Este acontecimiento redefinió la estructura de gobierno de las universidades, incorporando principios como la autonomía, el cogobierno y la extensión universitaria, y también instaló una concepción de la Universidad como actor social comprometido con su tiempo. La reforma proyectó una idea de Universidad abierta, crítica y vinculada con las demandas de la sociedad, que trascendió las fronteras nacionales y se convirtió en referencia para toda América Latina.

El otro elemento central, para pensar en los aportes, se encuentra en el hito histórico de la gratuidad universitaria, consagrada por el Decreto 29.337/49 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Este principio consolidó la Universidad como un derecho y no como un privilegio, ampliando de manera significativa el acceso a sectores históricamente excluidos. La gratuidad transformó la composición social del estudiantado y redefinió el sentido mismo de la institución, vinculado de manera directa con la igualdad de oportunidades, la justicia social y el desarrollo de la nación.

Además, la identidad de la Universidad pública también está atravesada por experiencias traumáticas. La última dictadura cívico-militar implicó persecución, censura, expulsión de docentes, nodocentes y estudiantes, y una profunda desarticulación del sistema universitario en dolorosa consonancia con lo que sucedía con el institucional y el productivo. Este período dejó huellas persistentes en la memoria colectiva, reforzando el compromiso de la Universidad con la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad académica.

En las décadas posteriores, particularmente a partir de los años noventa, la Universidad se vio interpelada por discursos de corte neoliberal que promovieron su evaluación bajo criterios de competitividad y adecuación al mercado.

Como describen Buchbinder y Marquina (2008), los principales rasgos de las políticas llevadas adelante durante la dictadura, la transición democrática y la década del noventa se cristalizan en una serie de cambios en las leyes que rigen la vida universitaria, particularmente la sanción de la Ley de Educación Superior en 1995.

Si bien estos enfoques introdujeron debates necesarios sobre la calidad y la gestión, también tendieron a reducir la complejidad de la función universitaria, subordinando su misión social a lógicas instrumentales. Este discurso neoliberal se revitaliza en estos tiempos, llevando la discusión al terreno del beneficio individual inmediato. Su vigencia nos invita a pensar en cuánto de novedoso u original tiene el ciclo político actual.

Frente a este escenario, la Universidad pública asume el desafío de construir una narrativa propia que responda a los cuestionamientos externos y reafirme su sentido histórico y su proyección colectiva. En este punto, una de las claves radica en la construcción y defensa de una identidad institucional que ponga en valor lo colectivo en un contexto cultural crecientemente orientado al individualismo.

Desde la identidad universitaria se revaloriza el carácter común de los logros individuales. Cada graduado no es únicamente el resultado de su esfuerzo individual, sino también de una política pública sostenida en el tiempo, de una comunidad académica que produce conocimiento y de una institución que articula saberes con el entorno social y productivo.

Poner el acento en lo colectivo implica también destacar dimensiones que muchas veces quedan relegadas en el debate público: la generación de conocimiento científico, la transferencia tecnológica, la extensión universitaria y la atención de problemáticas locales. Las universidades formamos profesionales, producimos saberes estratégicos, contribuimos al desarrollo económico y social y, de esta forma, nos convertimos en actores clave de nuestros territorios.

Por otro lado, la construcción de esta identidad se refleja en espacios de articulación interuniversitaria colectiva. La experiencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) constituye un ejemplo significativo en este sentido. A través de este ámbito, las universidades hemos logrado coordinar políticas, compartir diagnósticos y construir consensos en la diversidad propia del sistema, demostrando que es posible sostener una agenda común sin anular las particularidades de cada institución.

Este aprendizaje resulta relevante en un contexto donde la fragmentación tiende a debilitar las capacidades de acción colectiva. La gestión compartida, el diálogo institucional y la búsqueda de acuerdos se presentan como herramientas indispensables para fortalecer el sistema universitario en su conjunto.

En definitiva, la respuesta a los desafíos actuales no radica en abandonar las tradiciones que dieron origen a la Universidad pública, sino en resignificarlas. Recuperar el espíritu fundante, reafirmar el principio de gratuidad, sostener el compromiso con la democracia y los derechos humanos, y, al mismo tiempo, proyectar una identidad que dialogue con las demandas contemporáneas.

A partir de la experiencia, creemos que el desafío es gestionar para transformar: generar insumos y modelos para una nueva institucionalidad. Somos ese lugar en que el Estado tiene una representación virtuosa que simboliza, a partir del 80 % de estudiantes de primera generación que forman parte de nuestras aulas, un modelo en que a través de la educación pública y gratuita se conquista la movilidad social ascendente. Por eso, la propuesta debe partir desde esa bandera de inclusión y crecimiento para la comunidad.

Pensar estas dimensiones significa construir junto a la sociedad una idea de desarrollo para el sector productivo que siente las bases de un país con trabajo y con integración, desde el conocimiento y desde la técnica.

Tenemos en nuestras manos la herramienta para lograr este objetivo. Debemos seguir fomentando y fortaleciendo una de las misiones esenciales de la Universidad pública: el desarrollo de la ciencia y la técnica con el acento puesto en la transferencia, atendiendo a las problemáticas que nos interpelan desde el territorio del que formamos parte.

Todo esto, sin ignorar las otras funciones que nuestra historia y nuestra tradición nos encomiendan: la formación y la extensión. Sobre esta última ha quedado demostrado que la Universidad pública trabaja para transferir conocimientos y retribuir a la sociedad a través de programas que asisten y atienden a las problemáticas actuales: desde hospitales universitarios y programas de salud hasta asesoramiento jurídico y administrativo a emprendimientos familiares; desde adecuación de maquinaria industrial hasta capacitación en distintas áreas específicas.

Estas tareas, que algunos consideran que exceden nuestro rol, constituyen en realidad parte fundante de nuestra esencia: formar profesionales comprometidos. El paso por las aulas no debe reducirse a la adquisición de competencias que permitan ejercer una profesión. Por historia, por identidad y por visión de futuro, seguiremos educando para que la Universidad sea un sueño al alcance de todos y para que cada realización individual contribuya al crecimiento conjunto.

Por una Universidad pública al servicio de un modelo de país, que otorgue posibilidades reales de inclusión y desarrollo a cada uno de sus habitantes, entendidos como una comunidad.

BUCHBINDER, P. (2020). El sistema universitario argentino: una lectura de sus transformaciones en el largo plazo (1983-2015). Revista de Educación Superior, 193(49). https://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v49n193/0185-2760-resu-49-193-45.pdf.

BUCHBINDER, P. y MARQUINA, M. (2008). Masividad, heterogeneidad y fragmentación. El sistema universitario argentino 1983-2007.Universidad Nacional de General Sarmiento.

MICHELETTO, K. (24 de abril de 2024). Como un mundial por la educación pública. Página/12. https://www.pagina12.com.ar/731331-como-un-mundial-por-la-educacion-publica/.

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Revista Jurídica Universidad Nacional del Oeste . Número 7. Editada entre enero y junio del año 2025. Periodicidad semestral.

Editorial EDUNO de la Universidad Nacional del Oeste.Realizada en el marco del Instituto de Educación, Justicia y Trabajo de la Universidad Nacional del Oeste

[1] Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Consejero de la Magistratura de la Nación en representación del ámbito científico y académico. Abogado (UNLZ). Profesor titular de Derecho Político(UNLZ). Director del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

[2]Véase: https://www.lanacion.com.ar/politica/las-universidades-publicas-son-la-institucion-que-mas-confianza-genera-en-los-argentinos-segun-una-nid24042024/.