Complementa la normativa, las Resoluciones del Consejo de la Magistratura 2.664/21 y 2.287/22, que reglamentan la eximición de la aprobación de la Escuela Judicial a quienes hayan culminado una formación de posgrado en el sistema universitario nacional o internacional.

    En ese marco el Consejo de la Magistratura acreditó la misma, lo que permitirá que quienes aprueben su trayecto formativo, van a poder tramitar la excepción de cursar la Escuela Judicial.

    El procedimiento de certificación consistió en un dictamen previo de la Dirección de la Escuela Judicial y luego la aprobación se produjo por unanimidad de las y los consejeros.

     Resulta dable destacar las actividades llevadas adelante tanto por las autoridades de la universidad, las gestiones efectuadas por el Prof. Dr. Gustavo Soos (vicerrector de nuestra universidad) en conjunción con el Sr. Presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, al tiempo de encontrarse a cargo de la misma el señor ministro Dr. Sergio Gabriel Torres.

     A su vez interesa dejar constancia, que la convocatoria − de más de quinientos inscriptos − demuestra el gran interés en la actividad, lo cual nos motiva y desafía a brindar el más alto nivel para el máximo aprovechamiento de los cursantes.

    Los encuentros se vienen desarrollando en actividad híbrida, contándose con las clases magistrales de quienes suscriben y del distinguido Dr. Torres,- abordando temáticas relacionadas al desarrollo y los desafíos de los nuevos ordenamientos, así como los paradigmas del siglo XXI de los sistemas judiciales, procesales y sustantivos.

    En cuanto a los objetivos, pueden sintetizarse en los siguientes:

     1. Otorgar un nivel de excelencia para abogados/as, magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial, a través de la capacitación.

    2. Contribuir a la eficaz prestación de la función judicial, incorporando nuevos métodos alternativos de resolución de conflictos.

    3. Incentivar la reforma cultural en la administración de justicia, que apunte a una gestión ética, responsable y consciente de la trascendencia de la función, enriquecida en profundidad por los conocimientos académicos adquiridos.

    4. Procurar obtener una mayor calidad en el manejo y resolución de los casos, en concordancia con los reclamos que formulan los distintos operadores del sistema como la sociedad en su conjunto.

    5. Impartir los conocimientos teóricos de aplicación específica en la administración de justicia con la finalidad de coadyuvar a lograr la eficiencia de la función.

    En lo que respecta al perfil del egresado, como ya se consignó, la Diplomatura está orientada a la formación de magistrados/as del Poder Judicial, del Ministerio Público, como así también de abogados/as en el ejercicio de la profesión o vinculados/as a otras actividades del ámbito jurídico de los niveles nacional, provincial y municipal y que requieran adquirir una visión completa del funcionamiento del Poder Judicial y les otorgue herramientas para transformar o mejorar el modo de abordar su tarea profesional.

    Es digno de ser destacado que los cursantes y docentes cuentan con la permanente colaboración, asesoramiento y asistencia en la coordinación académica y jurídica de Lucía Colombo y Emmanuel Hachmanian quienes con dedicación asisten en el desarrollo de las actividades que se llevan adelante en la presente diplomatura.

    Por último, y no menos importante, es que se intentará brindar los elementos técnicos que permitan al cursante ejercer una fuerte capacidad de decisión y sólida formación en el campo específico de la función judicial, utilizando los conocimientos científicos e instrumentales en la administración de Justicia con una actitud crítica, al tiempo de valorar las cuestiones que se presentan a su consideración y resolución y los inste a lograr la indispensable actualización permanente.