El artículo 42 revela una dimensión importante, al extenderse más allá del contrato de consumo tradicional. La relación de consumo incluye situaciones sin un vínculo contractual explícito, en las que las personas, como miembros de la sociedad de consumo, exigen el respeto de sus derechos como consumidores y usuarios, entre los que se incluyen la protección de la salud, la seguridad, los intereses económicos, la información precisa y veraz, la libertad de elección y un trato equitativo y digno. Luego de haber sido elevados a un estatus superior con la reforma de 1994, el Estado debe actuar como el principal garante. De esta manera, la norma constitucional subraya la naturaleza jurídica de la protección, al reconocer en el artículo 42 que se trata de derechos subjetivos constitucionales, directamente exigibles y aplicables sin necesidad de legislación adicional.
La ausencia de una enumeración exhaustiva o enunciativa de estas prerrogativas en nuestra carta magna asegura que la protección general de los “consumidores” y “usuarios” esté garantizada constitucionalmente, abarcando también todas las estructuras concretas y subjetivas para su defensa bajo esta categoría de rango superior. Otorgando a los dos grupos el mismo nivel de protección legal, la ley asegura la protección en diversas situaciones y relaciones jurídicas, utilizando ambos términos de manera indistinta para mantener una terminología uniforme en el contexto legal.
La segunda parte del mandato constitucional estipula que las autoridades deben asegurar la protección de los derechos mencionados en el primer inciso, y encomienda al Estado implementar políticas específicas para las que deberá establecer distintas infraestructuras institucionales. Además de promover la educación para el consumo –lo que implica la formación y concienciación de los consumidores para que tomen decisiones informadas y responsables al adquirir bienes y servicios–, debe defender la competencia frente a distorsiones del mercado –fomentando una competencia justa y equitativa entre empresas, beneficiando a los consumidores con más opciones y precios justos–, controlar monopolios naturales y legales –supervisando y regulándolos para evitar abusos de posición dominante y proteger a los consumidores de prácticas anticompetitivas–, garantizar la calidad y eficiencia de los servicios públicos –asegurando que servicios esenciales como agua, energía, transporte y salud se ofrezcan de manera eficiente y con altos estándares de calidad–, apoyar la formación y operación de asociaciones de consumidores y usuarios que permitan una representación colectiva en la defensa de sus derechos e intereses, y asegurar la competencia y la calidad en los servicios públicos (Stiglitz, 2015).

Las políticas establecidas en el artículo 42, de intervención, control y regulación, se basan en la premisa de que el Estado debe proteger los derechos e intereses de los consumidores mediante medidas activas de intervención, verificación, control y regulación de los mercados. El objetivo es asegurar un acceso equitativo a bienes esenciales para toda la población (Rusconi, 2012), en concordancia con la supremacía del bloque legal, que incluye los artículos 42 y 75, inciso 22, de la Constitución nacional. Las autoridades deben garantizar condiciones mínimas de sustento y desarrollo para la población, utilizando todos los recursos disponibles. Esta obligación se alinea con el principio general del preámbulo constitucional, que se centra en el bienestar general y las responsabilidades del Estado para satisfacer el acceso a las necesidades básicas en el marco de la relación de consumo, garantizando derechos como la libertad de elección y el trato equitativo (art. 42).
La Constitución impulsa esta medida con el propósito de abordar las desigualdades presentes en las relaciones de consumo, las cuales surgen de la disparidad de recursos económicos y científico-técnicos entre las empresas proveedoras de bienes y servicios y los consumidores y usuarios. La influencia de la publicidad manipuladora y la existencia de monopolios, tanto naturales como legales, agravan la situación. Para equilibrar el mercado, es fundamental que el Estado intervenga.
El artículo 42, con carácter programático, impone al legislador el mandato de desarrollar y regular procedimientos efectivos para prevenir y resolver conflictos en la relación de consumo. Establece que la legislación deberá crear mecanismos eficaces para la resolución de conflictos y regular los servicios públicos de competencia nacional, incluyendo la participación de asociaciones de consumidores y usuarios, así como de las provincias, en los organismos de control. El último párrafo de esta cláusula constitucional remite a la futura legislación para el establecimiento de dichos procedimientos.
Para cumplir con el mandato de establecer procedimientos eficaces, se han implementado avances a través de instituciones que equilibran la asimetría entre consumidores y proveedores. Estas han introducido medidas protectoras procesales, como el acceso a la justicia gratuita, la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, un procedimiento abreviado en la jurisdicción –trámite sumarísimo para las acciones judiciales de los consumidores–, buscando ofrecer un procedimiento más eficaz para la resolución de disputas, aunque no necesariamente más breve en cuanto a duración (Tambussi, 2014).

