Así, el consumo es parte de la premisa madre de dicha regulación, que nos posiciona a todos los sujetos en el marco de múltiples vínculos derivados de la sociedad consumista en la que habitamos.
Debe agregarse el tejido social actual, potenciado a raíz de la tecnología y el fenómeno de la globalización. Cada día el sujeto se encuentra más cercano al consumo, por lo que podría hablarse de hiperconsumo.
Tal como expresé en trabajos anteriores (Fede, 2023), el que desea necesita, y el que necesita desea. Es por ello por lo que podemos afirmar que todo el sistema actual está fundado en la conexión de los sujetos con los productos, y que la condición inacabada existencial de estos permite que el sistema se perpetúe y se profundice.
Es decir, el contexto sociohistórico posiciona al sujeto en determinados aspectos que alteran su vida diaria, sirviendo el derecho de guía rectora y de encauce contextual.
En esa sintonía, el derecho categorizó a los consumidores y usuarios como aquellos sujetos que se encontraban expuestos a la relación de consumo, pero con una condición particular: que dentro de la cadena consumeril fueran el eslabón final; es decir, que no reingresasen el producto o servicio al sistema consumeril, puesto que de esta manera perderían la categoría de consumidores (Diazzi, 2015).
Destáquese que la ley no diferenció al consumidor únicamente como persona física, sino que también lo hizo extensivo a las personas jurídicas.
Además, se pensó la idea del equiparado en la relación de consumo; esto es, a quien se le hace extensiva la relación por el contacto indirecto con el bien o el servicio, sin haberlo adquirido directamente. Por ejemplo, el caso de las personas físicas cuando adquieren un bien o servicio no solo para su beneficio propio o particular, sino para el de su grupo familiar.
Por otra parte, dentro de la relación jurídica se previó la existencia de un proveedor del bien o del servicio, es decir, aquellos que pertenecen a la cadena de consumo, pero participando de la composición, producción, generación, comercialización, etcétera, de aquello que se coloca en la cadena consumeril y que llega a los sujetos para su utilización.
Lo importante del contexto y de la adecuación jurídica es la comprensión de la condición del consumidor frente al proveedor, que no es más que la condición de vulnerabilidad. Y producto del hiperconsumo que se refirió precedentemente, agravado por el impacto de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales, el consumidor se encuentra en una situación de hipervulnerabilidad.
Es así que, a partir de la incorporación de este paradigma, constitucionalizado a partir de 1994 con la reforma, el derecho fondal argentino constituyó un nuevo sustrato, del cual se requería, en lo general y particular, el aggiornamento desde el derecho adjetivo.

II – LA INCORPORACIÓN DE LA CATEGORÍA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Posterior a la sanción y entrada en vigor de la ley referenciada precedentemente, se propulsó la necesidad de incorporar a la Constitución nacional un hilo rector en la materia (Truscello, 2013).
Es así que, hace treinta años, con la reforma constitucional de 1994, se incorporó el artículo 42, el cual regula el derecho de los usuarios y consumidores de bienes y servicios, en el marco de la relación consumeril, a la protección integral, que congloba todos los aspectos de la vida del sujeto, tales como cuestiones inherentes a la salud, la seguridad, los intereses económicos, la información, la libertad de elección, las condiciones de trato digno y equitativo, entre otras.
El Estado argentino ha otorgado una garantía fundacional a este tipo de sujetos, por lo que las políticas deben estar destinadas a la tutela efectiva de esta categoría de derechos.

En ese sentido, se prevé que un modo de garantizar la efectiva tutela se da a través de la instauración de procedimientos especiales y eficaces de prevención, como así también de resolución de conflictos.
También las provincias comenzaron a incorporar en sus constituciones la categoría en tratamiento: Buenos Aires (art. 38), CABA (arts. 14, 46, 138 y 139), Catamarca (art. 57), Córdoba (art. 29), Corrientes (arts. 48, 67 y 233), Chaco (arts. 19, 45, 46 y 47), Chubut (arts. 33 y 89), Entre Ríos (arts. 30 y 56), Formosa (art. 74), Jujuy (arts. 93 y 228), La Rioja (arts. 51 y 60), Misiones (art. 50), Neuquén (art. 55), Río Negro (art. 30), Salta (art. 31), Santa Cruz (art. 46), San Juan (art. 69), Santiago del Estero (art. 36), Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (art. 22) y Tucumán (art. 42).
Como ejemplo, la provincia de Buenos Aires positiviza el derecho del consumidor en su artículo 38, identificando como la Constitución nacional los derechos y garantías que los consumidores tienen dentro de la relación de consumo.
En miras de esa tutela otorgada por el ordenamiento jurídico, si se estima configurada una relación jurídica consumeril, se habilitará la aplicación de toda norma tuitiva de la legislación.
Así, podemos observar que nos encontramos en presencia de un paradigma inserto en nuestra sociedad que salpica todas las ramas del derecho y que merece ser estudiado profundamente, como también debemos analizar si las normas de fondo se encuentran programáticas en el marco del cumplimiento de las reglas procedimentales, tal como se ha expuesto.

III – LOS PROCESOS DE CONSUMO, LA NECESIDAD DE REGULACIONES ESPECÍFICAS
Y LA ADAPTABILIDAD

Nuestro país, a partir del andamiaje construido y referenciado, ha otorgado una serie de garantías específicas a fin de resguardar la tutela efectiva de esta categoría de dere3 chos. En lo referente a procedimiento, la Ley 24.240 (3) ha dispuesto un capítulo específico en materia de acciones.
Conforme el capítulo XIII, se regularon cuestiones inherentes a la acción en materia consumeril, la legitimación propia del consumidor y la atribuida a organizaciones regladas por la ley, denominadas Asociaciones de Consumidores (art. 52).
Además, la norma previó reglas específicas en materia de proceso, tales como lo dispuesto en el artículo 53: