Resumen: El presente artículo forma parte de una incipiente línea de investigación (3) que se desarrolla en el marco del Instituto de la Cultural Popular y Pensamiento Nacional de la Universidad Nacional del Oeste respecto a las políticas públicas vinculadas al reconocimiento sobre la soberanía del territorio de las islas Malvinas, del Atlántico sur y del Mar Argentino. En el contexto actual se considera oportuno reflexionar y visibilizar estas cuestiones para contribuir al debate sobre la geopolítica del poder, la soberanía y el fortalecimiento de la conciencia nacional desde una perspectiva de defensa irrestricta de los DD.HH., comprometiendo a la comunidad universitaria, de una manera viva, en las problemáticas nacionales, regionales y locales. En ese marco, nos permitimos compartir algunos de los avances a los que hemos arribado.

Palabras clave: extractivismo, recursos naturales, modo de producción capitalista

Abstract: This article is part of an incipient line of research that is developed within the framework of the Institute of Popular Culture and National Thought of the National University of the West regarding public policies linked to the recognition of the sovereignty of the territory of the Malvinas Islands of the South Atlantic and the Argentinian Sea. In the current context, it is considered appropriate to reflect and make these issues visible to contribute to the debate on the geopolitics of power, sovereignty and the strengthening of national consciousness from a perspective of unrestricted defense of human rights, engaging the university community, in a lively way, in national, regional and local problems. Within this framework, we allow ourselves to share some of the progress we have made.

Keywords: extractivism, natural resources, capitalism mode of production

 I – LA TEORÍA DE LOS BIENES COMUNES Y EL EXTRACTIVISMO

James O ́Connor (2002) afirma la existencia de dos contradicciones principales del modo de producción capitalista. La contradicción clásica de explotación capitalista del trabajo inherente al ámbito de valorización del capital. Por otro lado, la de capital respecto de condiciones de producción que es propia de la lógica instrumental de los llamados recursos naturales y es expresada en términos de valores de uso. El capitalismo a partir de la primera genera recurrentes crisis de sobreproducción de capital, que tienen su origen en el aumento de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo. Este tipo de crisis son internas al sistema y se explican por la contradicción producción social- apropiación privada. Mientras la segunda contradicción hace referencia a las condiciones de producción, externas a los mecanismos del mercado. Existen, según Marx, tres condiciones de producción: la fuerza de trabajo humana, el ambiente o condiciones naturales o externas de producción y la infraestructura urbana o condiciones generales, comunitarias de producción (O ́Connor, 2002). Las crisis recurrentes de sobreproducción implican la necesidad del capital de realizar nuevas experiencias de acumulación por desposesión (Harvey, 2007) con el objetivo de restaurar la tasa de ganancia. Los capitales ociosos sin posibilidades de inversiones rentables, necesitan extenderse sobre las condiciones de producción. De esta forma, el capital avanza sobre determinados bienes comunes (4) .

El “extractivismo” es otra forma de expansión del ámbito de realización del capital sobre las condiciones de producción y es, entonces, consecuencia de la racionalidad instrumental de la naturaleza. Esta tiende al socavamiento de la base natural del sistema,

dado que, por cuestiones de tasa de ganancia, el capital no puede prever el costo de reproducción de la naturaleza (Riffo y Galafassi, 2018). El proceso de acumulación del capitalismo actual, implica una reprimarización de las economías latinoamericanas (y de los países del sur global en general), instaurando una economía de rapiña que busca extraer lo máximo posible en el menor tiempo, sin tener en cuenta ni el costo ambiental ni la sostenibilidad de ese proceso (Galafassi, 2010).

Según lo que expone Svampa (2011) algunos países (5) privilegian el cuidado del ambiente local en perjuicio del ambiente a nivel global. Este movimiento torna lucrativos territorios que anteriormente eran considerados improductivos. En ese sentido, las disputas territoriales entre potencias mundiales y países periféricos pueden ser entendidas como consecuencia de las crisis de realización del capital. La cuestión Malvinas adquiere otra relevancia como extracción de recursos naturales y cercanía a fuentes de bienes irreproducibles mediante el trabajo humano.

II – MALVINAS, OCUPACIÓN Y EXTRACTIVISMO

Retomando el conflicto en torno a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes del Atlántico Sur, es oportuno mencionar que se ubican en un lugar estratégico, frente al estrecho de Magallanes y próximas al pasaje de Drake y canal de Beagle, donde se establecen los pasos bioceánicos entre el Atlántico y el Pacífico. Esto repercute sobre el control del tráfico marítimo desde el sur de África y de América hacia el Atlántico Norte (6). Desde los Acuerdos de Comunicaciones de 1971, Argentina desplegó una política de acercamiento hacia las islas a través del establecimiento de enlaces aéreos y marítimos y la provisión de servicios (7). En este contexto (8), Gran Bretaña comenzó a delinear una política planificada en relación a la explotación y apropiación de recursos económicos vinculados al petróleo y la pesca (Cisilino y Bilmes, 2023).

A fines de la década del 70 hubo una reconversión de la economía malvinense desde la producción de lana hacia la explotación pesquera, actividad en expansión (Bareiro y Rattenbach, 2022). Poco después en 1986 los ingleses establecieron una Zona Económica Exclusiva (ZEE) circundante a Malvinas para la explotación pesquera, la cual se fue extendiendo a través de los años. Durante la presidencia de Carlos Menem, la Argentina experimentó un enorme retroceso de su soberanía, al colaborar en el monitoreo científico y compartir con el Reino Unido información estratégica sobre los recursos vivos marinos de la ZEE (9). El negocio pesquero adquirió cada vez mayor relevancia, siendo hoy una materia de disputa comercial. La enorme riqueza que persiguen las multinacionales presentes en el Atlántico Sur tiene relación directa con las consecuencias medioambientales en la zona, debido a la depredación que se produce.

Según los datos oficiales para el año 2018 el 63,6% del producto bruto interno se debe  a la actividad pesquera y de acuicultura (10), siguiendo con un 10,3% las actividades ligadas al sector público (Falkland Islands Government, 2021). Dos características a tener en cuenta para analizar el sector productivo es que las licencias que se extienden a las empresas pesqueras pueden ser de hasta 25 años, otorgando derechos a largo plazo y que el control sobre la posible sobreexplotación de los recursos depende de la presencia de los/as escasos/as inspectores/as a bordo (Ortega, Saavedra y Esquiroz, 2019).

Por otro lado, la aprobación, por parte de la ONU, de la presentación argentina sobre el límite exterior de la plataforma continental ratifica el derecho de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo en más de 1.782.000 km² de plataforma continental argentina, lo que implica un aumento del 35%, pero, no impacta de modo directo sobre la columna de agua, por lo cual, no tiene influencia sobre la mayoría de los recursos pesqueros importantes para la región (11). Por ello, afirman Spinelli, Tomasini y Dentice, (2018) “es necesario lograr acuerdos con Naciones Unidas para el manejo de altamar, más allá del límite de la zona económica exclusiva, para abordar la pesca ilegal”.

III – POLÍTICAS IMPLEMENTADAS ¿QUÉ HIZO EL ESTADO ARGENTINO EN LA ÚLTIMA DÉCADA PARA RECUPERAR SOBERANÍA SOBRE LOS BIENES COMUNES?

Una de las principales iniciativas, instaurada en 2014 fue el proyecto Pampa Azul. Con la participación de más de 30 científicos y de universidades nacionales como la de la Patagonia San Juan Bosco y la Patagonia Austral, junto al CONICET, permitió la incorporación de conocimiento sobre los recursos del mar de manera integral, como así tener presente que el Mar Argentino aporta 1,5 % del PBI con posibilidad de que sea el 15 % (12) .

Desfinanciado durante la gestión gubernamental de Mauricio Macri, fue relanzado en la presidencia de Alberto Fernández, coincidiendo con la aprobación de la Ley 27.557, que demarca el reconocimiento del nuevo límite exterior de la plataforma continental argentina, más allá de las 200 millas náuticas.

Otras acciones importantes fueron las de considerar, en 2020, a la industria naval como sector estratégico y la creación del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF) y del Colas Fuerzas Armadas en el control y la vigilancia de los espacios marítimos y fluviales del país, incluyendo el control de la pesca ilegal, la protección de los recursos naturales en el mar y el monitoreo del cumplimiento del marco legal vigente en las Áreas Marinas Protegidas. En términos científicos, la creación del Polo Industrial-Tecnológico para la Defensa, sumado a las empresas estatales INVAP y ARSAT, de vanguardia mundial en tecnología aeroespacial, también deben ser considerados avances para la soberanía nacional. (Spinelli, Tomasini y Dentice, 2018). Finalmente, las tareas de construcción de nuevos laboratorios en las bases antárticas argentinas como Esperanza, Orcadas y San Martín. Ello permitirá entablar nuevos ejes logísticos con Ushuaia, a la vez que mejorar la calidad de las bases argentinas. (Cisilino y Bilmes, 2023).

IV – CONCLUSIONES

A lo largo del artículo intentamos mostrar una aproximación novedosa a la discusión sobre la ocupación colonial en las Malvinas y el área de conflicto. Así, entendemos que es necesario para ello rediscutir las definiciones simplistas sobre el territorio, la naturaleza y su apropiación. La teoría de los bienes comunes nos permite alejarnos de la lógica instrumental sobre los recursos ambientales desde una perspectiva que no separe la unidad existente entre el ser humano y la naturaleza. A su vez, el reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente sano genera una relación directa entre derechos humanos y ambiente. La disputa territorial entre Argentina y Reino Unido tiene implícita la posibilidad o no de decidir sobre los bienes comunes de la región y hasta donde se explotan los recursos naturales. En ese sentido, el Estado argentino ha oscilado en sus políticas de defensa soberana de su territorio en la última década, con una posición firme en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Posteriormente de Alberto Fernández (2019-2023) y con retrocesos en la gestión de Mauricio Macri (2015-2019). Más allá de las diferencias entre unos y otros, resulta todavía un desafío encarar políticas de Estado que se posicionen desde la perspectiva de los bienes comunes y eviten el corto y cautivante, pero, al mismo tiempo, peligroso camino del extractivismo y la depredación de los recursos.