Resumen: Este artículo analiza el estado actual de adopción de la inteligencia artificial en los Parlamentos a nivel global y en Argentina. Metodológicamente, se examinan las tecnologías aplicables al entorno legislativo y se realiza un estudio comparado de experiencias de implementación institucional. Los resultados muestran que, mientras algunos países poseen sistemas avanzados, en otros la incorporación es incipiente. El uso institucional de la IA convive con un uso individual, que en la mayoría de los casos no está protocolizado. Se concluye que la implementación conlleva riesgos técnicos, éticos y democráticos. Su mitigación o prevención mediante lineamientos específicos es fundamental para garantizar que estas herramientas fortalezcan la calidad legislativa sin comprometer la prevalencia del juicio humano ni la legitimidad institucional.

Palabras clave: inteligencia artificial, Parlamentos, calidad legislativa, tecnología parlamentaria

Abstract: This article analyzes the current state of adoption of artificial Intelligence in Parliaments globally and in Argentina. Methodologically, the technologies applicable to the legislative environment are examined, and a comparative study of institutional implementation experiences is conducted. The results show that while some countries possess advanced systems, in others the incorporation is incipient. The institutional use of AI coexists with individual use, which in most cases is unprotocolized. It is concluded that the implementation entails technical, ethical, and democratic risks. Their mitigation or prevention through specific guidelines is essential to ensure that these tools strengthen legislative quality without compromising the prevalence of human judgment or institutional legitimacy.

Keywords: artificial intelligence, Parliaments, legislative quality, parliamentary technology

La incorporación de la informática y las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito legislativo ha modificado sustancialmente la forma en que se elaboran las normas y se desarrolla la actividad parlamentaria (Cabrera Pantoja, 2020). El proceso de modernización tecnológica ha evolucionado paulatinamente hasta el punto en que la informática es reconocida como un recurso fundamental para mejorar la calidad en el ejercicio de la función legislativa. La capacidad para obtener, procesar y comunicar información de manera eficiente depende hoy, en gran medida, de la correcta elección e implementación de recursos tecnológicos (Bichachi, 2017; Svetaz, 2005).

En este escenario de evolución digital continua, la inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías más disruptivas de la historia (Corvalán, 2023). Su carácter transversal le permite proponer soluciones en prácticamente todas las actividades humanas (Danesi, 2020), y los Parlamentos no son la excepción. Como instituciones centrales de la democracia representativa, los órganos legislativos enfrentan el desafío y la oportunidad de integrar la IA para fortalecer su labor. La creciente complejidad de las sociedades contemporáneas, el volumen exponencial de información que deben manejar y la constante demanda ciudadana de mayor transparencia y eficiencia son argumentos de peso para explorar estas herramientas.

La calidad legislativa es un presupuesto innegociable, que no debe relegarse en los procesos de modernización parlamentaria (Pérez Bourbon y Rona, 2005). La IA constituye hoy un activo valioso para contribuir a la mejora continua de los Parlamentos, aunque es necesario adoptar las medidas pertinentes para que su uso no sea contraproducente.

El objetivo de este trabajo es analizar el estado actual de la adopción de la IA en los Parlamentos y considerar de que maneras puede utilizarse para mejorar la actividad legislativa, a la vez que se ponderan los desafíos y riesgos para su implementación. Para ello, se examinarán las distintas tecnologías de IA aplicables al entorno legislativo y se realizará un estudio comparado de experiencias concretas en Parlamentos de diversas regiones del mundo, con el detalle de la situación específica en Argentina. También se reseñará de que modo se están utilizando estas herramientas de manera particular por legisladores y personal parlamentario. El trabajo concluirá con un análisis sobre los riesgos y desafíos en distintos aspectos, y la consideración de la necesidad de adoptar lineamientos y protocolos específicos para su correcta implementación.

La definición de IA está en constante evolución y no existe un concepto único y universalmente aceptado. Se trata de un campo multidisciplinario en continuo desarrollo que conjuga diversas tecnologías y enfoques.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha formulado una definición que ha tenido gran aceptación y fue receptada en varios textos normativos:

Un sistema de IA es un sistema basado en máquinas que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere, a partir de los datos de entrada que recibe, cómo generar información de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos reales o virtuales. Los sistemas de IA están diseñados para funcionar con diversos niveles de autonomía. (2024, p. 4. Traducción propia)^[2]

En términos generales, la IA se refiere a la capacidad de los sistemas informáticos para realizar tareas que, de ser ejecutadas por seres humanos, requerirían inteligencia. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la comprensión del lenguaje natural. No es una tecnología monolítica, sino un vasto conjunto de técnicas. Aunque muchos parlamentos ya la utilizan indirectamente a través de software de uso cotidiano –como filtros de correo no deseado o sistemas de ciberseguridad–, su mayor potencial se centra en aplicaciones más avanzadas y específicas.

Dentro de este amplio campo, ciertas tecnologías resultan especialmente pertinentes para las funciones parlamentarias. Se reseñan algunas de las más relevantes.

Por un lado, los Sistemas Expertos son programas informáticos que buscan emular el conocimiento y la capacidad de toma de decisiones de un experto humano en un dominio específico. Se sustentan en una base de conocimiento que contiene premisas y reglas sobre un tema particular –usualmente en formato “si sucede X, entonces Y”–, y un “motor de inferencia” que aplica esas reglas a situaciones concretas para llegar a una conclusión o recomendación. En el contexto parlamentario, pueden asistir en la verificación del cumplimiento de las reglas de procedimiento, ayudar a determinar la admisibilidad formal de proyectos y guiar en la aplicación de la técnica legislativa para asegurar la consistencia terminológica o la correcta estructuración de un texto normativo.

Por otro lado, el machine learning^[3] permite a los sistemas aprender a partir de datos sin necesidad de ser programados explícitamente para cada tarea. Los algoritmos de aprendizaje automático identifican patrones y tendencias en grandes volúmenes de datos para luego realizar predicciones. En el ámbito legislativo, esta tecnología es fundamental para analizar grandes cantidades de información, clasificar documentos automáticamente, agrupar reformas similares o predecir posibles impactos de una nueva legislación.^[4]

En estrecha relación, el procesamiento del lenguaje natural otorga a los sistemas informáticos la capacidad de comprender, interpretar, generar y manipular el lenguaje humano. Sus aplicaciones parlamentarias son múltiples: transcribir automáticamente los debates mediante reconocimiento de voz, traducir documentos en parlamentos multilingües, resumir extensos proyectos de ley y mejorar los sistemas de búsqueda de información dentro de los archivos históricos.

Finalmente, la inteligencia artificial generativa (IAGen) ha causado una revolución en el desarrollo y la adopción masiva de la IA en los últimos años. Estos sistemas son capaces de crear contenido nuevo y original a partir de los patrones aprendidos de grandes conjuntos de datos.^[5] Plataformas como ChatGPT y Gemini, que han ganado enorme popularidad, utilizan esta tecnología. En el ámbito parlamentario, pueden asistir en la redacción de borradores de informes y proyectos de ley, generar resúmenes, crear versiones de leyes en lenguaje claro para facilitar su accesibilidad e impulsar chatbots sofisticados para la interacción con la ciudadanía.

Numerosos Parlamentos alrededor del mundo ya han comenzado a implementar herramientas basadas en IA para auxiliar y optimizar tareas de todo tipo. Otros se encuentran en una fase preparatoria a través de la participación en ámbitos de discusión sobre esta materia y la implementación de planes piloto. Sin embargo, muchos órganos legislativos aún no tienen estrategias definidas para comenzar con el despliegue de herramientas de IA en sus Parlamentos.

Hay que advertir que, como paso previo e ineludible a los desarrollos complejos basados en IA, es necesario contar con una infraestructura de digitalización avanzada. Es imposible implementar IA en procesos y documentos que sean llevados exclusivamente en papel. Esto también se extiende a los recursos humanos, puesto que, si el personal parlamentario no está capacitado en cuestiones básicas de informática, tampoco estará en condiciones de comenzar a utilizar sistemas de IA.

A partir de relevamientos recientes sobre esta cuestión (UIP, 2024a; Williams y Medel, 2024), se reseñan, a modo ilustrativo, algunas experiencias representativas a nivel mundial organizadas por su funcionalidad.

Mientras muchos órganos experimentan con usos puntuales, algunas legislaturas han desarrollado plataformas de IA de carácter integral que combinan múltiples funcionalidades.

El Parlamento Europeo ha integrado IA en diversos procesos administrativos y operativos, con herramientas como chatbots de asistencia, la clasificación e indexación documental automática, la traducción automática multilingüe –en los veinticuatro idiomas oficiales de la Unión Europea–, la transcripción en tiempo real de reuniones y sesiones, el resumen automático, y otras funciones.

