Resumen: El presente trabajo desarrolla la evolución que experimentó el derecho a la vivienda digna y su combinación con el sobreviniente derecho al hábitat y a la ciudad. Además, formula un repaso de la acogida constitucional y convencional que atravesó el derecho argentino desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad. Asimismo, propone pensar el rol del Estado en el desarrollo de políticas públicas eficientes que se dirijan a garantizar la materialización de estos derechos.

Palabras clave: hábitat, derecho a la ciudad, progresividad, Estado, políticas públicas, constitucionalismo, derechos sociales
Abstract: This paper develops the evolution of the right to decent housing and its combination with the supervening right to habitat and the city. In addition, it reviews the constitutional and conventional reception that Argentine law has undergone from the first half of the twentieth century to the present. It also proposes to think about the role of the State in the development of efficient public policies aimed at guaranteeing the materialization of these rights.
Keywords: habitat, right to the city, progressiveness, state, public policies, constitutionalism, social rights

I – IDEAS INICIALES 

El derecho a la vivienda, consagrado por el constitucionalismo social en la primera mitad del siglo XX, ha evolucionado en las últimas décadas y no puede pensarse aislado del derecho a la ciudad y al hábitat digno.
Este nuevo enfoque es un producto complejo que se origina en las demandas sociales y que se afirma en los derechos económicos, sociales y culturales que han obtenido reconocimiento constitucional y convencional en las últimas décadas y que consolidan un estándar internacional.
El propósito de estas páginas será, por una parte, desandar el camino que recorrió el constitucionalismo argentino desde la consagración que la Convención Constituyente formuló en 1949 del derecho a la vivienda hasta el reconocimiento convencional acogido por la reforma de 1994; y, por otra parte, analizar cómo ha sido el proceso que llevó a transformar ese derecho social en un derecho complejo que combina múltiples dimensiones y acciones que requieren la presencia de un Estado activo y articulador de los actores sociales que pulsan por exigir el cumplimiento de estándares de dignidad. 

II – DE LA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL PERONISTA
DE 1949 AL RECONOCIMIENTO CONVENCIONAL

El constitucionalismo, como indica Ziulu (2014), “es el proceso histórico en virtud del cual se van incorporando, a las leyes principales de los Estados, disposiciones que protegen la libertad y la dignidad del hombre y limitan adecuadamente el ejercicio del poder público” (p. 43).
Así, es posible señalar las diversas etapas que integran ese proceso y que se caracterizan por la inclusión de nuevos derechos que acompañan las luchas en favor del reconocimiento de la libertad y la dignidad de las personas. La doctrina es conteste en señalar, en ese sentido, que el constitucionalismo reconoce un período de antecedentes, luego se ubica el constitucionalismo liberal o clásico, seguido por el constitucionalismo social, hasta el advenimiento del denominado constitucionalismo actual.
El reconocimiento normativo del derecho a la vivienda corresponde al constitucionalismo social, que se ubica en la primera mitad del siglo pasado y se presenta como una instancia enriquecedora del constitucionalismo liberal, ya que considera a la persona en un contexto de existencia con otros. En honor a la brevedad y para no desviar el objeto de este trabajo, me limitaré a señalar que, consolidada la consagración expresa de los derechos individuales en las constituciones escritas, esta etapa se caracteriza por el acogimiento de derechos que incumben a las personas en situación social (por ello, los derechos emblemáticos de este período son los derechos del trabajador, los derechos de la seguridad social, los de la protección a la familia y a los segmentos más vulnerables de las comunidades como mujeres, personas con discapacidad y ancianos, entre otros) y por la transformación del rol del Estado, que pasa del Estado gendarme al estado de bienestar.

En el caso argentino, el reconocimiento expreso del derecho a la vivienda ocurre en la Constitución peronista de 1949 (2). El apartado 6 del artículo 37 ubica entre los derechos del trabajador el derecho al bienestar: su caracterización es compleja y suma diversos
elementos, entre ellos, “la posibilidad de disponer de vivienda”.
La Convención Constituyente presidida por Domingo Mercante sancionó una amplia reforma del texto originario de 1853-1860 que recogió las aspiraciones de la clase trabajadora, que tomaba conciencia de su rol esencial en el entramado social, y en la denominada parte dogmática de la Constitución puede observarse la cristalización del protagonismo de los sectores populares a través de la inclusión expresa de un abanico de derechos interrelacionados destinados a garantizar una sociedad más equitativa mediante la actuación de un Estado activo. La ascendencia de Arturo Sampay, convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires, merece al menos una mención en este punto: es considerado el padre del constitucionalismo social argentino y sus ideas cimentaron las reivindicaciones que la clase obrera merecía.
Como es sabido, el golpe de Estado de 1955 abrogó la vigencia de la Constitución de 1949 –en el marco de la proscripción del peronismo– y convocó a una Convención que, ilegítima, repuso la vigencia del texto de 1853-1860 con sus modificaciones e introdujo
dos reformas al texto de la carta magna argentina. Una de ellas es el artículo 14 bis. A partir de allí, los derechos de los trabajadores, de los gremios y de la seguridad social quedaron condensados en esa previsión constitucional nacida en un gobierno de facto.
A propósito, Gelli (2004) señala que “la ilegitimidad de origen de la declaración constitucional de los derechos sociales por antonomasia se purgó, finalmente, con el proceso de reforma de 1994 que hizo suyo el art. 14 bis” (pp. 116-117).
Esa misma reforma respecto del derecho a la vivienda incluyó el inciso 19 al artículo 75, que enumera las facultades del Congreso, e indica la misma autora que esta previsión “pone en cabeza del Estado el diseño de políticas públicas para facilitar el acceso a una vivienda digna” (Gelli, 2004, p. 130). Merece una mención expresa la inclusión del adjetivo “digna”, ya que “hace pensar en una vivienda con estructura básica adecuada y suficiente con más la infraestructura de servicios básicos esenciales” (Quiroga Lavié et al., 2009, p. 305).
A las normas citadas (art. 14 bis y art. 75, inc. 19, de la Constitución nacional) se adunan las previsiones convencionales. Así, en el caso argentino es preciso mencionar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que, por su inclusión en el inciso 22 del artículo 75, poseen jerarquía constitucional.
Respecto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, corresponde citar el apartado 1 del artículo 11 de la tercera parte, que prevé: