Resumen: El presente trabajo aborda los objetivos de la última dictadura argentina (1976-1983), centrados en la reconfiguración del modelo de acumulación y el disciplinamiento social mediante el terrorismo de Estado. Examina la consolidación del paradigma de Memoria, Verdad y Justicia desde 2003 y el impacto jurídico-político de la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Se adentra en la tensión actual entre los discursos negacionistas emanados desde el Ejecutivo nacional y la persistencia de políticas reparatorias en la provincia de Buenos Aires como eje estratégico de la gestión pública.

Palabras clave: dictadura cívico-militar, terrorismo de Estado, modelo de acumulación, memoria, verdad y justicia, juicios de lesa humanidad, negacionismo, derechos humanos

Abstract: This paper addresses the objectives of Argentina’s last dictatorship (1976–1983), focused on the reconfiguration of the accumulation model and social disciplining through State terrorism. It examines the consolidation of the paradigm of memory, truth and justice since 2003 and the legal-political impact of reopening trials for crimes against humanity. It delves into the current tension between denialist discourses emanating from the national Executive and the persistence of reparatory policies in the Province of Buenos Aires as a strategic axis of public management.

Keywords: civil-military dictatorship, State terrorism, accumulation model, memory, truth and justice, crimes against humanity trials, denialism, human rights

Transcurridas cinco décadas del golpe de Estado de 1976, la dictadura cívico-militar en Argentina ya no puede ser leída únicamente como una interrupción del orden institucional, sino como una operación refundacional de la estructura socioeconómica del país. Existe un vínculo inseparable entre la instauración de un nuevo modelo de acumulación –caracterizado por la valorización financiera y la concentración del capital– y el despliegue de un dispositivo represivo genocida encarnado en el plan sistemático de desaparición de personas.^[2]

La persecución, encarcelamiento y exterminio de los trabajadores, clase que representó el 80 % de las víctimas durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, habla a las claras de la necesidad que se impusieron los poderes hegemónicos de reformatear la correlación de fuerzas de la sociedad de entonces en favor del sector más concentrado de la economía.

Frente a esta arquitectura del terror, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en 2003 no representa solo un imperativo ético, sino una reconfiguración del estado de derecho. La nulidad de las leyes de impunidad y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad operan como una respuesta jurídica, social y política frente a aquella violencia fundante.

Sin embargo, la emergencia actual de discursos negacionistas y políticas de desfinanciamiento estatal resitúa la disputa por el sentido de los derechos humanos en el centro de la escena política, planteando el interrogante de si es posible sostener un sistema democrático cuando se desmantelan los consensos legales que le dieron origen tras el trauma de la dictadura.

Si nos adentramos en un análisis acerca de los objetivos y metas que se propuso la última dictadura cívico-militar en nuestro país, podríamos inferir que los principales fueron al menos dos. Por un lado, buscó cerrar un ciclo histórico, sustituyendo la matriz nacional y popular, hegemónica política, cultural y económicamente durante años en la política argentina; expresada por los dos grandes partidos políticos, el peronismo y el radicalismo, por una de corte liberal. Y, por el otro, disciplinar la fuerza de trabajo.

Para este objetivo, la dictadura doblegó la combatividad del gremialismo no burocrático. La mayoría de los cuerpos de delegados de las principales empresas –Renault, Ford, Propulsora, SAIAR, Peugeot, Loma Negra, etcétera– fueron exterminados o presos. Esto fue necesario para romper definitivamente con el poder del trabajo a fin de fortalecer el poder del capital. Era condición necesaria para la burguesía aumentar su tasa de ganancia y de explotación, y para ello necesitaba una fuerza de trabajo dócil.

De lo que se trataba era de invertir la correlación de fuerzas a favor de la burguesía –en particular, de la urbana–, para lo cual se necesitaba una alianza con las fuerzas armadas, a fin de consagrarse como clase dirigente, además de clase dominante. Es decir, necesitaba apropiarse del aparato estatal para fundar las bases liberales del nuevo sistema de acumulación capitalista. Esta redefinición del modelo de acumulación del capitalismo argentino consistió en la reorganización de la actividad económica y la estructura social, sobre la base de la hegemonía del sector más concentrado de la economía.

La política económica se caracterizó por un elevado nivel de pragmatismo y contradicción, a partir de la superposición de medidas de fuerte sesgo atiindustrialista, como la apertura y reforma financiera, con políticas selectivas de promoción de ciertas ramas de la industria que consideraban estratégicas, como la petroquímica, el petróleo, la siderurgia y la cementera.

Esta combinación de pragmatismo y contradicción en las medidas económicas estatales permitió y a la vez consolidó la expansión de un sector de las grandes empresas que operaban en el mercado local, en base a la obtención de grandes ganancias originadas en la existencia de contextos privilegiados de acumulación creados y sostenidos por el accionar del aparato estatal. Esta expansión se basó en la consecución por parte de estas empresas de las cuasirrentas de privilegio, las cuales se originaban a partir de un conjunto de regulaciones estatales que les permitieron fijar posiciones oligopólicas en sus respectivos mercados.