En Sudamérica, un ejemplo de sistema integral es el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, con CAMINAR, una plataforma que agrupa módulos interconectados para la actividad parlamentaria –mayorías, quorum–, análisis de impacto regulatorio, búsqueda de información, apoyo administrativo automatizado, entre otras funciones. Por su parte, la Cámara de Diputados de Brasil cuenta con Ulysses, un ecosistema digital que clasifica documentos y procesa la participación ciudadana masiva –analizando decenas de miles de comentarios–, al que recientemente sumó chatbots y reconocimiento facial.

Por otro lado, diversas legislaturas aplican la IA para casos de uso particulares altamente especializados.

En lo que respecta a los sistemas de clasificación y análisis documental, destaca la experiencia del Parlamento de Estonia, con la implementación del sistema HANS, una herramienta que integra reconocimiento de voz con análisis semántico para procesar los debates parlamentarios. Su principal logro ha sido la reducción drástica en los tiempos de gestión, permitiendo que la elaboración de actas, que antes tomaba varios días, se complete en pocas horas.

En el área de redacción legislativa y gestión de enmiendas, se puede mencionar el caso del Senado de Italia con la incorporación del Gestore Emendamenti, un sistema basado en aprendizaje automático que calcula la similitud semántica entre propuestas de modificación. Esta capacidad permite agrupar automáticamente enmiendas redundantes, facilitando un orden de votación más lógico y eficiente. Por otro lado, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes utiliza el Comparative Print Suite, que automatiza la comparación entre los proyectos nuevos y la legislación vigente, una herramienta clave para el análisis del impacto regulatorio.

La transcripción y traducción de debates es otra categoría donde existen implementaciones. Un caso destacado es el del Parlamento de Israel, con la utilización de un programa de transcripción de audio a texto en tiempo real para las audiencias públicas y discursos en el pleno. Un detalle destacable de este caso de uso es que su objetivo, además de acelerar la producción de protocolos, es reducir los problemas médicos en las manos –como lesiones por esfuerzo repetitivo– que sufren los taquígrafos parlamentarios.

Finalmente, la asistencia al usuario y la participación pública se han visto fortalecidas por herramientas de procesamiento del lenguaje natural. La Cámara de Diputados de Italia ha implementado chatbots para asistir con la búsqueda de documentación, el seguimiento de proyectos de ley y la comprensión de las leyes. Por otro lado, desde 2015 la Legislatura de Taiwán ha integrado la IA en sus procesos de consulta pública con la utilización de una herramienta llamada Pol.is, que procesa las opiniones de los ciudadanos sobre temas legislativos y representa gráficamente las áreas de consenso y desacuerdo entre la población, de manera que los legisladores conozcan el sentimiento público sobre esas cuestiones.

En Argentina, la adopción institucional de herramientas de IA como recurso para la elaboración de normas y la gestión parlamentaria se encuentra en una fase incipiente, aunque en plena expansión.

En el Congreso nacional, ambas Cámaras han transitado procesos de modernización que posibilitaron que, en la actualidad, gran parte de su documentación y procesos se encuentren digitalizados, lo cual constituye un terreno fértil para implementar desarrollos de IA.

En la Cámara de Diputados de la Nación se destaca la iniciativa Parlamento Inteligente, el primer algoritmo legislativo local que, desarrollado por la Cámara, la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET, utiliza procesamiento del lenguaje natural para clasificar temáticamente versiones taquigráficas de sesiones. Además, la Cámara ha colaborado con la Westminster Foundation for Democracy (WFD)^[6] para la creación de las Directrices de uso de la IA en los Parlamentos. Por otro lado, el órgano sostiene una fuerte política de capacitación y debate mediante el Instituto de Capacitación Parlamentaria, con la organización de cursos, encuentros y talleres.

Por su parte, el Senado de la Nación ha enfocado su estrategia institucional en la alfabetización digital, la capacitación de su personal y el debate regulatorio. A través de un esfuerzo conjunto de sus direcciones de Recursos Humanos, Modernización y Relaciones Internacionales, la Cámara Alta ha impulsado programas formativos específicos y organizado jornadas de discusión técnica. Dictó módulos de formación, como el caso de Inteligencia Artificial como Herramienta Laboral y el Programa de Formación en Inteligencia Artificial para el Fortalecimiento del Trabajo Legislativo. Una de las actividades destacadas fue la presentación de las Directrices de uso de la IA en los Parlamentos, junto a la Universidad Austral, en abril de 2025, donde se remarcó la necesidad de evaluar seriamente la adopción segura de estas tecnologías en contextos legislativos.

