–Estimado Dr. Ramos Padilla, agradecemos especialmente su participación en la presente edición^[2]. En atención a su trayectoria y su desempeño como juez con competencia electoral, quisiéramos consultarle cuál considera que es, en el contexto actual, el principal desafío que enfrenta la Justicia Electoral en la Argentina.

–Los desafíos que enfrenta la Justicia Electoral en Argentina son muchos, pero podríamos sintetizarlos por una novedad que nos presenta nuestra época a nivel global: han aumentado los riesgos de deslegitimación del proceso democrático. Hay una serie de fenómenos que quizás estaban presentes en otras épocas y que van desde el aumento del ausentismo electoral o la aparición de liderazgos políticos que persiguen la libre opinión o ponen en cuestión la relevancia de la democracia, hasta el cuestionamiento de los resultados de las elecciones y las denuncias de fraude electoral. Sin embargo, el contexto actual muestra estos fenómenos dándose conjuntamente y potenciados por la velocidad y viralidad que las nuevas tecnologías le dan a la circulación de información. Pensemos, por ejemplo, en las dificultades recientes para garantizar la legitimidad de los resultados electorales en Honduras, lo que desembocó en la asunción del actual presidente Nasry Asfura.

En este escenario, la Justicia electoral enfrenta un desafío complejo: garantizar la transparencia y la integridad de los procesos electorales sin afectar derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión. La desinformación puede erosionar la confianza pública en los resultados, alterar la percepción social sobre la legitimidad del sistema y alimentar discursos que buscan desestabilizar instituciones democráticas.

Este fuero especial y los propios Estados nación tienen limitaciones para impedir campañas masivas de desinformación en contextos electorales, en las que intervienen actores que tienen cierta autonomía con respecto a los poderes judiciales nacionales y presupuestos mayores a los de las instituciones estatales, como son las plataformas digitales. Muchas veces, los intereses de estos actores entran en tensión con los derechos y garantías que deben tutelar los Estados en contextos electorales, como pasó en Brasil o en Francia.

Por eso, el problema no puede abordarse únicamente como una cuestión tecnológica o comunicacional. Es, ante todo, un problema político y jurídico: exige fortalecer los mecanismos institucionales de control, mejorar la información pública disponible y promover condiciones de mayor equidad y claridad en la competencia electoral, sin caer en respuestas que impliquen censura o restricción arbitraria del debate democrático.

–En un escenario marcado por la creciente desinformación y el uso intensivo de plataformas digitales, ¿qué exigencias concretas se le plantean hoy a la Justicia Electoral para garantizar la transparencia y la equidad de los procesos electorales?

–Las innovaciones tecnológicas han amplificado las vulnerabilidades del procedimiento democrático. La circulación masiva y a gran velocidad de distintas formas de desinformación –como las fake news, los cheapfakes o los deepfakes– contamina la conversación pública y la deliberación informada, y acrecienta los riesgos en el proceso de formación del voto. Basta pensar en la facilidad con que hoy se producen y difunden imágenes o videos diseñados o alterados digitalmente para simular hechos o declaraciones de dirigentes políticos de manera cada vez más verosímil.

Este fenómeno plantea un desafío especialmente delicado: la Justicia Electoral puede verse obligada a intervenir para prevenir manipulaciones del voto, pero debe hacerlo garantizando al mismo tiempo los derechos de las personas candidatas y, en particular, el derecho fundamental a la libertad de expresión. Ese es el núcleo problemático del contexto actual: cómo asegurar transparencia y equidad sin caer en respuestas que terminen afectando derechos democráticos básicos.

En la Argentina, la normativa vinculada a este problema todavía se encuentra poco desarrollada. Su tratamiento depende, en gran medida, de la articulación entre instrumentos jurídicos internacionales que complementan el sistema normativo nacional –como convenciones y declaraciones conjuntas–, normas nacionales –como el Código Electoral Nacional, legislaciones provinciales aplicables a instancias subnacionales– y la jurisprudencia construida a partir de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional Electoral.

Por ello resulta relevante observar experiencias comparadas en otros países y regiones –como Brasil, la Unión Europea o Estados Unidos– para analizar modelos de intervención posibles frente a esta problemática y pensar qué innovaciones podrían incorporarse en nuestro plexo normativo o qué herramientas vigentes podrían utilizarse de manera más eficaz. En este sentido, por ejemplo, podrían explorarse mecanismos como las acciones autosatisfactivas o la figura del habeas data, que permitirían a partidos políticos y personas candidatas rectificar información inexacta difundida en redes sociales.

De todos modos, no debe entenderse a la Justicia Electoral como un “paladín de la verdad”, encargado de determinar qué información es verdadera y cuál es falsa. Su función es, ante todo, garantizar derechos electorales. Por eso, la articulación con instituciones como las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al chequeo de datos y las universidades, por su capacidad técnica y logística y su presencia territorial, puede contribuir a fortalecer la transparencia del proceso electoral.