La inclusión explícita en el artículo 42 de los derechos de los consumidores y usuarios ha jerarquizado su importancia y exigencia incluso contra el propio Estado. Estos derechos-deberes deben ser respetados por las empresas en sus relaciones comerciales, y el Estado debe garantizar su cumplimiento mediante acciones concretas en todos los niveles de gestión (Gordillo, 2003). Ello genera dentro de nuestro ordenamiento jurídico un cambio de paradigma, que responde a la necesidad de fortalecer la protección de los consumidores debido a la degradación de su posición jurídica y la insuficiencia de los mecanismos de protección previos (Irigoyen, 1994).
Antes de esta reforma, el marco legal no era adecuado para salvaguardar de manera efectiva los derechos de los consumidores. Va de suyo que la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) representó un avance significativo, al consolidar el derecho del consumidor dentro de un enfoque constitucionalizado del derecho privado. Este código aplica el principio de diálogo de fuentes, integrando los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y ofreciendo una perspectiva más cohesiva que promueve la protección de los derechos de los consumidores. Ha alineado la normativa constitucional con el derecho privado, creando un sistema jurídico más coherente y equitativo, y proporcionando una norma mínima de seguridad y adecuación para los servicios y productos en mercados abiertos, tanto nacionales como importados (Jayme, 1995).
Con la integración de los tratados internacionales en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución y la elevación del derecho del consumidor al rango de los derechos de tercera generación, o constitucionalismo social, que abarca derechos como un trato justo, la protección de intereses económicos y el acceso a la justicia, Argentina se alinea con las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor de 1985 y 2015, que establecen la responsabilidad de los Estados de implementar políticas robustas.
El reconocimiento constitucional otorga al derecho del consumidor un rol primordial en la regulación del mercado, centrado en el principio de protección al consumidor, que promueve la solidaridad social y la lucha contra la marginación, el hambre y la pobreza, con el Estado como principal garante (Stiglitz y Sahián, 2020).
La Constitución nacional refuerza esta protección con el artículo 43, que otorga derechos de incidencia colectiva y establece procedimientos ágiles para su defensa al introducir la acción de amparo para proteger los derechos de los consumidores en ausencia de otros mecanismos judiciales adecuados. La combinación de los artículos 42 y 43 convierte el amparo en un instrumento eficaz para resolver conflictos de consumo, garantizando respuestas oportunas y eficientes. La constitucionalización de estos derechos refleja una transformación del Estado argentino de un modelo liberal y capitalista hacia uno social, evidenciando un cambio hacia una sociedad más centrada en el consumo y la protección del sujeto vulnerable en la relación de consumo.

III – PALABRAS DE CIERRE 

La reforma constitucional de 1994 en Argentina consolidó el derecho del consumidor, arraigándolo en principios constitucionales para reducir desigualdades. En un contexto nacional a menudo convulsionado, la práctica de estos principios refleja el compromiso con ideales sociales y fomenta el debate y la mejora continua. Los artículos 42 y 43 han mejorado la situación del consumidor frente a proveedores, constituyendo una respuesta progresista a desafíos contemporáneos y contribuyendo a una sociedad más inclusiva y preocupada por el bienestar general.
Clasificado como derecho de tercera generación, el derecho del consumidor busca restablecer el equilibrio en las relaciones de consumo y se reconoce como fundamental, derivado de los principios de derechos humanos. Su perspectiva solidaria destaca la función social del derecho, alineando los intereses individuales con el interés público del Estado. El jurista Bartolomé Fiorini (1979) aboga por un intervencionismo administrativo para promover el bienestar colectivo, mientras que Augusto M. Morello (2000) subraya que el derecho del consumidor busca un equilibrio integral en el mercado, proporcionando protección intensiva y herramientas jurídicas efectivas para beneficiar a toda la población.
Es por todo ello que la Constitución nacional, a partir de la reforma de 1994, impacta en los principios del derecho del consumidor, encapsula la búsqueda del ideal de justicia en el mercado y las relaciones económicas, no solo desde un enfoque regulatorio, sino también desde una perspectiva que equilibra aspectos económicos, humanos y sociales.