Por su parte, la Biblioteca del Congreso de la Nación ha publicado informes técnico-legislativos, como el Dossier 279 de febrero de 2024, que compila normativa, doctrina y proyectos de ley sobre IA; y también ha participado en eventos sobre la materia.

A nivel subnacional, las legislaturas provinciales muestran una adopción dispar, pero con casos destacados. Misiones es pionera con la creación, en 2022, de la Secretaría Legislativa en Inteligencia Artificial, institucionalizando la temática en su estructura parlamentaria para impulsar políticas públicas y optimizar la gestión.^[7] Santa Fe, por su parte, aprobó en 2025 la creación de la Comisión Especial de Gobernanza de la Inteligencia Artificial, con el propósito de proponer marcos regulatorios transversales y monitorear su impacto.^[8] En una línea más técnica, la Legislatura de Tucumán avanza en la modernización de su Digesto Jurídico mediante el uso de IA –en colaboración con la Universidad Nacional de Tucumán–,^[9] y la adaptación de los textos normativos a un lenguaje claro y accesible para la ciudadanía.

A su vez, en el transcurso de 2025 se realizaron en las provincias actividades institucionales y de difusión de estos temas. La Legislatura de Mendoza organizó la jornada Inteligencia Artificial en los Parlamentos, donde se presentó la versión en español de las Directrices para el uso de IA en Parlamentos de la WFD. Este órgano legislativo reportó que actualmente tiene la capacidad para funcionar de manera completamente digital y se encuentra en fase de diseño de su propia estrategia de IA. La Cámara de Diputados de San Juan organizó un panel abierto sobre los desafíos de la IA y la cooperación público-privada en la Administración pública. En Córdoba se realizó el taller Pensar el futuro: IA para adolescentes; mientras que en 2024, en esta misma provincia, se realizó un taller parlamentario con estudiantes universitarios que consistió en un debate sobre la regulación de la IA, organizado por la Legislatura y la Universidad Católica.

Otras legislaturas han llevado a cabo principalmente actividades de difusión y capacitación en el transcurso de 2025. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ofreció, para legisladores y personal, los cursos Inteligencia Artificial y su Impacto en la Política y en el Parlamento, e IA y Actividad Legislativa: Desafíos y Posibilidades. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó en su Legislatura el curso Inteligencia Artificial Aplicada al Ámbito Legislativo. Por su parte, el Poder Legislativo de Río Negro suscribió un convenio con la Universidad Nacional provincial para capacitar a su personal, y, en esta misma línea formativa, la Cámara de Diputados de Catamarca firmó un convenio con el Ministerio de Educación provincial para instruir a diputados y empleados legislativos en la materia. La Pampa anunció el lanzamiento del curso Inteligencia Artificial Generativa para la Gestión Legislativa, diseñado específicamente para la gestión de asesores y secretarios legislativos.

Paralelamente a las iniciativas institucionales, la facilidad de acceso y la masificación de plataformas de IAGen –como ChatGPT–^[10] han impulsado un fenómeno de adopción “de abajo hacia arriba” por parte de legisladores y personal parlamentario a título individual. Esas herramientas ofrecen un potencial inmediato para optimizar labores cotidianas de alta complejidad, como resumir extensos informes, elaborar borradores de discursos o proyectos de ley y realizar análisis normativos preliminares.

Esta tendencia permite una rápida apropiación tecnológica, pero también implica riesgos relacionados con la falta de estándares, la desigualdad de conocimientos técnicos entre los usuarios y la ausencia de control de calidad sobre los resultados. Este escenario se enmarca en lo que se conoce como “IA en la sombra” (shadow AI), un concepto utilizado para describir el uso fáctico, no supervisado o no autorizado, de estas herramientas informáticas por fuera de los marcos y auditorías institucionales formales (UIP, 2024b).

En el ámbito legislativo argentino este fenómeno ya ha cobrado estado público mediante diversos episodios recientes que ilustran la variedad de sus aplicaciones.