Finalmente, también resulta clave el compromiso explícito de las fuerzas políticas, los medios de comunicación y las plataformas digitales para responder frente a hechos de desinformación maliciosa en contextos electorales. En nuestro país, por ejemplo, existe un Compromiso Ético Digital, impulsado por la Cámara Nacional Electoral, orientado a garantizar la libertad de expresión y promover un uso responsable de las tecnologías de la información, al que los distintos actores pueden adherir.

–¿Cómo evalúa el impacto de las nuevas tecnologías y de la digitalización de los procesos electorales en términos de garantías democráticas y control judicial?

–Las nuevas tecnologías y la digitalización de los procesos electorales pueden contribuir positivamente a la organización de los comicios. En particular, permiten mejorar la logística, reducir plazos de organización y escrutinio, y reforzar mecanismos de control y transparencia. Así, hemos desarrollado experiencias como el chip para seguimiento de bolsines de casos testigos en elecciones, la transmisión en vivo del escrutinio o las capacitaciones virtuales a autoridades de mesa. Las nuevas tecnologías también pueden ayudar en la divulgación de información electoral y la transmisión y visualización de resultados.

Sin embargo, más allá de su uso en la Administración electoral, las nuevas tecnologías también impactan de manera directa en la vida democrática. Su utilización no es inocua, ni garantiza por sí misma el respeto a las garantías constitucionales. Por el contrario, puede introducir nuevos riesgos, aumentar la vulnerabilidad del proceso y acelerar dinámicas que afectan la confianza pública. Por ello, el Estado, y en particular la Justicia Electoral, deben actualizar sus recursos logísticos y normativos para no quedar rezagados frente a un fenómeno cuya característica principal es la masividad y la velocidad.

–En los debates recientes sobre reformas electorales, ¿qué aspectos considera prioritario preservar para evitar retrocesos en materia de derechos políticos?

– Es una buena pregunta, porque hay muchos aspectos del sistema electoral que deben preservarse para evitar retrocesos en materia de derechos políticos. Sin embargo, también es importante no partir de una posición excesivamente conservadora, que rechace de plano innovaciones que podrían mejorar el funcionamiento del sistema. El desafío es distinguir entre reformas que amplían derechos y fortalecen garantías y reformas que, en nombre de la eficiencia o la modernización, terminan debilitando la equidad o la representación.

Un elemento prioritario para preservar es el sistema de financiamiento mixto de las campañas electorales. Este año se cumplen veinte años de la sanción de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y su lógica sigue siendo fundamental: garantizar que la competencia electoral no se vuelva inviable por las desigualdades de recursos entre fuerzas políticas. No se trata de un igualitarismo extremo ni de que todos los partidos cuenten con los mismos fondos, sino de asegurar un piso mínimo de equidad mediante el aporte público, y un techo razonable a través de la regulación de los aportes privados, limitando la influencia del lobby.

Cuando estos límites no existen o son débiles, como ocurre en algunos casos en Estados Unidos, grandes actores económicos pueden financiar campañas con montos desproporcionados, generando ventajas decisivas en la competencia. Ese poder económico suele traducirse luego en capacidad de presión sobre la política y en pedidos de favores, lo que deteriora la legitimidad democrática.

Otro aspecto importante para preservar –y que en los debates recientes ha sido fuertemente cuestionado– es el uso de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Si bien es razonable discutir su reforma y mejorar su funcionamiento, ampliar a toda la ciudadanía la posibilidad de incidir en la definición de candidaturas constituye un paso relevante en términos de democratización. Existen propuestas para perfeccionarlas, estableciendo que la obligatoriedad recaiga sobre los partidos y no sobre los electores, o garantizando mayor representación de minorías internas mediante mecanismos proporcionales, como el sistema D’Hondt.

Finalmente, también resulta necesario repensar el esquema de financiamiento partidario en relación con las PASO, ya que se han registrado abusos vinculados al uso de aportes públicos para la impresión de boletas. En suma, preservar derechos políticos implica sostener reglas que aseguren equidad en la competencia y participación ciudadana real, al mismo tiempo que se corrigen distorsiones y se modernizan mecanismos sin retrocesos institucionales.

–Atento a que, a fines del año pasado, usted presentó en nuestra Universidad, con auditorio completo, su libro Recuperar Malvinas, una obra construida sobre la base de documentos militares, periodísticos, jurídicos y testimoniales, así como de su propia experiencia como abogado de excombatientes, nos gustaría aprovechar esta ocasión para consultarle sobre los ejes centrales de la obra. En ese marco, ¿de qué manera dialoga su libro con las estrategias históricas que la Argentina ha desarrollado en el plano diplomático y jurídico respecto de la causa Malvinas?

