Resumen: En la actualidad, el uso masivo de pantallas por parte de niñas, niños y adolescentes –desde edades cada vez más tempranas– atraviesa su vida cotidiana, con impactos en la socialización, el aprendizaje y la salud integral, y con riesgos asociados, como la exposición a contenidos nocivos, el ciberacoso o la dificultad para autorregular el tiempo conectado. Informes recientes muestran que, aunque las tecnologías ofrecen oportunidades educativas y de inclusión, también generan distracciones en el aula y profundizan desigualdades. En este contexto, ¿cómo construir entornos digitales más justos, seguros, críticos y responsables desde las políticas públicas? ¿Qué características deberían asumir las estrategias legislativas para constituir un aporte a estos procesos? En este artículo proponemos reflexionar sobre dos proyectos de ley impulsados desde la provincia de Buenos Aires que buscan regular y promover el uso responsable de pantallas en la infancia y la adolescencia.

Las pantallas ocupan un lugar central en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Su uso atraviesa múltiples dimensiones: desde el entretenimiento y la socialización hasta los procesos educativos. Sin embargo, esta presencia creciente también plantea desafíos en torno al bienestar físico, emocional y cognitivo. Lejos de tratarse de un fenómeno neutral, el vínculo con las tecnologías digitales está atravesado por desigualdades, riesgos y dificultades en la regulación del uso. Comprender cómo interactúan niños, niñas y adolescentes con internet y dispositivos digitales es clave para diseñar políticas públicas que promuevan entornos digitales más seguros, inclusivos y formativos.

El informe de UNICEF Niños, niñas y adolescentes conectados^[2] presenta datos relevantes para reflexionar sobre el tema. El estudio se basa en una muestra representativa nacional de 5.910 participantes de entre nueve y diecisiete años, encuestados entre octubre y diciembre de 2024.

El primer dato a tener en cuenta es el uso masivo de teléfonos celulares con conexión a internet. El 95 % tiene su propio celular con internet. Incluso, el 83 % de los chicos de entre nueve y once años en Argentina recibió su primer celular antes de los diez años. El 80 % usa redes sociales todos los días –dentro del sector de entre nueve y once años, el 58 %–.

Además del uso, resulta alarmante la clase de contenidos que consumen. El 67 % buscó formas de adelgazar y perder peso, porcentaje que asciende a 77 % en el caso de las mujeres. El 64 % consumió contenido sobre maneras de ganar plata fácil en internet. El 55 % vio mensajes discriminatorios contra personas o grupos. El 53 %, imágenes sangrientas o violentas. El 52 % vio personas que cuentan sus experiencias de consumo de alcohol o drogas. El 47 % se expuso a imágenes o videos de contenido sexual. El 31 % vio contenido sobre formas de autolesión, y el 27 % sobre formas de quitarse la vida –dato que asciende a 32 % en el caso de las mujeres–.

Al mismo tiempo, el 83 % chatea a través de apps de mensajería. Uno de cada tres chicos dijo haberse reunido en persona con alguien que conoció a través de internet.

Como demuestra el informe, el uso de dispositivos puede exponer a niños, niñas y adolescentes a diversos riesgos, y la presencia de adultos responsables es clave para mitigarlos o prevenirlos. Familiares y docentes pueden tener un rol fundamental en la experiencia digital, reduciendo la posibilidad de sufrir maltrato digital, grooming, exposición a contenido inapropiado, o regulando el uso de dispositivos.

En lo que concierne al uso de pantallas en general, los propios chicos admiten un “exceso” y reconocen dificultades en la autorregulación. Casi la mitad, el 46 %, siente que pasa demasiado tiempo conectado. El 34 % de los niños y niñas de entre nueve y once años considera que tiene algún tipo de consumo problemático de internet.

Para reflexionar sobre su uso en las escuelas, es pertinente recurrir a los aportes del informe “Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes”, del Observatorio de Argentinos por la Educación,^[3] que analiza las respuestas de estudiantes de quince años que participaron en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2022 sobre el uso de dispositivos digitales en la escuela. Los datos son claros: el 54 % dice distraerse con sus propios dispositivos, mientras que un 46 % se dispersa por el uso de pantallas que hacen sus compañeros.