En 2023, el diputado nacional Rodrigo de Loredo utilizó ChatGPT para generar un discurso que luego leyó durante una sesión de la Comisión de Juicio Político, presentándolo expresamente ante sus pares como un “adelanto del futuro” en el debate político.

Otro caso resonante se dio durante la campaña electoral de 2025, cuando el legislador porteño Ramiro Marra admitió y defendió activamente el uso de la misma plataforma para la redacción de sus proyectos de ley. El dirigente destacó esta práctica como una herramienta central para la eficiencia legislativa, argumentando que la automatización de la redacción permitiría reducir drásticamente la contratación de asesores y el gasto público.

En julio de 2025, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz presentó un avatar impulsado por IAGen, denominado Chumpitaz IA. Esta herramienta fue concebida con el propósito declarado de trabajar ininterrumpidamente para delegar tareas de procesamiento de datos, interacción multimedia, gestión de campaña y asistencia legislativa.

Casos similares se han registrado alrededor del mundo, lo cual evidencia un progresivo nivel de adopción de la IA por parte de los legisladores.

Si bien existe consenso y evidencia empírica sobre los beneficios potenciales del uso de la IA, su aplicación en el ámbito legislativo no está exenta de contracaras. Esta tecnología no es infalible y aún no alcanza el nivel de idoneidad humana profesional, lo que incluye el saber jurídico y político. Ignorar estos riesgos podría resultar en la afectación de derechos fundamentales, la seguridad y el estado de derecho.

Ante este escenario, organismos internacionales como la WFD y la UIP han formulado lineamientos específicos orientados a guiar una implementación institucional segura (Fitsilis, von Lucke y De Vrieze, 2024; UIP, 2024a).

Por un lado, existen los riesgos y desafíos técnicos y operativos. El obstáculo inicial radica en la infraestructura y los datos: es inviable adoptar IA en entornos no digitalizados o incipientemente digitalizados. Idealmente, la información parlamentaria no solo debería estar digitalizada, sino estructurada en formatos interoperables. Frente a esto, las directrices internacionales sugieren comenzar evaluando la madurez digital de la institución y priorizar la consolidación de una infraestructura básica con sólidas políticas de gobernanza de datos. A su vez, otro riesgo crítico en el uso de modelos de IAGen son las denominadas alucinaciones,^[12] donde el sistema genera información incorrecta –como jurisprudencia o leyes inexistentes– presentándola de manera coherente y verosímil. Por tratarse de un ámbito donde la precisión es innegociable, resulta mandatorio implementar procesos de verificación y validación rigurosa por parte de personal experto humano antes del uso oficial de cualquier contenido generado.

Por otra parte, existen riesgos y desafíos de naturaleza ética. Así, los sistemas de IA pueden incurrir en sesgos algorítmicos si aprenden de datos de entrenamiento que reflejan prejuicios históricos o desigualdades. En el ámbito parlamentario, a modo de ejemplo, un algoritmo sesgado podría sugerir redacciones normativas que discriminen sistemáticamente a grupos minoritarios. Para mitigarlos, instrumentos como la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO (2021)^[13] exigen medidas proactivas: realizar auditorías algorítmicas, emplear conjuntos de datos representativos y mantener una supervisión continua que garantice la equidad. Paralelamente, los sistemas actuales de IAGen sufren, en mayor o menor medida, de falta de transparencia en cuanto a los datos que fueron utilizados en su entrenamiento y el modo exacto en el que generan contenido en base a los requerimientos de los usuarios, por lo que se los suele denominar “cajas negras”.^[14] Las directrices de la WFD y la UIP recomiendan favorecer sistemas transparentes que aseguren la rendición de cuentas, acompañados de protocolos robustos de ciberseguridad y protección de datos personales para salvaguardar la privacidad en el manejo de información parlamentaria sensible.

Finalmente, los desafíos institucionales y democráticos interpelan directamente la función política del legislador. El riesgo más profundo es que la tecnología desplace la prevalencia del juicio humano. La representación de intereses diversos y la generación de consensos son acciones inherentemente humanas e indelegables. Las normativas globales propugnan que la IA actúe siempre como una herramienta de asistencia y nunca como un reemplazo de la deliberación. Sin embargo, para que este control humano sea efectivo frente a sistemas tan complejos, es necesario considerar el déficit de capacidades técnicas que pueda existir en los órganos legislativos. Los organismos internacionales enfatizan la necesidad de invertir en alfabetización digital para que legisladores y asesores puedan colaborar críticamente con estas herramientas. En última instancia, si la ciudadanía percibe que las decisiones parlamentarias están dictadas por algoritmos inescrutables, se corre el riesgo de erosionar la confianza y la legitimidad de la institución, un escenario que podría evitarse fomentando la participación pública y un diálogo abierto sobre la gobernanza tecnológica.

El proceso de modernización tecnológica que vienen desarrollando los Parlamentos en todo el mundo se encuentra actualmente en un punto de inflexión debido a la rápida expansión de la IA.

La IA es extremadamente multifacética. Tiene posibles aplicaciones en diversos aspectos de la actividad parlamentaria, con potencial para optimizarla y mejorarla.

La implementación de estas nuevas tecnologías requiere una planificación cuidadosa, recursos económicos y humanos, y decisión política.

También es necesario contar con un marco robusto de digitalización previa de los procesos y documentación parlamentaria, y de gobernanza de datos.

El estado de adopción a nivel mundial es dispar. En algunos países hay Parlamentos que tienen herramientas de IA complejas ya en funcionamiento, mientras que en otros la aplicación es nula o recién incipiente.

Esta situación se refleja en Argentina, donde algunos Parlamentos locales ya han implementado desarrollos y casos de uso concretos, otros han institucionalizado en sus estructuras la IA, y en varias otras jurisdicciones aún no ha habido avances significativos.

Organismos internacionales están tomando un rol proactivo en actividades de divulgación y educación, a la vez que promueven lineamientos que pueden guiar la implementación institucional parlamentaria de la IA y mitigar sus riesgos y desafíos.

Paralelamente, el aumento exponencial del uso de la IA por la población deriva en que el personal parlamentario –y los propios legisladores– emplee estas tecnologías para llevar a cabo algunas de sus labores. Ese uso generalmente se realiza sin seguir ningún protocolo, por lo que provoca resultados inconsistentes y dificulta la trazabilidad y el control. La capacitación continua del personal legislativo y de los legisladores es fundamental, y debe centrarse tanto en la faceta tecnológica como en la legislativa.

La IA, a la par de su potencial, tiene también grandes limitaciones, las cuales generan desafíos y riesgos para su implementación en el ámbito parlamentario. Ignorar, subestimar o no controlar esos riesgos y desafíos conduciría casi con seguridad a resultados disvaliosos, con el potencial de afectar gravemente la calidad legislativa, la credibilidad institucional y el bienestar de la sociedad.

Por ese motivo, es fundamental que la implementación de la IA en los Parlamentos sea llevada adelante con cautela, progresivamente y de manera informada.

En última instancia, la integración de la IA en los Parlamentos debe concebirse como un medio para fortalecer la democracia y la calidad de la elaboración normativa, y no como un fin en sí mismo.

La aparente capacidad de pensamiento de los sistemas artificiales impone la necesidad de un juicio humano profundo, reflexivo, crítico y continuo. Es imposible controlar adecuadamente aquello que no se comprende. Este desafío es necesario para contribuir a la creación de normas jurídicas más justas, eficaces y adaptadas a las complejidades del siglo XXI y los siguientes.

BICHACHI, D. S. (2017). La informática y su impacto en la actividad parlamentaria. Revista de Ciencia de la Legislación, 1. Lejister.

CABRERA PANTOJA, B. L. (2020). Incorporación y utilización de las TIC en el ámbito legislativo. Revista de Ciencia de la Legislación, 8. Lejister.

CORVALÁN, J. G. (Dir.). (2023). Tratado de inteligencia artificial y derecho: Tomo I (2.ª ed.). La Ley.

DANESI, C. C. (Dir.) (2020). Inteligencia artificial, tecnologías emergentes y derecho: Reflexiones interdisciplinarias 1. Hammurabi.

FITSILIS, F., VON LUCKE, J. y DE VRIEZE, F. (2024). Guidelines for AI in Parliaments. Westminster Foundation for Democracy. https://www.wfd.org/ai-guidelines-parliaments.

KULESZ, O. (2024). Artificial Intelligence and International Cultural Relations: Challenges and Opportunities for Cross-Sectoral Collaboration. Institut für Auslandsbeziehungen e.V. https://opus.bsz-bw.de/ifa/frontdoor /index/index/docId/1203.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA [UNESCO] (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS [OCDE] (2024). Explanatory Memorandum on the updated OECD Definition of an AI System. OECD Artificial Intelligence Papers, 8. https://www.oecd.org/en/publications/explanatory-memorandum-on-the-updated-oecd-definition-of-an-ai-system_623da898-en.html.

