Agradezco profundamente la invitación a prologar una nueva edición de la Revista Jurídica, publicación del Instituto de Educación, Justicia y Trabajo de la Universidad Nacional del Oeste.

Presento aquí el sexto número de esta publicación, la cual, semestre a semestre, ha crecido en relevancia en el debate jurídico de nuestro país y la región, y que ha merecido ser declarada de interés legislativo por el Honorable Senado y por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, así como de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Merlo.

El tema escogido para esta entrega son las cuestiones de derecho público. Celebro la elección de esta materia, la cual demanda un análisis profundo y reflexivo. Hay que tener en cuenta que el derecho público constituye el cimiento sobre el cual se construye la convivencia en democracia, y se busca el equilibrio necesario entre el ejercicio de la autoridad estatal y la salvaguarda de los derechos y garantías de los ciudadanos. Así, es un acierto la elección del tema, pues el derecho público –y especialmente el derecho administrativo– ha experimentado numerosos cambios en los últimos años.

Aquí me quiero limitar a mencionar la importancia del principio de juridicidad en la delimitación de las competencias estatales y los derechos individuales. En este sentido, la Corte Suprema ha resaltado que, en el marco de un sistema republicano de gobierno, las competencias de las autoridades públicas se caracterizan por ser un poder esencialmente limitado, sometido a la juridicidad y a la razonabilidad constitucional (arts. 1.º, 19 y 28 de la Constitución nacional).^[2] Así, el principio de juridicidad impone que el obrar de la Administración pública se encuentre incondicionalmente sujeto al ordenamiento jurídico, no solo comprensivo de la ley en sentido estricto, sino de todo el sistema jurídico. Si bien este principio de juridicidad ya tenía reconocimiento en la jurisprudencia y en la doctrina, recientemente el legislador lo ha contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que constituye un acierto.

Uno de los ejes centrales que el lector encontrará en estas páginas aborda la arquitectura institucional y las tensiones dentro del sistema constitucional. Se exploran las implicancias de los decretos de necesidad y urgencia, los conflictos de poderes y, desde el punto de vista de la organización territorial del poder, la autonomía municipal, elementos todos ellos cruciales para entender el funcionamiento de nuestra república.

También en este número se discute la protección efectiva de los derechos. En este sentido, se aborda la cuestión desde el análisis de la jurisdicción y el proceso, la tutela judicial efectiva y los procesos relativos a delitos de lesa humanidad.

La irrupción de la tecnología en el ámbito del derecho público ocupa también un lugar destacado en esta edición. Las contribuciones analizan la integración de la inteligencia artificial tanto en los marcos constitucionales como en la labor parlamentaria, sumada al concepto emergente de soberanía digital.

La revista también aborda temas trascendentes y actuales, y no solo tiene en cuenta la perspectiva local, sino que asimismo recoge experiencias del derecho comparado que invitan a reflexionar y repensar el modo en que concebimos nuestro derecho.

Quiero felicitar enormemente a todo el equipo editorial, pues con su labor seria y cuidadosa han logrado un estupendo trabajo.

Los invito cordialmente a sumergirse en la lectura de la Revista Jurídica. Con seguridad, estas páginas no solo servirán para nutrirse de conocimientos, sino que suscitarán pensamientos y actuarán como un disparador para la reflexión crítica. No tengo dudas de que este número contribuirá sustancialmente al desarrollo de un derecho público que responda con justicia a los complejos desafíos de nuestro tiempo.

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Revista Jurídica Universidad Nacional del Oeste . Número 7. Editada entre enero y junio del Año 2025. Periodicidad semestral.

Editorial EDUNO de la Universidad Nacional del Oeste.Realizada en el marco del Instituto de Educación, Justicia y Trabajo de la Universidad Nacional del Oeste

[1] Abogado (Universidad de Buenos Aires). Magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos (UBA). Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Profesor titular de Derecho Administrativo (Universidad Nacional de Lomas de Zamora).

[2] CSJN, “Cantaluppi, Santiago y otro s/ acción de inconstitucionalidad”, 2 de julio de 2024, CSJ 002808/2021/RH001, fallos 347:653,; “Edenor S.A. y otro c/ Buenos Aires, provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 20 de septiembre de 2022, E. 380, XXXIX, ORI, fallos 345:951,; “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y daños y perjuicios”, 18 de noviembre de 2021, C. 3162, Xl, ORI, fallos 344:3476.