En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Subsecretaría de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, las Secretarías y Direcciones de Género de los municipios entre otros organismos del Poder Ejecutivo coordinan estrategias de intervención entre sí y con las dependencias judiciales en materia de género de la provincia.

     Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual (10)

     Actúa en particular con relación, entre otras cosas, en todo lo inherente a coordinar la labor de las unidades orgánicas que funcionen en los restantes Ministerios y Organismos y que tengan competencias vinculadas a las políticas de géneros y diversidad, constituyéndose en órgano rector de las mismas.

     Entiende en la incorporación de una perspectiva de género en las políticas de gobierno, interviene en la prevención y erradicación de todo tipo de discriminación, violencia, acoso y maltrato contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans +, coordina las acciones necesarias para el desarrollo de políticas de concientización y prevención, campañas de sensibilización y jornadas sobre la problemática de género, mujeres y colectivos LGTBI+, con organismos gubernamentales, no gubernamentales, instituciones públicas o privadas, asociaciones civiles y cualquier otra organización que tenga objetivos afines a los asignados al Ministerio, y en la representación de la Provincia de Buenos Aires en temáticas vinculadas con géneros y diversidad sexual ante los Organismos Nacionales e Internacionales.

     Asimismo, actúa en carácter de autoridad de aplicación de la Ley de Violencia Familiar (Ley 12.569), coordina el diseño de políticas para el abordaje y la prevención de masculinidades violentas, entiende en la aplicación de la Ley 27.499 de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado y articula con las instituciones y organismos competentes los mecanismos necesarios para la aplicación de la Ley 27.452.

    La extensión de la provincia de Buenos Aires hizo necesaria la división del territorio en regiones para facilitar el acercamiento de las políticas del Ministerio a cada municipio con el fin de promover la creación de áreas de género, fortalecer las ya existentes y promover que se las jerarquice a los principales rangos de gestión, articular esfuerzos para la erradicación de las violencias y la promoción de la igualdad.

    Por otro lado, el Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que depende de la Subsecretaría de Políticas Transversales de Género, genera los acuerdos para el desarrollo de políticas públicas en los territorios de la provincia.

     El Consejo tiene el objetivo de transversalizar el enfoque de género a nivel local para que llegue a los municipios y a los territorios en la construcción de cercanía. Asimismo, considera una línea de acción prioritaria la creación y el fortalecimiento de las Mesas Locales de violencia municipales.

        Observatorio de Violencia de Género (OVG)

      El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires creó el OVG como el modo para contribuir en el avance hacia la unificación de los registros sobre violencia de género a nivel provincial.

    “Con el fin de monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, y lograr la unificación de los registros sobre violencia de género a nivel provincial” (11) , el Observatorio ha confeccionado una serie documentos que describen el circuito institucional que deben recorrer las mujeres que denuncian situaciones de violencia familiar y solicitan medidas de protección, señalando los patrones de intervención críticos que surgen de ese circuito, elevando los mismos a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, con el objeto de, a partir de su visibilización, buscar una mejora en el sistema (12).

    Cuenta con un equipo interdisciplinario que recibe solicitudes de intervención y/o de asesoramiento sobre situaciones de violencia de género de toda la provincia, las cuales son ingresadas de manera presencial, telefónica o vía web. Ha elaborado un Protocolo de Atención de Casos en Emergencia de Situación de Violencia Familiar y de Género, orientativo con pautas para la recepción de casos por parte de los operadores.

     Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima

     Dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, tiene entre sus múltiples acciones las de: Promover la implementación de herramientas efectivas con el objeto de ampliar las políticas públicas tendientes al acceso a la justicia de los sectores en situación de vulnerabilidad; promover la participación comunitaria de los habitantes de la provincia en aquellos temas, cuestiones, inquietudes y problemáticas que se relacionen con el acceso a la justicia, proponer políticas para el debido acceso a la justicia de personas víctimas de violencia familiar y/o de violencia de género y articular acciones de ésta temática con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Nación, coordinar y diseñar el funcionamiento de los dispositivos comunitarios de acceso a la justicia provinciales y centros descentralizados, asistir a las víctimas de delitos así como a las y los familiares de estas atendiendo en sus necesidades de protección y asesoramiento, asistir a las víctimas en la formulación de denuncias, tramitación y seguimiento de las causas judiciales, proponer políticas para la asistencia de la víctima del delito, su protección y la de su familia, coordinando acciones y programas con el Poder Judicial y demás organismos competentes del Poder Ejecutivo, municipalidades y organizaciones no gubernamentales, entre otros.

     Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) 

    Creado por el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires (Ley 14.603), se constituye como un documento fuente de muchas de las políticas creadas en materia de violencia de género. El mismo registra los casos de violencia de género en cada uno de los distritos integrantes de la provincia de Buenos Aires, con el fin último de organizar y sistematizar la información para tener no sólo una visión más clara de la realidad en la Provincia sino además poder elaborar estrategias de actuación eficientes frente a las problemáticas vinculadas a la violencia de género, creando una base de datos común, que se constituirá en insumo fundamental para la elaboración de datos estadísticos que estarán disponibles para ser utilizados por todos los organismos provinciales y municipales que atiendan dicha problemática.

    La situación en los Municipios

    Los Estados Municipales asumen un protagonismo propio al pasar a incorporar en su agenda diaria la política de género (13) . Las Mesas Locales de Violencia existentes en cada municipio constituyen un espacio de diálogo interinstitucional, intersectorial y comunitario donde se concertan y organizan los acuerdos necesarios para la generación de las políticas públicas a nivel municipal. Constituyen un valioso espacio de articulación intersectorial para el diseño de estrategias de prevención y atención de las violencias por razones de género en cada territorio.

     Por otro lado, el centro de debate de las políticas públicas de los municipios recae sobre el problema de la violencia, que integra el grueso de las líneas de acción y de las tareas desarrolladas por los organismos locales de género que tienen como función la asistencia y prevención de la violencia. La mayoría de ellos otorgan a través de sus Direcciones y/o Secretarías de Género un asesoramiento de tipo integral, lo cual se traduce en asesoramiento legal de las víctimas, apoyo a través de profesionales específicos como por ejemplo psicólogos, e incluso intervienen en la atención primaria, ofreciendo hogares-refugio para casos de víctimas en situación de vulnerabilidad, interviniendo en el proceso judicial contra el victimario, etc (14).

    Existen organismos avocados a políticas de género, distribuidos entre los distintos partidos que integran la provincia de Buenos Aires. Algunas de las acciones implementadas por el conjunto de unidades estatales plantean protección y asistencia a mujeres en situación de alto riesgo, capacitación con perspectiva de género a agentes municipales, talleres en escuelas, campañas en plazas, jornadas de sensibilización de noviazgos libres de violencias, contención psicológica, asesoramiento legal y capacitaciones de inserción laboral para mujeres. Además, varios de esos espacios están dedicados a políticas de diversidad sexual (15) .

V – ÓRGANOS JUDICIALES DE INTERVENCIÓN Y DENUNCIA DIRECTA

    En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la denuncia por violencia familiar y por violencia de género puede realizarse: en las Comisarías de la Mujer y la Familia (dependencias que fueron creadas a tales efectos y cuentan con grupo de profesionales que asisten a las denunciantes al momento de presentarse en la dependencia, brindándoles asesoramiento y contención) o cualquier otra dependencia policial; ante el propio servicio de emergencias de salud o a través de organismos jurisdiccionales como son las Fiscalías de turno, Defensorías Oficiales y la Justicia de Paz.

    Si bien, tal como surge del Registro de Violencia Familiar de la provincia de Buenos Aires (16) elaborado por el Área Registros de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales dependiente de la SCJBA, la cantidad de denuncias por violencia familiar o por violencia de género realizadas por mujeres ante los juzgados de paz resulta menor a las recibidas por los juzgados de familia, puede advertirse a través de la experiencia diaria de quienes trabajamos en temáticas de violencia familiar y de género que la intervención de la Justicia de Paz posibilita a la víctima que su atención se efectúe en el órgano jurisdiccional más cercano a su domicilio, lo que redunda en su beneficio, no sólo por cuestiones de cercanía y conocimiento el territorio, sino porque también evita los traslados innecesarios y disminuye notoriamente las pérdidas de tiempo y la generación de gastos que deberá afrontar la víctima.

     De los Juzgados “protectorios” sobre violencia familiar, salud mental y niñez a los Juzgados de Familia originarios

    Dentro de la provincia de Buenos Aires se vienen desarrollando distintas tareas y mecanismos tendientes a avanzar en materia de protección sobre la violencia de género.

    Un caso paradigmático es el desarrollado en la ciudad de La Plata. Esta actividad de prueba ha sido impulsora de la creación de un programa piloto que consistía en una nueva distribución o manejo de las causas sobre “niñez, salud mental y protección contra la violencia familiar”, en juzgados específicos en materia de Familia, a los que se denomina como Juzgados Protectorios (creados mediante Resolución 3.488/10 de la SCJBA), todo ello en pos de reforzar el sistema jurídico y crear órganos específicos que brinden un tratamiento especializado, concentrándose en el problema de la violencia de género y tratando de aliviar la gran cantidad de causas que sobre la materia existen dentro del sistema judicial.

    Si bien dichos juzgados en sus resoluciones citaron normativa internacional en materia de violencia familiar, se observa como aspecto negativo el hecho de que dichos cuerpos jurisdiccionales fueron creados en base a la Ley provincial nro. 12.569, cuya materia o ámbito de aplicación se reduce a la “violencia familiar”, no siendo extensible a otras formas de violencia que puede sufrir una mujer y que han sido referidas en la primera parte del presente.

    Uno de los principales problemas u obstáculos que pueden advertirse, surgen del hecho de que estos juzgados especializados solamente responden frente a casos de agresiones o violencia y el dictado de medidas protectorias, delegando a los juzgados de familia ordinarios el tratamiento del fondo de las cuestiones controvertidas como lo puede ser un divorcio, comunicación, alimentos, etc (17). Este modelo de intervención implica que cuestiones vinculadas entre sí se encuentren bajo el tratamiento de diferentes órganos jurisdiccionales, lo que conlleva a una innecesaria fragmentación del conflicto, somete a la víctima a circular dentro de un sistema institucional complejo y provoca en muchos casos decisiones contradictorias (18) .

    Por ello, luego de más de cinco años de prueba, estos juzgados fueron reconvertidos a juzgados de familia, resultando los que en la actualidad laboran diariamente con las denuncias y situaciones de violencia de género y familiar en el ámbito provincial.

Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires – Defensorías específicas abocadas a cuestiones de Violencia Familiar – Unidades fiscales especializadas en violencia de género – Centros de Atención a la Víctima

    Tras la creación de los juzgados de familia con asignación concreta en materia protectoria, se implementaron en el ámbito de las defensorías oficiales de los distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, ayudantías y/o secretarías especializadas en la tramitación de los procesos previstos en la Ley 12.569.

    El Área para la Asistencia de Procesos Urgentes del Departamento Judicial de La Plata (APUR) comenzó a funcionar en octubre de 2012, teniendo dentro de su competencia los asuntos de violencia familiar.

    La actual deficiencia en términos de recursos profesionales con la que cuenta el Área de Procesos Urgentes impide la implementación de mecanismos de seguimiento de las medidas que se solicitan y, en la experiencia diaria de quienes trabajan en la Justicia, se advierte que las mujeres siguen realizando gran cantidad de actos procesales sin acompañamiento jurídico, como el diligenciamiento de los oficios y mandamientos y la solicitud de colaboración por parte de la policía.

    La actuación de las defensorías civiles en general se circunscribe a la recepción de la denunciante, que en algunas ocasiones se presenta con la copia de la denuncia policial, y en otros, realiza la denuncia ante dicha dependencia, efectuando además el escrito solicitando las medidas de protección, concurriendo la denunciante personalmente al juzgado que se le sortee o al que se encuentre de turno (si ello ocurre fuera del horario judicial) a presentarlo.

   La modalidad de trabajo diseñada comienza con la atención del caso por el Área de Admisión, que recibe la escucha a los fines de determinar la necesidad de abordarlo interdisciplinariamente con el Área Técnica.