PÉREZ BOURBON, H. y RONA, N. (2005). Calidad legislativa: Su concreción en el Programa de Fortalecimiento de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Konrad Adenauer Stiftung.

SVETAZ, M. A. (2005). La informática legislativa: un aliado principal de la calidad en el ejercicio de la función legislativa [Ponencia]. X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago de Chile, 18-21 de octubre. https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/8962/6705-1.pdf.

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA [UIP] (2024a). Use cases for AI in parliaments. https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2024-12/use-cases-ai-in-parliaments.

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA [UIP] (2024b). Guidelines for IA in parliaments. https://www.ipu.org/ai-guidelines.

El artículo está protegido por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-ShareAlike 4.0

Revista Jurídica Universidad Nacional del Oeste . Número 7. Editada entre enero y junio del año 2025. Periodicidad semestral.

Editorial EDUNO de la Universidad Nacional del Oeste.Realizada en el marco del Instituto de Educación, Justicia y Trabajo de la Universidad Nacional del Oeste

[1] Abogado (Universidad Nacional de Mar del Plata). Especialista en Elaboración de Normas Jurídicas (Universidad de Buenos Aires). Posgraduado en Inteligencia Artificial y Derecho (UBA) y en Derecho del Consumidor Profundizado (UBA). Docente en la Especialización en Elaboración de Normas Jurídicas (UBA), a cargo de la materia Inteligencia Artificial y Elaboración Normativa y el taller Inteligencia Artificial en el Derecho. Asesor legislativo. Asesor legal de la Universidad Atlántida Argentina. Ejercicio privado de la abogacía. Identificador ORCID: https://orcid.org/0009-0003-7254-455X. Correo electrónico: drsantiagocastro@gmail.com.

[2] Esta es una versión ligeramente actualizada de la anterior definición de la OCDE, dictada en 2019 como parte de la Recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial (OCDE/LEGAL/0449), y fue usada como base o influencia en distintos instrumentos, como, por ejemplo, la denominada Ley de IA de la Unión Europea.

[4] A su vez, el deep learning (aprendizaje profundo) es un tipo de aprendizaje automático especializado que requiere mayor capacidad computacional, pero puede realizar tareas más complejas.

[5] Estos modelos se entrenan con enormes cantidades de datos, usualmente mediante técnicas de deep learning y reforzados con retroalimentación humana.

[6] Organismo público no departamental del Reino Unido creado para apoyar a las instituciones democráticas en el extranjero.

[10] ChatGPT fue el quinto sitio web con más visitas en todo el mundo durante el mes de agosto de 2025, con más de 5.300 millones de ingresos. Véase: https://www.semrush.com/trending-websites/global/all/.

Además, alcanzó 838 millones de usuarios en septiembre de 2025 –un incremento de 401 millones respecto del mismo mes de 2024–. Véase: https://www.laecuaciondigital.com/actualidad/chatgpt-alcanza-838-millones-de-usuarios-en-septiembre-de-2025/.

[11] Consideramos “riesgo” el potencial daño o perjuicio que un sistema de IA puede causar a los derechos fundamentales, la seguridad, la democracia y el estado de derecho; y “desafío” las barreras estructurales, operativas o de capacidad que dificultan la implementación exitosa, responsable y equitativa de la IA.

[12] Las alucinaciones son consideradas una limitación estructural inherente a la arquitectura actual de los grandes modelos de lenguaje, por lo que actualmente pueden mitigarse con el ajuste del sistema, pero no eliminarse por completo (Kulesz, 2024).

[13] Adoptada por todos los Estado miembros, incluida Argentina. Tiene carácter de soft law y prevé principios que son compatibles con la actividad parlamentaria, como la transparencia y la equidad y no discriminación.

[14] Esta opacidad choca con los principios de un gobierno democrático, donde las decisiones no deben ser arbitrarias y deben poder explicarse, lo cual se condice con una exigencia en el campo tecnológico denominada IA Explicable (XAI, por sus siglas en inglés), que busca que los procesos y resultados de los algoritmos sean comprensibles y auditables para los seres humanos.