Por su parte la democracia se ha manifestado siempre como una promesa y un problema a la vez (Rosanvallon, 2015). Promesa de igualdad y autonomía de la sociedad, pero problema porque se ha incumplido y fracasado. No obstante, el problema en algún punto resulta constitutivo en tanto que la existencia de un gobierno representativo, implica una desigualdad de facto y por lo tanto instala de facto una desconfianza frente al poder que se materializa en desafección cívica o rechazo al sistema político. En ese aspecto es en la desconfianza donde coinciden ambas tradiciones de pensamiento.

Dicha desconfianza ha sido teorizada por la tradición liberal como una prevención a la acumulación del poder que deja al individuo desprotegido frente a los poderes despóticos. Por eso desde el liberalismo existe una prevención histórica hacia formas de gobierno que pueden ser potencialmente avasallantes. Por otra parte, y desde la tradición democrática la desconfianza radica en cómo garantizar que el poder sea fiel a sus compromisos para lograr el bien común (2).

Retomando la desconfianza del liberalismo hacia la democracia, la ciencia política anglosajona ha venido instalando en el último tiempo la idea de los beneficios y estabilidad de la participación restringida (Miguel, 2021). Para esta tradición, el exceso de democracia constituye una amenaza para el sistema político y las libertades individuales. En buena medida el gobierno liberal parte de una definición del sujeto en la que resulta vital el autogobierno y la autorrealización. Por otra parte, la tradición democrática parte de la idea del gobierno del pueblo en el que el derecho al sufragio y las modalidades de control o contrademocracia, son las manifestaciones más relevantes de esta apropiación social del poder que busca remediar el mal funcionamiento de las instituciones (Rosanvallon, 2015).

Ambas apuestas articuladas en los sistemas de democracias representativas, han logrado crear una forma particular de participación ciudadana que es leída de dos formas: como desafección democrática y apatía política; como la proliferación de formas de participación no convencional. En cualquiera de los dos casos pareciera que se asiste en la actualidad a una crisis del sistema, en tanto que la participación electoral se ha constituido como el único ejercicio y prueba de la realización de la democracia, mientras que los ideales de igualdad se han convertido en una cuestión puramente formal ante las condiciones materiales en las que se insertan los sistemas democráticos.

En América Latina esta crisis es especialmente visible después de los procesos de transición democrática, los cuales inauguraron más que democracias representativas, democracias delegativas, en las que el presidente es considerado como la encarnación del país y el principal custodio de los intereses nacionales (3).

Luego de las transiciones democráticas, la figura presidencial y los amplios márgenes de su acción, han hecho que otras instituciones, que son en esencia más representativas de la diversidad social e incluso cristalizaciones de avances democráticos, queden obturadas o su existencia atada a merced de la voluntad personal del presidente. Muestra de ello son el descrédito de los Congresos de las Repúblicas o las constantes reingenierías ministeriales que dificultan la consolidación de políticas de Estado. Aunque es innegable que parte de ese margen se relaciona con las asimetrías propias de la representación, es más que frecuente que se genere cierto desacople entre el accionar de los representantes que dejan de actuar en nombre de la categoría pueblo y por el contrario actúen en vez de este. Por lo tanto, ni quienes representan, ni sus reivindicaciones en nombre del pueblo son necesariamente democráticas (Näsström, 2017) y en ese sentido cabe preguntar si las elecciones son muestra suficiente de democracia.

III – SOBRE LA NATURALEZA DE LOS PROCESOS ELECTORALES:

    ¿QUIÉN TIENE EL PODER Y CÓMO SE EJERCE? (4)

Desde la teoría, los procesos electorales son la piedra angular de las democracias representativas modernas por medio de las cuales el pueblo se gobierna indirectamente a partir de la elección de representantes, sin embargo, este ejercicio le impide a su vez intervenir de hecho en el gobierno. Bajo esta paradoja las decisiones políticas suponen una respuesta a la voluntad del pueblo bajo la fórmula una persona equivale a un voto (Näsström, 2017), pero esta abstracción deja por fuera la materialidad tanto de la persona como el contexto en el que se inserta el ejercicio electoral. Si bien la fórmula crea una igualdad, esta deviene ficcional política ante las crecientes desigualdades materiales en América Latina, generando una tensión permanente pero invisible entre el ideal y un mundo marcado por la alta concentración de la riqueza (Miguel, 2021).

Existe la necesidad de revisar por qué si el pueblo realiza operaciones que le permiten ser autor y destinatario a través de los procesos electorales, la realidad indicaría un comportamiento contrario, no sólo de los contenidos elegidos sino incluso de los mecanismos de elección. En las mediciones anuales del latinobarómetro (5) se evidencia una tendencia creciente a considerar que da lo mismo tener cualquier forma de gobierno, incluso hay valoraciones positivas con respecto al autoritarismo. Este fenómeno coincide a su vez con un marcado abstencionismo en las elecciones y en el último tiempo, con el aumento del respaldo a la extrema derecha y la ruptura del consenso de la democracia liberal que se ha traducido en un diagnóstico que avala la creciente idea de crisis de la democracia representativa.

Para Rosanvallon (2009) la crisis de la democracia representativa electoral es en el fondo una crisis de entendimiento entre la representación y el acto de votar en tanto convención empírica. Como se planteó en párrafos anteriores la desconfianza es un elemento intrínseco a la democracia, es decir que apelar a que esta se encuentra en crisis puede ser una situación recurrente, sin embargo, para el caso latinoamericano habría que integrar al análisis el problema irresuelto y agravado de la inequidad y la promesa de la igualdad que supone la democracia, cuyos índices han empeorado regionalmente a partir de las transiciones democráticas. Con algunas ventanas de mejoría, pero sin regresar a los valores anteriores a las dictaduras de los años setenta. Por eso, aunque las elecciones son parte de la democracia representativa, si se integra la dimensión material al problema de la democracia, esta no cuenta con una fuente de legitimidad incluso cuando ahora se reduce a eso (Näsström, 2017).

La representación entonces es un concepto y como tal contiene una historicidad y una vacancia de sentido de acuerdo a la coyuntura (Duso, 2004), al igual que la libertad y la igualdad. La libertad supone una interdependencia de las voluntades de individuos iguales de no dañarse, cuya voluntad individual al constituirse en voluntad general se erige como el fundamento de la sociedad. Se supone que todo ejercicio político que provenga del pueblo jamás será contrario a sus propios intereses. No obstante los ejercicios electorales, ya sea para elegir representantes o legitimar decisiones políticas han tenido efectos contrarios a los que se supone busca el pueblo.

IV – EJERCICIOS ELECTORALES EN CONTEXTOS DE CRECIENTE DESIGUALDAD

Retomando la pregunta de James Buchanan (1982) ¿Cómo puede incorporarse un contenido con verdadero significado a la frase “gobierno por el pueblo”? La respuesta que el autor da a esta pregunta es que la cuestión de las mayorías ha venido a llenar este vacío conceptual. La tradición liberal ha sido enfática en temer el totalitarismo de la denominada democracia ilimitada o de mayorías porque mucha democracia puede poner en riesgo las libertades individuales. El argumento de Buchanan apunta contra la participación amplia de las masas, no obstante, existe una marcada tendencia de muchos gobiernos liberales que recurren de forma permanente a las mayorías para ampliar sus regresivas agendas de gobierno.

Por lo tanto, con estos mecanismos de legitimación se manifiestan varias de las contradicciones esbozadas con anterioridad y sobre las cuales hace falta encontrar una salida si la apuesta política es la ampliación democrática. En primer lugar, la participación del pueblo en elecciones no significa que se asista a una profundización democrática y por otra parte y conscientes de ello, los gobiernos de extrema derecha reafirman sus agendas por medio de mecanismos de decisión masivos que reducen no sólo la noción de democracia, sino que también socavan los cimientos básicos de esta como lo son los derechos sociales y los políticos e incluso aquellos individuales como puede ser el derecho al aborto.

En este tipo de iniciativas se tensionan algunos elementos teóricos tanto del liberalismo que teme que las masas vulneren las libertades individuales, como de la supuesta bondad del pueblo para sí mismo cuando participa en elecciones o procesos de consulta popular. Si bien las tensiones que se desencadenan en los procesos de elección varían de acuerdo al contexto en el que se insertan, en el caso concreto de consultas populares o plebiscitarias que terminarían decidiendo sobre un derecho, en este caso el derecho de las mujeres a abortar, no sólo que vulneraría efectivamente una libertad individual, sino que además terminaría siendo una minoría la que decide pues por lo menos en la región, existe una marcada tendencia a la abstención que en algunos países supera el 50% del padrón electoral.

En ese sentido se podría interrogar al liberalismo sobre qué se debe entender como mayoría cuando los procesos electorales presentan una abstención alta, es decir cuando la parte absoluta se mantiene al margen del proceso electoral, o si cualquier mayoría constituye un riesgo en sí misma, incluso cuando en realidad es una minoría numérica comparada con la totalidad. En ese sentido el concepto de mayorías y sus riesgos potenciales representan una dimensión más compleja para analizar, siendo por lo menos en América Latina las minorías electorales las que terminan decidiendo en el espacio fetichizado de la democracia, es decir las urnas (6).

V – EL VACIAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Este diagnóstico del problema de las mayorías ha sido el mismo al que por ejemplo llegan algunos teóricos liberales como Rougier (1963), para quienes la solución radica en disminuir aun más la democracia y restar aun más la participación del pueblo en las elecciones. El ideal debería ser la democracia parlamentaria. Coincidiendo en que el problema de cualquier forma radica en la calidad democrática, existe otra postura más cercana al marxismo que considera que de la cualificación política de las mayorías, se desprenderá la garantía de las libertades individuales, la genuinidad de la representación política y la garantía de derechos.

La reducción de la democracia representativa al ejercicio de elección efectivamente ha derivado verdaderos proyectos políticos autoritarios, pero la solución de restringir aun más la participación política, tampoco resulta ser una garantía para las libertades individuales. La reducción de la democracia a la elección ha sido una decisión política que ha sido coincidente en las últimas décadas con una sobrevaloración de la libertad negativa sobre otros valores constitutivos de la vida en sociedad y lo colectivo (7).

Como se señaló anteriormente la sociedad se funda sobre el valor de la igualdad formal y la libertad, pero el desequilibrio en los valores que priman allanan el camino para que sea la democracia, en su versión formal como material la que se encuentra en crisis.

En la nueva razón neoliberal del mundo los sujetos quedan sometidos a la lógica tanto de la competencia como a la de ganancia económica (Brown, 2017).

Aunque desde las ciencias sociales se haya tendido a entender el neoliberalismo como una serie de medidas económicas, este ha resultado ser un orden de razón normativa que lleva todas las dimensiones de la vida a prácticas y mediciones económicas individuales. Esta nueva lógica y construcción de sentido implica la destrucción de lo colectivo y lo público, ya que destruye los fundamentos sobre los que se erige la democracia, pues en un sistema de competencia no hay lugar para la igualdad.

La política y el manejo del Estado quedan sujetos a la lógica de la competencia y las preocupaciones por la justicia y la democracia retroceden (Brown, 2017) (8) . De acuerdo al contexto, la forma de gubernamentalidad se adapta y establece vasos comunicantes con fuerzas que no necesariamente son proclives a ampliar libertades civiles, como lo son partidos religiosos o partidos conservadores que se oponen al aborto, pero que en materia económica y frente al rol del Estado encuentran bases discusivas comunes. La crítica al rol del Estado se plantea desde una visión económica donde se evalúa la gestión a partir del manejo eficiente de recursos y no un manejo sin límites de los recursos (9).

VI – REFLEXIONES FINALES

El recorrido del texto abordó el problema teórico y práctico que supone tanto garantizar las libertades individuales, como preservar la igualdad formal y de manera más ambiciosa la igualdad material, pues como lo han afirmado varios autores, la igualdad ante la ley o la igual participación en los ejercicios electorales no constituye en sí la democracia y no necesariamente es un ejercicio democrático. Suponer que las elecciones constituyen en sí la democracia, implica de entrada un serio problema de reducción conceptual que ha ido de la mano con el vaciamiento teórico y material de la misma.

La reducción de la democracia al voto se ha acompañado con el impulso de un sentido común que desarticula lo público y lo colectivo − espacios históricos de la democracia− y se ha reemplazado por una visión empresarial del Estado y del manejo restringido de los recursos públicos los cuales desde otra lógica deberían encaminarse a mejorar las condiciones de igualdad material, justamente como una premisa para el ejercicio democrático.

Las mayorías no son el problema, como sí las mayorías en condiciones de creciente desigualdad material, o en otras palabras, mayorías con peores condiciones materiales y simbólicas de existencia. Es decir que en el ejercicio práctico de la elección no basta con afirmar y dar como legítimo que las mayorías eligen. Sobre este punto es que surgen los plebiscitos que intentan someter al juicio de la mayoría la ampliación de derechos o incluso la vigencia de algunos de estos con resultados negativos para los propios intereses pues no se tiene en cuenta la calidad democrática.

Evidentemente y frente al escenario actual donde la democracia es entendida como una cuestión reducida, pero además donde el único valor ponderable es el de la libertad económica y la libertad negativa, no así otras libertades que aún no son legales y que por lo tanto deben ser garantizadas bajo una perspectiva de libertad positiva, se hace necesario volver sobre las condiciones materiales que construyen la realidad democrática.

Aunque esta tensión puede resolverse reafirmando el argumento de la necesidad de limitar la democracia, pues evidentemente una minoría capacitada sea mejor para decidir sobre asuntos públicos, afirmación que tampoco constituye una garantía de mejor gobierno y de respeto a las libertades individuales como parecieran olvidar quienes propenden por esta solución, resulta necesario en un ejercicio de crítica liberal aterrizar sobre las condiciones materiales de existencia cualquier ejercicio político y análisis social.

Por eso la solución no se encuentra en las mayorías sino en la calidad que tenga la participación política de estas, la cual se logra ampliando los espacios de participación ciudadana y mejorando necesariamente la igualdad material. En ese sentido es una reivindicación el asumirse como ciudadanos con libertades, pero también con derechos, muchos de los cuales aún no están del todo incorporados en los cuerpos legales, y que tampoco se insertan en la lógica del consumidor, pues necesariamente incluso los derechos individuales, es decir ser sujeto de derechos es un asunto público.