ENTREVISTAS

“A CUARENTA AÑOS DEL JUICIO A LAS JUNTAS, EL MAYOR LEGADO ES LA MEMORIA ACTIVA QUE DEBEMOS TRANSMITIR A LAS NUEVAS GENERACIONES”

ENTREVISTA AL DR. RICARDO GIL LAVEDRA^[1]

Por Pablo Perel y Lucía Colombo

Entrevistamos al Dr. Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces que integró el tribunal que condenó a los máximos responsables de la última dictadura militar en Argentina.

– Es un placer poder entrevistarlo. En primer lugar, queremos consultarle qué recuerdos conserva respecto del Juicio a las Juntas como momento histórico y cómo lo resignifica hoy.

– Con las limitaciones que tiene la memoria, conservo muchas imágenes del juicio y sus incidencias. Algunas me han quedado grabadas para siempre. Incluso, ya finalizado el proceso, muchas noches seguí soñando con varios de los terribles testimonios que escuchamos durante la audiencia. Creo que el Juicio a las Juntas militares fue un episodio de enorme importancia para la transición democrática argentina que se inició con las elecciones de 1983. Una especie de bisagra que quedó incrustada al comienzo de esa transición. En la Argentina de hoy, considero que debe verse como el triunfo de la ley y del estado de derecho frente a la impunidad, como la respuesta civilizada de una sociedad frente a la barbarie, como una piedra fundamental sobre la que se edificó la nueva democracia recuperada.

– ¿Qué significó para usted integrar ese tribunal y qué peso tuvo esa responsabilidad institucional en una democracia recién recuperada?

– Agradezco al destino, que me dio la oportunidad de integrar ese tribunal. Como todos los episodios de la vida, hubo alguna nota de azar. Cuando asumió el Gobierno de Raúl Alfonsín yo no pensaba retornar a la actividad judicial; tenía un alto cargo en el sector legal de una empresa privada y las obligaciones propias de un matrimonio joven –el pago de cuotas hipotecarias, los colegios de los chicos, etcétera–; pero por fortuna un amigo íntimo que también formó parte de la Cámara, Andrés D’Alessio, me convenció de que aceptara. Sin duda, es lo más importante que he hecho y que haré en mi vida. Una experiencia inolvidable y el sentimiento de gratitud por haber podido contribuir a que se hiciera justicia respecto de hechos verdaderamente horrendos.

Creo que si las cosas hubieran seguido su curso normal, no hubiera habido juicio alguno en la Argentina. No había ningún antecedente ni local ni en toda la historia universal de que se juzgaran crímenes masivos de una dictadura saliente. Los obstáculos jurídicos y políticos eran enormes, aunque hoy se los vea como nimios –ley de amnistía, tribunales militares, adhesión de buena parte de la sociedad a la represión de la subversión, que los autores de los delitos se encontraran en actividad y al mando de tropas, etcétera–. Fue la audacia y la intuición del presidente Alfonsín de patear el tablero, ir contra lo establecido y proponer a la sociedad el juzgamiento de los máximos responsables de los delitos cometidos cuando nadie lo requería.

Hacer ese juicio significó establecer el principio básico de toda democracia, la igualdad ante la ley, donde hasta el más poderoso debe rendir cuentas ante los jueces. Me parece que el juicio aportó un elemento constitutivo a la democracia que se estaba gestando.

– A cuarenta años, ¿cuáles fueron, a su juicio, los aprendizajes más profundos que dejó ese proceso judicial para la sociedad argentina?

– Por un lado, uno de los pocos consensos que tiene la sociedad argentina, el consenso denominado del Nunca Más, que, aunque con algunas abolladuras, todavía subsiste. Esto significa el repudio a las dictaduras militares, a la violencia como forma de la acción política; y, como contrapartida, la aceptación de la democracia constitucional y de la ley como herramienta de cooperación social.

– ¿Qué rol deberían cumplir las instituciones educativas, los medios y el Estado en la transmisión de esa memoria histórica?

– Mantener la memoria para evitar que algo tan trágico y siniestro pueda volver a ocurrir. Destacar el valor de los derechos humanos, que pertenecen a cada uno por nuestra sola condición humana, que deben ser respetados por todos y que el Estado debe garantizar su goce y disfrute a través de una serie de políticas públicas. Lamentablemente se ha pretendido, por parte de algún gobierno, partidizar y apropiarse de la cuestión de los derechos humanos. Esto es un error: no son patrimonio de ninguna facción política, sino de todos los argentinos.

– ¿Cómo observa el vínculo de las nuevas generaciones con la historia del terrorismo de Estado y con el proceso de memoria, verdad y justicia?

– Seguramente, para quienes han nacido después de décadas de democracia, como algo lejano y remoto. Probablemente exista también una buena cuota de desconocimiento de esos hechos del pasado. La recreación en la ficción a través de películas como Argentina, 1985 o documentales como El juicio o Traslados ayuda a los más jóvenes a conocer todo lo ocurrido. Pero me parece muy importante todo lo que se haga para mantener viva la consigna de Memoria, Verdad y Justicia, porque tiene un valor fundante de nuestra democracia.

– ¿Qué lugar cree que ocupa el Juicio a las Juntas en la historia jurídica y política mundial?

– Un lugar fundamental. Cuando se realizó el juicio no existía el derecho internacional de los derechos humanos. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Velázquez Rodríguez”,^[2] que establece la obligación de los Estados de investigar y juzgar en caso de desaparición forzada de personas, es de 1988, tres años después del juicio. La profesora de la Universidad de Harvard Kathryn Sikkink, en su libro La cascada de la justicia, sostiene que la propalación en América del Sur, América Central, Europa del Este, Asia y África del canon de comisión de la verdad y justicia se origina en el caso argentino, con la CONADEP y el Juicio a las Juntas militares. El criterio utilizado por la Cámara respecto de la autoría mediata por la utilización de un aparato organizado de poder fue citado por el Tribunal Federal de Alemania en el caso de los tiradores del muro de Berlín,^[3] por el tribunal peruano que condenó a Fujimori,^[4] y ha sido recogido por el estatuto de la Corte Penal Internacional. La experiencia argentina es estudiada en las más importantes universidades del mundo.

– Muchísimas gracias, doctor Gil Lavedra, por esta conversación y por compartir su mirada a cuarenta años del Juicio a las Juntas. Sus reflexiones no solo nos ayudan a comprender la dimensión histórica de aquel momento, sino que también son fundamentales para las nuevas generaciones, que tienen en la memoria activa y en la justicia un pilar irrenunciable de nuestra democracia.

– Muchas gracias a ustedes.

Derechos de autor: 2025 Ricardo Gil Lavedra, Pablo Perel, Lucia Colombo

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Revista Jurídica Universidad Nacional del Oeste . Editada entre Julio – Diciembre del Año 2025. Periodicidad semestral.

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