    Esta Área Técnica cuenta con un Equipo interdisciplinario de la Secretaria Civil, integrada por una psicóloga, una trabajadora social y una asistente social con formación en violencia familiar.

     No se realiza seguimiento de las actuaciones del expediente, salvo la representación de la denunciante en alguna cuestión puntual que se pueda suscitar (una audiencia, por ejemplo). Además, existen demoras en los tiempos para la recepción de las denuncias que se realizan, siendo las víctimas entrevistadas por distintas personas en lugares diferentes, relatando los hechos acontecidos en reiteradas oportunidades, generando instancias de revictimización.

    En la provincia de Buenos Aires rige un sistema procesal penal acusatorio. Ello significa básicamente que la investigación de las causas penales se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal que basa su funcionamiento en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ministerio Público – Ley 14.442 –.

   Mediante la Resolución 346/14, la Procuración General de la SCJBA estableció reglas de conexidad a los efectos de determinar la competencia fiscal en aquellos supuestos en los que – existiendo identidad del agresor denunciado – se sustancien simultáneamente o se hayan sustanciado causas por violencia familiar con la intervención de distintos agentes fiscales.

    Teniendo en consideración que en términos de eficacia institucional resulta trascendente tener presente que la violencia no permite actividades dilatorias, ni respuestas erráticas, la Procuración General de la SCBA, a fin de remover los obstáculos hacia el pleno acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar y de género que permitan una intervención judicial inmediata y efectiva frente a los hechos denunciados, ha creado Centros de Atención a la Víctima (CAV), Unidades Fiscales especializadas en género y Unidades o Secretarías especializadas en la investigación de delitos de violencia familiar.

    Desde el sitio del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires (19) se informa a la población bonaerense de qué manera puede realizar una denuncia por violencia de género y por violencia familiar .

    Así, se les indica que, dentro del horario de atención judicial, pueden presentarse ante cualquier dependencia fiscal o la de turno. Luego de ese horario, otra opción es efectuarla mediante un sistema de denuncias on line (20).

VI – PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE PRESENTA LA POSIBILIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

     Sin perjuicio de la existencia de normas aplicables en materia de violencia de género, se puede advertir que tanto el sistema legal como el administrativo hasta el día de hoy se enfrentan en la práctica a determinados obstáculos o impedimentos en cuestiones vinculadas al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Algunos de ellos son una consecuencia directa de problemas estructurales del propio sistema y otros son el producto de una conducta arraigada en nuestra sociedad, vinculada a estereotipos o prejuicios arrastrados desde décadas atrás que pueden encontrarse en los operadores tanto administrativos como de justicia.

    Respecto de la limitación o impedimentos que existen para que las mujeres puedan acceder a los mecanismos de justicia en pos de obtener una respuesta ante una situación de violencia, desde mi experiencia como integrante de un Juzgado de Familia, observo que pueden encontrarse, además de los ya señalados en los puntos anteriores, los siguientes:

    1.- Por un lado, la presencia de múltiples fueros que intervienen ante el reclamo o denuncia efectuada por una mujer en virtud de la comisión de un hecho de violencia hacia su persona (21) , lo cual constituye en primera instancia un retardo en el acceso al sistema judicial, logrando en consecuencia una revictimización de la mujer, dado que la superposición en cuanto a la intervención de diversos organismos frente a hechos vinculados entre sí, necesariamente genera una descontextualización de la violencia, la cual deja de entenderse como un todo o un hecho continuo, para comenzar a hablar de una sucesión de eventos aislados que son investigados de manera autónoma.

    2.- A partir de la denuncia que realiza ante una Comisaría de la Mujer o ante otras comisarías comunes, comienza la “ruta judicial” que debe transitar la mujer víctima de violencia.

    Desde ese momento, debe concurrir a los Tribunales a efectos de que la Receptoría General de Expedientes le informe ante qué juzgado de familia se ha radicado su denuncia. En el caso que hubiere además algún hecho penal, debe concurrir a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General Departamental a fin de conocer la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio que interviene.

    Si bien el/la agente fiscal lleva adelante la acusación, generalmente se trata de hechos dependientes de instancia privada por lo que la acción debe ser instada por la parte. Para ello necesita la representación letrada de un abogado defensor público, ya que, en la enorme mayoría de los casos, las víctimas no cuentan con medios económicos para solventar tales gastos.

    3.- Luego de conocer el juzgado de familia interviniente, debe presentarse ante el mismo a fin de solicitar se dicte medida de protección a su favor (y de sus hijos). Para el caso en que deba ser entrevistada por los/las profesionales de los equipos técnicos de los juzgados de familia, quizás le sea solicitado que concurra a la dependencia judicial en más de una ocasión, dependiendo de la problemática que debe abordarse.

   Encuentra aquí un obstáculo importante, ya que, si tiene trabajo formal, necesita pedir permiso para concurrir a los juzgados, cuya atención es por la mañana, pudiendo ser varias las dependencias a las que debe presentarse, y si su trabajo es informal, difícilmente le concedan esos permisos, y su reclamo termina quedando en la nada

    Por otro lado, si la mujer no trabaja y su único sostén económico era su pareja, la falta de ingresos y la distancia existente entre su domicilio y los organismos judiciales y administrativos hace que en muchas ocasiones desista de continuar con los procesos.

    Al ser la mujer la única encargada del cuidado de los/las hijos/as, todos los pasos señalados precedentemente los transita sola con la situación emocional y física en que se encuentra, con la responsabilidad de cumplir con horarios de escuelas, alimentos, etc. de los/las mismos/as, o, lo que deviene en una mayor dificultad, recorre junto a ellos las dependencias judiciales y administrativas. Como consecuencia vemos en los juzgados de familia, y demás dependencias judiciales a niños y niñas despiertos desde horas muy tempranas, en muchos casos mal alimentados acompañando a sus madres (22).

    A esto debe sumarse, que en algunos casos existe una falta de diligencia por parte de los operadores de justicia y/o administrativos quienes no se encuentran realmente comprometidos y formados con las políticas de género (23).

     4.- Otro de los principales obstáculos que existen en materia de acceso de la justicia, y tal lo señalara precedentemente, se traduce en que, en el caso de que la situación de violencia configure un delito, el mismo debe ser “probado” en sede penal, con todo lo que ello implica para la mujer víctima, con el fin de obtener una medida de protección. Sin embargo, ante el incumplimiento de estas medidas ordenadas por el juez/a de familia puede advertirse que no tiene su correlato en el fuero penal. Se observa cierta reticencia por parte de algunos jueces penales respecto al dictado de medidas cautelares, lo que motivó que la SCJBA implementara la Acordada 4099 y anexo (del mes de marzo de 2023) que resalta la obligación de adoptar medidas y o fundamentar expresamente porque no han sido adoptadas.

     5.- A lo relatado precedentemente, debe sumarse el hecho de que en numerosas ocasiones la víctima se retracta durante el trámite del proceso o investigación, cuando verifica las dificultades que puede tener en su vida particular y las de sus hijos. El miedo a las consecuencias por parte del agresor, la reconciliación y el pedido de perdón (CÍRCULO DE VIOLENCIA) (24) , como así también la existencia de una dependencia a nivel económica son algunos de los elementos que contribuyen al freno de una investigación. En definitiva, ante tantos obstáculos, del daño producido por la violencia ejercida por el hombre, solo un porcentaje será investigado concienzudamente y sancionado.

    6.- Al hablar de acceso a la justicia inconscientemente nos remitimos de manera inmediata al ámbito jurisdiccional, sin detenernos a pensar que, en realidad, existen esos otros organismos administrativos municipales o provinciales que operan como nexo entre las mujeres y el/la juez/a que dictará una medida de protección a su favor.

    Ellos son los encargados de contener, acompañar, fortalecer a esas víctimas con el fin de evitar que vuelvan a pasar por situaciones análogas y superen ese círculo de violencia que las daña y pone en la mayoría de los casos en riesgo su vida y la de sus hijos.

     La falta de recursos, el cambio de operadores como consecuencia de los distintos procesos electorales, lo que modifica la forma de encarar las políticas públicas y, concretamente sobre la protección de las mujeres víctimas de violencia, produce la provisoriedad del trabajo por ser contratados o porque se renuevan casi continuamente debiendo los equipos técnicos readaptarse y comenzar a trabajar desde cero en cada caso de violencia, deriva en la no existencia en muchos casos de personal especializado para tratar a las víctimas, la no constancia en el trabajo de territorio y el desapego obligado de la víctima con los operadores con quien estaba trabajando, con las consecuencias emocionales en la víctima quien tiene que volver a generar y con fianza con el/la operador/a encargado de su situación.

      7.- Una de las formas más directas de hacer llegar la jurisdicción a las víctimas es a través del trabajo policial, quienes ante una denuncia de agresión domiciliaria interviene y procede a comunicarse de inmediato telefónicamente con el juez de familia en turno a la espera de la orden judicial pertinente.

    Si bien los/as jueces/as pueden dictar las medidas de protección , en la reali dad no todos los magistrados y las magistradas adoptan medidas de esta manera.

     Observando la actividad cotidiana, especialmente en jurisdicción del conurbano bonaerense, mientras en algunas departamentales, ante el llamado telefónico del personal policial al juzgado de familia en turno para comunicar un hecho de violencia, el/la titular ordena que un/una funcionario/a labre acta de lo actuado, debiendo apersonarse en el lugar para luego decidir si se adopta o no medida protectoria en el momento, en otras (tal el caso de los Deptos. Judiciales de Morón y Moreno, p. ej.), las medidas cautelares se dictan telefónicamente ante la mera descripción de los hechos y el peligro inminente.

    Partiendo de la base de que fueron llamados por personal policial (funcionario público) que se encuentra en el lugar de los hechos, se dicta la medida cautelar la cual es notificada a las partes en el acto, debiendo la Comisaría luego remitir a los juzgados de familia el sumario correspondiente para la prosecución de las actuaciones y seguimiento de la problemática familiar.

    8.- La distancia geográfica que existe en distintos partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires entre las ciudadanas y los organismos administrativos y dependencias policiales, deviene en un importante obstáculo especialmente para las mujeres violentadas al momento no sólo de tener que denunciar el hecho violento y seguimiento del proceso sino también, en la continuidad de los tratamientos terapéuticos (individuales o grupales) que se les recomiendan para alcanzar el fortalecimiento personal que le permita contar con herramientas suficientes para evitar caer nuevamente en hechos de violencia.

     9.- Si quien denuncia un hecho de violencia tiene dificultades auditivas o en el habla, o pertenece a un grupo de migrantes resulta muy difícil a los/las operadores/as judiciales entender cuál es su reclamo, debiendo recurrirse a intérpretes y/o traductores que hagan de nexo entre las víctimas y el equipo técnico o el/la funcionario/a que realice la entrevista.

     La no existencia de intérpretes dependientes del cuerpo técnico judicial limita esta acción, ya que deben ser sorteados desde un listado de peritos oficiales o solicitados a los organismos pertinentes, externos al Poder Judicial (25).

    Del recorrido legislativo, jurisprudencial y de mi propia labor como funcionaria del Fuero de Familia, puedo observar que, pese a las modificaciones que se han realizado en los últimos años, actualmente se hace difícil tener una mirada optimista respecto de la facilidad que tienen las mujeres en situación de violencia de género y violencia familiar de acceder a la Justicia en la provincia de Buenos Aires.

    Resulta imperioso que el Estado incorpore y proporcione los servicios necesarios para lograr simplificar el camino (tanto administrativo como judicial) a transitar por las víctimas de violencia hasta la obtención de justicia (26).

     Por tal motivo, no se trata solamente de crear y aplicar normas en contra de la violencia de género, sino que debe complementarse con la continuidad de políticas públicas que logren brindar respuesta rápida y eficiente a la mujer víctima que se traduzca en un correcto servicio de justicia (27).

    Es necesario proyectar una concientización y especialización periódica y continua de todos los operadores estatales y privados en violencia de género y familiar, como una forma de garantizar a futuro la erradicación de preconceptos y estereotipos que pretenden invisibilizar y minimizar este ataque a un derecho humano fundamental (28).