Es un honor y un compromiso inaugurar esta edición de la Revista Jurídica de la Universidad Nacional del Oeste, dedicada en esta ocasión a uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática: los derechos humanos.
En el contexto argentino, la protección y promoción de los derechos humanos ha sido un tema central a partir del regreso de la democracia en el año 1983. Desde los años de lucha por la justicia y la igualdad hasta los desafíos contemporáneos que enfrentamos, su respeto sigue siendo un imperativo moral y legal ineludible.
El año pasado conmemoramos un hito trascendental en nuestra historia: los 40 años ininterrumpidos de democracia luego del período de oscuridad iniciado con el golpe militar de 1976. Cuatro décadas de esfuerzos incansables por construir una sociedad más justa, más libre y más democrática. Cuatro décadas de desafíos superados, pero también de retos pendientes.
Durante estos años, hemos sido testigos de avances significativos en la promoción y protección de los derechos humanos en Argentina. La recuperación de la democracia ha permitido consolidar un sistema judicial independiente, capaz de velar por los derechos de todas las personas, en especial de aquellos que históricamente han sido marginados.
Sin embargo, también somos conscientes de que nuestro país aún enfrenta grandes desafíos en esta materia. La lucha contra la impunidad, la violencia de género, la discriminación y la exclusión social son sólo algunos de los frentes en los que debemos redoblar nuestros esfuerzos. En la actualidad, Argentina enfrenta diversos desafíos en cuanto al acceso a la justicia, los cuales afectan directamente la efectividad de los derechos humanos. Las demoras y la congestión judicial, implican largos tiempos de espera para acceder a una resolución judicial. La carga de trabajo en los tribunales y la falta de recursos adecuados contribuyen a estos retardos, lo que dificulta el acceso para muchos ciudadanos.
Por otro lado, persiste la desigualdad para aquellos que quieren acceder al sistema de justicia. Existe una brecha significativa entre diferentes sectores de la sociedad. Las personas de bajos recursos económicos, comunidades marginadas, pueblos originarios y grupos vulnerables enfrentan mayores barreras para acceder a servicios legales y judiciales adecuados.
Entre las deudas del sistema se puede enunciar la falta de información y educación legal: muchas personas no tienen acceso a información clara y comprensible sobre sus derechos legales y cómo acceder al sistema judicial. La falta de educación legal contribuye a la exclusión de grupos vulnerables y a la perpetuación de la injusticia.
La comunicación eficaz de la actividad judicial es una deuda pendiente. El sistema se escribe a sí mismo. La primera instancia a la cámara, ésta a la casación, y la casación a la corte. Se pierde de vista que los verdaderos destinatarios de la resolución son los ciudadanos que instan la intervención judicial. La implementación del Lenguaje Claro es una de las herramientas indispensables para reconstruir la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad y la equidad del sistema legal.
Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que incluya reformas legislativas, asignación adecuada de recursos, fortalecimiento de la educación legal y programas de acceso a la justicia, así como medidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial. Sólo mediante un compromiso firme con la igualdad ante la ley y el acceso equitativo a la justicia se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y democrática en Argentina.
Es en este contexto que la formación juega un papel crucial. La educación jurídica, en particular, desempeña un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos. Una formación sólida en principios éticos y legales, así como en los instrumentos internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos, es esencial para garantizar que los profesionales del derecho puedan desempeñar su papel de manera efectiva en la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas. Por ello, esta edición también busca reflexionar sobre la importancia de la formación jurídica en la promoción de los derechos humanos. Desde la educación en valores hasta la capacitación en herramientas legales específicas, pasando por la importancia del compromiso ético y la responsabilidad social del abogado, la formación jurídica se erige como un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. 

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los autores, colaboradores y lectores que hacen posible esta publicación. Su dedicación y compromiso son fundamentales para enriquecer el debate jurídico en nuestra comunidad y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en Argentina. Espero que esta edición sea una fuente de inspiración y reflexión para todos aquellos que trabajan incansablemente en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país. 

¡Qué esta revista sea un faro de conocimiento y justicia en nuestro camino hacia un futuro más justo y equitativo para todos!