–Mi libro dialoga con las estrategias históricas que la Argentina ha desarrollado en el plano diplomático y jurídico respecto de Malvinas, pero lo hace a partir de una distinción previa que considero indispensable para ordenar el debate: no es lo mismo la “cuestión Malvinas” que la “causa Malvinas”. La cuestión Malvinas refiere al conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, un conflicto que se inicia con las protestas diplomáticas posteriores a la ocupación británica del 3 de enero de 1833 y que se consolidó en el plano internacional con la Resolución 2065 de Naciones Unidas, sancionada durante el gobierno de Arturo Illia, que reconoció la existencia de la disputa e invitó a ambas partes a negociar una solución pacífica.

El eje central del libro, en cambio, está puesto en la causa Malvinas, entendida como una construcción cultural, política y simbólica que excede los argumentos históricos y jurídicos del reclamo soberano. Malvinas se vuelve un símbolo en el que convergen múltiples dimensiones: la denuncia del colonialismo y el saqueo de recursos naturales, el reclamo de unidad nacional, la crítica a los gobiernos entreguistas o, incluso, el uso instrumental de la causa para sostener gobiernos en decadencia. Por eso, mi trabajo no se limita a reconstruir linealmente el expediente diplomático, sino que se concentra en las disputas históricas por interpretar la causa Malvinas, y especialmente en la batalla cultural y política que se desplegó después de la guerra de 1982.

En ese marco, la pregunta de fondo no es solo qué argumentos sostienen la soberanía argentina, sino qué sentidos se construyeron alrededor de Malvinas, quiénes intentaron hegemonizar esa causa y con qué objetivos. Allí identifico tres grandes ideologías que históricamente abordaron Malvinas desde ópticas opuestas: el liberalismo, el nacionalismo autoritario y el nacionalismo democrático.

La perspectiva liberal tendió a priorizar la relación económica con el Reino Unido y adoptó una política de relativo desinterés frente al reclamo soberano, considerando Malvinas un tema secundario frente a los vínculos comerciales y financieros con la potencia colonial. En segundo lugar, el nacionalismo autoritario se presenta como antiimperialista en el plano retórico y denuncia el colonialismo británico, pero al mismo tiempo reivindica los golpes de Estado, la doctrina de seguridad nacional y el desempeño de las Fuerzas Armadas durante el siglo XX. Desde esa mirada, Malvinas funciona como un eje de legitimación militarista: una causa nacional que puede justificar el autoritarismo interno e incluso operar como herramienta para reclamar impunidad. Por último, el nacionalismo democrático también sostiene una postura crítica del imperialismo británico, pero incorpora una mirada igualmente crítica sobre la actuación de las Fuerzas Armadas. En este enfoque, Malvinas no se entiende como una gesta que redime a los militares, sino como una causa soberana que debe inscribirse en un proyecto de democracia, memoria, justicia y derechos humanos.

El libro muestra, así, cómo en distintos momentos la causa Malvinas fue utilizada con fines contradictorios. La dictadura, que logró un amplio respaldo popular cuando anunció la recuperación de las islas en 1982 y la presentó como una gesta nacional, impulsó la desmalvinización apenas finalizado el conflicto. Los militares advirtieron rápidamente la necesidad de que Malvinas y derechos humanos no se asociaran, y lograron imponer durante un tiempo esa separación, acallando voces y testimonios que denunciaban torturas y abusos perpetrados contra los propios soldados.

Allí aparece una dificultad estructural: mientras la causa Malvinas se presentaba como bandera patriótica y heroica, el campo de los derechos humanos estaba centrado en denunciar el terrorismo de Estado. La guerra fue inicialmente leída bajo el relato hegemónico de la dictadura, donde solo parecía posible destacar el valor de los soldados y construir una narrativa épica, sin espacio para discutir la desidia, los vejámenes ni las políticas de ocultamiento. Uno de los objetivos centrales del libro fue precisamente documentar las estrategias que intentaron sostener esa separación y explicar las dificultades que enfrentaron los excombatientes para integrar la causa Malvinas al campo de los derechos humanos.

Con el paso del tiempo, muchos excombatientes –que durante décadas fueron erróneamente asimilados a los militares golpistas y quedaron aislados del movimiento de derechos humanos– comenzaron a denunciar la desmalvinización, la entrega de recursos naturales, y a exigir justicia. En ese proceso, la causa Malvinas dejó de ser solo una narrativa épica para convertirse en un reclamo político y social vinculado a Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía. Ese giro es decisivo: Malvinas puede y debe formar parte del campo de los derechos humanos, no como negación del reclamo soberano, sino como su profundización democrática. La soberanía no se reduce al territorio: también incluye el modo en que el Estado trata a sus ciudadanos y cómo se hace cargo de la violencia ejercida, incluso en el marco de una guerra.

–¿Qué rol cree que deben asumir las universidades y el sistema educativo en general en la construcción de una conciencia crítica y sostenida sobre la causa Malvinas?

–Las universidades y el sistema educativo en general tienen un rol central en la construcción de una conciencia crítica sobre la causa Malvinas. De hecho, la causa comenzó a consolidarse como un sentimiento compartido por amplios sectores del pueblo argentino cuando ingresó de manera sistemática en la educación. Ese proceso se profundizó especialmente a partir de la década de 1930, cuando figuras como Alfredo Palacios impulsaron políticas concretas para que Malvinas dejara de ser un asunto marginal y pasara a formar parte del conocimiento común: no solo como un reclamo diplomático, sino como un tema de enseñanza, discusión y conciencia histórica.

En ese sentido, el desafío actual no es únicamente “enseñar Malvinas”, sino hacerlo desde una perspectiva crítica y democrática. Esto es indispensable, porque durante décadas se impuso una lectura hegemónica, construida desde un nacionalismo autoritario, que redujo el conflicto a una gesta y a los soldados a una figura heroica abstracta. Esa visión suele omitir que la guerra fue decidida por una dictadura en retirada, que hubo desidia criminal en la conducción y que numerosos soldados fueron sometidos a torturas, vejámenes, hambre y castigos por parte de sus propios superiores.

Por eso, el rol de la universidad y de la escuela no puede limitarse a reproducir un relato épico ni a transmitir símbolos patrióticos. Su función debe ser formar una conciencia sostenida sobre Malvinas que articule soberanía con democracia, memoria y derechos humanos. Esta causa no se defiende ocultando lo ocurrido, sino comprendiendo su complejidad histórica, denunciando el colonialismo británico, pero también reconociendo las responsabilidades internas y garantizando verdad y justicia para quienes combatieron.

–Por último, no queríamos culminar sin antes consultarle qué reflexión le gustaría dejar a las nuevas generaciones respecto del significado político, histórico y simbólico de Malvinas para la democracia argentina.

–A las nuevas generaciones me gustaría dejarles una idea central: Malvinas no es solo un territorio en disputa ni un episodio del pasado. Es una causa que condensa buena parte de nuestra historia política, de nuestras tensiones como sociedad, y que todavía sigue interpelando el presente y el futuro de la democracia argentina.

En primer lugar, porque expresa uno de los pocos casos de colonialismo que persisten en pleno siglo XXI. El desafío del Estado argentino es sostener un reclamo legítimo y pacífico frente a una potencia que ha reforzado su presencia militar y ha profundizado la explotación de los recursos del Atlántico Sur –pesca, hidrocarburos, minerales– y el control estratégico de una zona que es una puerta de entrada a la Antártida.

Pero, además, Malvinas tiene un significado decisivo para nuestra democracia por una paradoja histórica: la guerra fue impulsada por una dictadura en retirada como un intento de recuperar legitimidad. Sin embargo, la derrota aceleró el derrumbe del régimen y abrió el camino hacia el retorno democrático. Por eso, la causa Malvinas solo puede sostenerse plenamente desde una perspectiva democrática: con Memoria, con Verdad, con Justicia y con Soberanía. No hay defensa real de Malvinas si se la separa del compromiso con los derechos humanos.

–Dr. Ramos Padilla, le agradecemos profundamente por su valioso tiempo y su disposición para conversar sobre estos temas tan relevantes y actuales.

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Revista Jurídica Universidad Nacional del Oeste . Número 7. Editada entre enero y junio del Año 2025. Periodicidad semestral.

Editorial EDUNO de la Universidad Nacional del Oeste.Realizada en el marco del Instituto de Educación, Justicia y Trabajo de la Universidad Nacional del Oeste

[1] Abogado. Doctor en Derechos Humanos. Magíster en Derechos Fundamentales. Especialista en Administración de Justicia. Docente (Universidad de Buenos Aires). Desde 2021 se desempeña como juez federal de La Plata, luego de haber ejercido durante diez años como juez federal en Dolores. Dirige la Especialización en Derecho Electoral y Democracia (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata) y la Diplomatura en Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad (Universidad Atlántida). Fue abogado de Chicha Mariani y de Alfredo Bravo. Participó en los juicios por la verdad y en causas emblemáticas por delitos de lesa humanidad, entre ellas, las seguidas contra Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich y Jorge Rafael Videla. Impulsó el enjuiciamiento y la condena de funcionarios civiles que actuaron durante la dictadura. Intervino en el proceso que determinó el plan sistemático de robo de bebés. Patrocinó a excombatientes de Malvinas, promoviendo la identificación de soldados enterrados como N.N. en el Cementerio de Darwin.