En resumen, la política económica llevada a cabo por la última dictadura permitió, por un lado, la reconfiguración del modelo de acumulación de capital, cambiando el eje desde el sector industrial al sector financiero, y, por el otro, la consolidación de una fracción de la burguesía local e internacional.

La meta general del gobierno militar era, entonces, cerrar un ciclo histórico para iniciar uno nuevo. El Estado autoritario deja sin canales de expresión a la sociedad argentina, constituyendo una sociedad despolitizada y un sistema decisional monopolizado y fuerte.

Para poder implementar sus objetivos políticos y económicos, la dictadura ejerció sobre el cuerpo social en su conjunto la represión más salvaje en la historia argentina. Se necesitaba de una sociedad aterrorizada y sumisa, y para esto fue necesaria la desaparición forzada de personas, la cárcel, la sustitución de la identidad de los hijos de las personas secuestradas, la creación de cientos de centros clandestinos, la tortura y el asesinato de opositores políticos y sociales.

Tras el fin de la dictadura, se sucedieron diferentes gobiernos democráticos que garantizaron la impunidad por veinte años, debilitando de esa forma dicho sistema de gobierno.

El proceso abierto en el año 2003, con la asunción del expresidente Néstor Kirchner, puso en el centro de la escena política las demandas históricas de los organismos de derechos humanos, anulando las leyes de impunidad, transformando los excentros clandestinos de detención en sitios de memoria y promoviendo y apoyando la búsqueda de niños apropiados durante la dictadura, entre otras medidas.

De la lucha incansable comenzada en 1977 por las Madres, las Abuelas y demás organismos de derechos humanos exigiendo Memoria, Verdad y Justicia, y de una apropiación de esa demanda por el Estado, nació un tiempo histórico en el país en el cual volvieron a ser juzgados, ahora de forma sistemática, aquellos que utilizaron el terror y la desaparición física como herramienta para silenciar a una gran parte de nuestra sociedad.

Si bien en los albores de la democracia se realizó el Juicio a las Juntas, que marcó las bases de lo que debía ser el camino de la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad –esto es, el juzgamiento de los genocidas ante juzgados de la democracia y no en tribunales militares, y la aplicación de penas de cumplimiento efectivo–, no fue sino hasta el año 2006 que el proceso de juzgamiento se llevó a cabo de manera continua, como parte de las obligaciones de uno de los poderes del Estado, en tribunales civiles, con todas las garantías de la ley y del estado de derecho.

Este camino que tomó nuestra sociedad ubicó a la Argentina como un país modelo en el concierto de las naciones del mundo respecto de los derechos humanos y de la forma de tramitar los traumas de su pasado reciente. No hubiera sido posible sin el impulso de las Madres, las Abuelas y los organismos, pero tampoco sin el respaldo popular, y mucho menos aún sin la decisión política de llevarlos a cabo desde las máximas esferas del poder político del Estado.

La sanción de la Ley 25.779 en agosto de 2003 en el Congreso de la Nación, que declaró la “nulidad absoluta e insanable” de las leyes de Obediencia Debida (Ley 23.521, de 1987) y Punto Final (Ley 23.492, de 1986), surgió de la decisión política del entonces presidente Kirchner, que impulsó la iniciativa, junto al oficialismo y aliados. A esa ley le siguió la declaración de inconstitucionalidad de esas leyes de impunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en junio de 2005, en el fallo “Simón”^[3], que ratificó la nulidad absoluta.^[4]

De esta forma, los tres poderes del Estado coincidieron en la necesidad de juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar: el Poder Ejecutivo enviando el proyecto, el Legislativo sancionando la ley de nulidad y el Judicial ratificando su contenido. Y tuvo un efecto concreto: el reinicio de los juicios.

En los últimos veinte años, diferentes juicios por delitos de lesa humanidad fueron llevados a cabo en el país, logrando cifras asombrosas: 1.210 represores fueron condenados en más de 350 sentencias. Solo en la provincia de Buenos Aires, donde la Subsecretaría de Derechos Humanos actúa como querellante, hay 449 condenados en 118 juicios, y se sustancian este año cuatro debates y otros cuatro fueron elevados a juicio.

Sin embargo, todavía falta, y es una tarea que, sin prisa pero sin pausa, continúa.

Este proceso de juzgamiento permitió echar luz sobre un lugar incómodo para muchos sectores de la sociedad: las responsabilidades civiles. El señalamiento de las complicidades de las corporaciones mediáticas y económicas es la grieta que permite empezar a discutir la herencia de la dictadura, y que, pese a los denodados esfuerzos de organismos y querellas durante dos décadas, es un debe en el arqueo histórico de la justicia en nuestro país.

