V – PLAZO

Otro punto a considerar, es el plazo por el que este tipo de medidas puede disponerse, atendiendo a que si el proceso penal es un ordenamiento secuencial que se estructura sobre grados de conocimiento, la verosimilitud que abastece el inicio de la instrucción −cuadro en el que su procedencia de oficio encuentra soporte en la urgencia− no puede ser ajena a una continua y permanente evaluación dada la posibilidad de graduar su intensidad o incluso, la de disponerse su reemplazo por una medida más laxa o de mayor gravedad.

Es por ello, que encuentro aconsejable la vista inmediata al representante de la acusación para que, evaluado el caso con debida motivación (art. 106 del CPP), se pronuncie acerca de la limitación de los derechos impuesta al demandado sin excitación de parte, oportunidad en la que no podrá dejar de considerar los derechos de aquellos que forman parte del entorno familiar y social del denunciado, los que en muchas ocasiones, indirectamente, se ven afectados por la decisión judicial.

El art. 8 bis de la Ley provincial 12.569 señala que “la Jueza o Juez tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para … proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia”, especificando en su art. 12 que se “deberá establecer el término de duración de la medida conforme a los antecedentes que obren en el expediente, pudiendo disponer su prórroga cuando perduren situaciones de riesgo que así lo justifiquen”. Por su parte, a nivel nacional el art. 27 de la Ley 26.485 indica que “El/la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado”.

VI – DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA DEPENDIENTES DE INSTANCIA PRIVADA

En lo que hace al ejercicio de la acción penal en delitos de acción pública dependientes de instancia privada, es bueno reparar en lo resuelto por la casación local en los autos “Moirón Sergio Enrique s/ Recurso de casación interpuesto por el fiscal” puesto que en este precedente se propone analizar, como punto de partida, si las conductas abarcadas por el art. 1o de la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, podrían considerarse de interés público y habilitar la actuación de oficio −aspecto que tiene estricta relación con el tema abordado− al encontrarse en juego el interés del Estado en respetar y hacer valer los compromisos internacionales asumidos en la materia. En esa oportunidad, el Tribunal decidió revocar la decisión impugnada y ordenó reenviar las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que había hecho lugar a la falta de acción, declarado la nulidad y el sobreseimiento del imputado, para que, “sin rigorismo formal”, abordara nuevamente la cuestión (8).

En otro precedente similar, pero por mayoría, se consideró encontrase en juego intereses de orden público que impedían erigir la exigencia del art. 72 inc. 1°. del Código Penal como un valladar para la persecución y eventual sanción de los actos de violencia que el Estado Argentino se comprometió a erradicar (9).

VII – “GUIA DE PRÁCTICAS ACONSEJABLES PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”

Por último, es notable destacar que en el mes de marzo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, propuso una serie de pautas a las que denominó “Guía de Prácticas Aconsejables para Juzgar con Perspectivas de Género” (aprobada por la Resolución SC nro. 189/24) en las que se hace alusión a que las medidas de protección “pueden tomarse de oficio o a petición de parte”, aclarando que no deben considerarse una afectación al principio acusatorio ni a la garantía de imparcialidad al no producir prueba ni integrar el objeto del proceso penal, puesto que sólo constituyen una “medida de protección, frente a una situación de riesgo que no admite demora, en cumplimiento de mandatos convencionales, constitucionales y legales” ( apartado VII, p.15).

La misma, se encarga de citar algunos ejemplos de este tipo de medidas, señalando como tales “el cese de los actos, restitución de efectos personales, prohibición de compra/tenencia de armas y/o secuestro de las mismas, prohibición de acercamiento, medidas de seguridad en el domicilio de la víctima, asistencia médica o psicológica, entre otras”.

Por su parte, resalta la importancia de que las medidas sean dictadas en tiempo oportuno y que sean efectivas para prevenir o proteger a la víctima de actos futuros, lo que exige el análisis del caso y su seguimiento para dar seguridad y tranquilidad a las víctimas de su correcta aplicación y cumplimiento y para ajustar las medidas existentes (10).

No obstante, si bien tales medidas no constituyen producción de prueba ni pueden −eventualmente− integrar el objeto del proceso, considero que ello no puede habilitar la adopción de medidas irreflexivas o automáticas, para lo cual es necesario favorecer el correcto contralor de las partes que asisten al proceso en función a sus intereses, sin perjuicio del deber de objetividad con el que se le impone actuar al titular de la acción pública. He de enfatizar nuevamente que si bien nuestro país adscribe a los imperativos de orden supranacional relativos a la protección de derechos humanos, que encomiendan un deber de diligencia reforzada para prevenir, garantizar y adoptar todas las medidas necesarias −en forma inmediata− para reparar o subsanar, así como también sandivorciarse de nuestro sistema de enjuiciamiento como estandarte del principio de igualdad de armas y herramienta de prevención de avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas frente el aparato estatal, dado el poder de coerción que tales medidas importan para quienes permanecen inmersos en tales círculos de violencia (11).

VIII – CONCLUSIONES

De esta forma, doy por seguro la necesidad de una intervención oficiosa de la jurisdicción para atender con prontitud la afectación de este tipo de derechos, pues ello habilita una rápida actuación administrativa, no sólo necesaria para poner freno a la vulneración de derechos que se reclama y evitar la propagación de otras consecuencias dañosas que subyacen al delito, sino también para que pueda trabajarse sobre una incidencia actual o inminente que por la gravedad de su transgresión no admite demoras.

Entiendo así, que las medidas a las que nos hemos referido deben necesariamente encontrar resguardo en la situación de urgencia en la que se ven inmersos estos tipos acontecimientos, pues será ese estado de alarma y conflictividad el que habilita y obliga a proceder de tal forma, cabiendo por ende sustanciar la cuestión y dar la posibilidad a que un representante del Ministerio Público Fiscal se expida, fundadamente, acerca de su mantenimiento, modificación o todo cuanto estime pertinente respecto al caso que le quepa intervenir y a la luz del grado de conocimiento probatorio propio de la etapa procesal que se transita, en tanto que en aquellos supuestos de hecho que estimare no contar con una hipótesis delictual a confirmar, será un juzgado de familia o de paz el órgano que deberá tomar intervención conforme a las competencias de cada fuero.