En este punto es posible afirmar que los chicos acceden al uso de pantallas a edades cada vez más tempranas e internet y las redes sociales pueden exponerlos a contenido que perjudica su salud física y emocional. En las aulas se distraen, lo que genera una baja en el rendimiento escolar y perjudica su desempeño. En este sentido, nos preguntamos cómo podemos construir entornos digitales más justos, seguros, críticos y responsables desde las políticas públicas. ¿Qué características deberían asumir las estrategias legislativas para constituir un aporte a estos procesos?^[4]

El escenario de pandemia puso en evidencia la importancia de desarrollar y sostener políticas públicas educativas de inclusión digital universales.^[5] El uso de pantallas por parte de niñas, niños y adolescentes encontró un terreno de consolidación excepcional en la vida cotidiana durante el tiempo de aislamiento. Luego, ya en la etapa de pospandemia, se profundizaron las desigualdades sociales, culturales y económicas.

La evidencia existente acerca de los potenciales daños y las recomendaciones de diversas organizaciones nacionales e internacionales de pediatría y psiquiatrías sobre el tiempo de exposición y sus consecuencias (Pedersoli, 2024) dan cuenta del enorme desafío que se presenta tanto para el sistema educativo como para las familias, que aún no encuentran el canal adecuado para transformar los dispositivos en aliados y no en potenciales enemigos.

En este sentido, es menester que se desarrollen políticas públicas para la adopción de hábitos de autorregulación en cuanto al tiempo de uso y la calidad de este, entendiendo y aplicando los conceptos de bienestar digital y ciudadanía digital.

Nos enfrentamos a una etapa donde nuestra huella digital se convierte en uno de los principales insumos de la economía mundial. La no neutralidad de las redes sociales y las inteligencias artificiales, la construcción de las identidades digitales, la intencionalidad en el diseño de medios, plataformas y redes para que capten la atención de usuarios y modifiquen sus conductas, son algunos de los múltiples y complejos desafíos que enfrenta el Estado a la hora de diseñar políticas públicas.

El programa Conectar Igualdad fue una iniciativa que tuvo como objetivo “adoptar medidas de acción positivas que garanticen la efectiva inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos”^[6]. Fue creado a partir del Decreto 459/2010 durante el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la intervención coordinada de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Conectar Igualdad recibió premios de diferentes organismos internacionales, entre ellos, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Cumbre Iberoamericana.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, el programa fue desactivado mediante el Decreto 1239/2016, siendo finalmente discontinuado en 2019.

La experiencia del Conectar Igualdad puso en evidencia que el Estado debe ser impulsor de cambios estructurales, más allá de garantizar la infraestructura necesaria para el despliegue de la economía digital. En este sentido, es preciso preguntarse qué hacen los niños, niñas y adolescentes frente a una pantalla, cómo usan sus dispositivos, y cómo puede el Estado acompañar estos procesos.

IV - INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: EL CONOCIMIENTO COMO DERECHO, LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA

En la Legislatura bonaerense se presentaron dos iniciativas para contribuir a la discusión. Por un lado, el Proyecto de Ley E-58/ 2024-2025, ingresado en marzo de 2024, cuenta con media sanción y espera convertirse en ley próximamente en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados.

Esta iniciativa propone que en los establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia de Buenos Aires los alumnos y alumnas de nivel primario no utilicen dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento o autorización explícita del docente.

A partir de los estudios científicos llevados a cabo en el contexto pospandémico, que identificaron como problemático el uso de dispositivos en las instituciones educativas, se ha originado lo que se conoce como “oleada de regulaciones”, un conjunto de normativas que regulan y limitan el uso de dispositivos en instituciones educativas. Países como Corea del Sur, Francia, Reino Unido y Brasil, entre otros, ya pusieron en práctica iniciativas para regular el uso de pantallas en las aulas. Según el informe de seguimiento que publica UNESCO

Para finales de 2023, 60 sistemas educativos (el 30 %) prohibían el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas en sus leyes o políticas. Para finales de 2024, una actualización del Informe GEM preparada para el Día Internacional de la Educación revela que 19 sistemas educativos más prohibían el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas, lo que eleva el total a 79 (el 40 %).^[7]

El caso de Brasil es un ejemplo claro para pensar la implementación de la normativa, ya que propone que las escuelas tengan autonomía para establecer sus directrices: los estudiantes pueden mantener los teléfonos en las mochilas, guardarlos en casilleros o en cajas designadas.

Este tipo de medidas regulatorias deben ser acompañadas por un cambio estructural en las relaciones que niños, niñas y adolescentes mantienen con el entorno digital. En este sentido, el ensayista Geert Lovink (2019) plantea que “necesitamos llevar la crítica de internet más allá de la regulación normativa del comportamiento y politizar la ansiedad de los jóvenes y sus adicciones y distracciones particulares” (p. 59).

Tomando en cuenta esta perspectiva, el Proyecto de Ley E 94 2025-2026, presentado el 8 de abril de 2025 en el Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires, constituye una propuesta complementaria y fundamental para desarrollar en paralelo a normativas regulacionistas.

Esta iniciativa plantea que las y los estudiantes del sistema educativo provincial, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y educación técnica no universitaria, tienen derecho a recibir educación digital integral a fin de garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía digital en un entorno inclusivo, sin vulneraciones, que promueva el pensamiento crítico y la creatividad.

El proyecto pretende instituir un programa educativo que incorpore de manera transversal contenidos actualizados vinculados a entornos digitales. Desde una perspectiva interdisciplinaria, convoca a la creación de una comisión conformada por diversos organismos del Estado, como áreas de salud mental, educación, género y trabajo.

En esencia, estos proyectos de ley someten a discusión el hecho de que, así como las tecnologías de la información fueron y son utilizadas como herramientas en los procesos educativos y el Estado supo ser impulsor de su incorporación, hoy en día es necesario que se implementen nuevas políticas públicas capaces de acompañar a niños, niñas y adolescentes y así potenciar su relación con los entornos digitales. En este sentido, la escuela y los procesos educativos pueden configurar una herramienta clave para mejorar la relación con las tecnologías, bajo el enfoque de la soberanía digital y la salud integral.

En el Congreso Educativo Nacional de 2025, llevado a cabo en la Universidad de Buenos Aires, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner sostuvo en su disertación la necesidad de una nueva ética digital.

Hoy los pibes y las pibas, lo veo con mis nietos, son consumidores digitales, consumidores. Nosotros tenemos que prepararnos, preparar al colegio para que convierta a esos consumidores en creadores, productores y desarrolladores digitales, de manera tal que puedan desarrollar una economía digital.^[8]

Teniendo en cuenta la masividad del uso y el acceso, las oportunidades que esta industria puede representar en este momento histórico, dada nuestra dotación de recursos estratégicos para el desarrollo de la misma y los riesgos a los que la mayoría estamos sujetos, resulta imprescindible que la educación tome el rol de redireccionar toda esa actividad que realizamos como usuarios –hasta ahora pasivos– a un lugar impregnado de conciencia y conocimiento.

Este posicionamiento, acompañado de las políticas públicas correctas, significa abordar los desafíos y seguir estrategias efectivas para maximizar los beneficios y minimizar e identificar los efectos negativos que puedan atentar contra la salud integral de niños, niñas y adolescentes.

ANCHUNDIA J. D., SOZORANGA CABRERA, R. C. y MORA MOREIRA, R. X. (2024). Inclusión educativa con tecnologías accesibles: oportunidades para estudiantes con necesidades educativas específicas. Neosapiencia, 2 (2). https://neosapiencia.com/index.php/neosapiencia/article/view/9

GAVOTO, L., TERCEIRO, D. A., VOLIJ, C., DISCACCIATI, V. R. y TERRASA, S. A. (2023). Exposición a pantallas en niñas, niños y adolescentes: recomendaciones, límites y controversias en el marco del distanciamiento social obligatorio. Un estudio cualitativo. Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires, 43 (2).

LOVINK, G. (2019). Tristes por diseño: Las redes sociales como ideología. Consonni.

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Revista Jurídica Universidad Nacional del Oeste . Editada entre Julio – Diciembre del Año 2025. Periodicidad semestral.

Editorial EDUNO de la Universidad Nacional del Oeste.Realizada en el marco del Instituto de Educación, Justicia y Trabajo de la Universidad Nacional del Oeste

[1] Senador provincial (Unión por la Patria). Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires. Militante de la agrupación La Cámpora. Fue concejal del Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, titular del Consejo Municipal de ACUMAR y secretario de Gestión Ciudadana del municipio de Avellaneda.

[2] Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/kids-online-ninios-ninias-adolescentes-conectados.

[3] Disponible en: https://argentinosporlaeducacion.org/informe/celular-en-el-aula-uso-distraccion-y-aprendizajes/.

[4] Véase: Anchundia, Sozoranga Cabrera y Mora Moreira (2024).

[5] Véanse: Gavoto, Terceiro, Volij, Discacciati y Terrasa (2023); y https://www.sap.org.ar/docs/pdf/files_uso-pantallas-epoca-covid_1589324474.pdf.

[6] Decreto 459/2010, “Créase el Programa ‘Conectar Igualdad. Com. Ar’ de incorporación de la nueva tecnología para el aprendizaje de alumnos y docentes”. Disponible en: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/165807/norma.htm.

[7] Disponible en: https://www.unesco.org/en/articles/smartphones-school-only-when-they-clearly-support-learning.

[8] Disponible en: https://www.cfkargentina.com/participacion-en-el-congreso-nacional-educativo-imaginar-y-transformar/.