Por eso no es casual que la ultraderecha que hoy gobierna la Argentina apunte su artillería no solo discursiva sino también de gestión política y de desfinanciamiento económico contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Se advierte en los poderes del Estado. La vicepresidenta de la nación reivindica a los represores; el presidente vacía, desfinancia o directamente elimina los organismos del Estado destinados al impulso de las políticas reparatorias; por primera vez desde el regreso de la democracia, un militar –además, hijo de represor– ocupa el Ministerio de Defensa; el Poder Judicial, si bien avanza en las causas, evita investigar las responsabilidades empresariales –cuando no directamente sobresee o desvincula a esos sectores de los expedientes penales– y concluyó el último año con la mayor cantidad de absoluciones desde la reapertura del proceso de justicia: la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó 54 absoluciones y 35 condenas en los diecinueve juicios que llegaron a sentencia en 2025.^[5]

El desmantelamiento impulsado por el Ejecutivo nacional no solo constituye un retroceso institucional, sino una vulneración directa de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino: la investigación, el juzgamiento y la reparación de crímenes de lesa humanidad no son facultades discrecionales del gobierno de turno, sino deberes imperativos, y el desvío de recursos o la eliminación de organismos vulneran el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, comprometiendo, además, la responsabilidad internacional de la nación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.^[6]

Parece paradójico que cuando se cumplen cincuenta años del golpe, la Argentina vuelva a estar gobernada por personeros de los mismos intereses que el 24 de marzo de 1976 impulsaron al partido militar a no esperar las elecciones y derrocar a la presidenta María Estela Martínez de Perón. “Total normalidad” titularon los medios entonces.^[7] Total normalidad dicen también hoy, cuando advertimos la entrega desenfadada del país a los intereses norteamericanos, el endeudamiento grotesco con el Fondo Monetario Internacional y la banca extranjera, y la pérdida de derechos de nuestro pueblo.

No es casual que las líneas del programa económico que el presidente actual trazó poco después de su asunción se asemejen tanto al plan económico que José Alfredo Martínez de Hoz anunció por TV en abril de 1976.^[8] Lo mismo vinieron a hacer: entregar el país a los poderes concentrados. Por esa razón fueron asesinados y desaparecidos los compañeros y compañeras.

Pese a los retrocesos que implica que el negacionismo y la reivindicación de la dictadura se hayan instalado en el Ejecutivo nacional y desde allí intenten colonizar subjetivamente a nuestra sociedad, no se trata, ni por lejos, de una batalla perdida: el proceso de Memoria, Verdad y Justicia vive, y la provincia de Buenos Aires es un ejemplo claro de ello.

Mientras el Gobierno nacional ataca y desmantela las políticas de derechos humanos, la gestión bonaerense decidió tomar el camino inverso: profundizar, unificar y accionar con una premisa clara, esto es, que los derechos humanos son el eje transversal de toda la política pública.

Así, en el año 2025 se creó en el ámbito del Gobierno de la provincia de Buenos Aires la Unidad Provincial Especializada para la Búsqueda de Personas Apropiadas durante la Última Dictadura Cívico-Militar, que quedó bajo la dirección de Claudia Carlotto, y se selló un acuerdo estratégico con la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, para auxiliar a la Justicia en el diligenciamiento de casos de robo de bebés en el territorio de la provincia.

Para la matriz del pensamiento nacional y popular, que la dictadura pretendió eliminar con el golpe de Estado de 1976, los derechos humanos no son una entelequia jurídica, sino una realidad palpable. Son los derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis de nuestra Constitución. Por eso es que, a cincuenta años del intento de exterminio, sabemos que la verdadera reivindicación de los que ya no están consiste en seguir trabajando para profundizar los cambios que nos permitan terminar de construir, definitivamente, la patria que soñaron los 30.000.

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Revista Jurídica Universidad Nacional del Oeste . Número 7. Editada entre enero y junio del año 2025. Periodicidad semestral.

Editorial EDUNO de la Universidad Nacional del Oeste.Realizada en el marco del Instituto de Educación, Justicia y Trabajo de la Universidad Nacional del Oeste

[1] Licenciado en Sociología (Universidad Nacional de La Plata). Docente (UNLP). Exdirector nacional de Formación en Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Identificador ORCID: https://orcid.org/0009-0006-7068-5422. Correo electrónico: matiasmoreno@hotmail.com.

[2] Véase: http://journals.openedition.org/ideas/19332.

[3] Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, 14 de junio de 2005, fallos 328:2056.

[4] Véase: https://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo/6018/20-anos-del-fallo-Simon-la-inconstitucionalidad-de-las-leyes-de-Obediencia-Debida-y-Punto-Final. A estas decisiones se les suma el fallo “Arancibia Clavel”, de marzo de 2005, que estableció la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que ya no había ninguna traba para el reinicio de los juicios.

[5] Disponible en: https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/crimenes-de-lesa-humanidad-1-208-personas-fueron-condenadas-y-247-resultaron-absueltas-desde-que-se-reiniciaron-los-juicios-en-2006.

[6] El artículo 75 de la Constitución nacional de 1994, en su inciso 22, incorporó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y otros pactos y tratados de derechos humanos con rango constitucional, es decir, de carácter supralegal. La CADH, en su artículo 33, crea y establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

[7] Véase: https://latinta.com.ar/2016/08/02/tres-titulares-de-clarin-que-nunca-olvidaremos.

[8] Disponible en: https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32745.