Salvando esta última parte, y sólo a mero criterio de que se interprete la intención del legislador que es la de protección respecto a los trabajadores por ser el sujeto débil de la relación de trabajo, en este fallo plenario los jueces hacen una interpretación irrestricta de la norma jurídica, tal cual ha sido la intención del legislador al momento del dictado de la norma luego de haber sido debatida parlamentariamente. En el fallo de alzada, el Sr. juez haciendo una crítica de la Ley 24.013 declaró que la misma no contribuyó a lograr el principal objetivo que es la registración del trabajo informalizado y que los trabajadores sólo buscan la regularización cuando el despido es inminente, en el caso en estudio el a quo manifestó que el actor estuvo conforme y que así lo reconoció, inscripto como trabajador dependiente durante breves períodos ya que figuró como subordinado de distintas personas ficticias vinculadas con la entidad demandada y que no se pudo dudar que fue cómplice en la situación de clandestinidad, pues le resultó cómodo figurar como monotributista y percibir en negro comisiones escapando a la voracidad fiscal.

    Siguiendo con la crítica, es el turno de la legislación en cuestión donde dice que sólo ha servido para engrosar los valores de las liquidaciones laborales llevándolas a valores exorbitantes, utilizando esto como justificación de que, ante la posibilidad por parte de ciertas empresas de sufrir condenas abultadas económicamente, encuentran como solución el concurso preventivo, pedido de quiebra o insolvencia fraudulenta; esgrimiendo que ello también vulnera la fragilidad de las pequeñas y medianas empresas. Aquí se puede notar que hay una crítica personal del juez, y más allá de sus discrepancias, todo juez está obligado a aplicar las reglas de las normas vigentes. No hay fundamento alguno para que el magistrado pueda hacer uso de la facultad, excepcional, que le da el Artículo 16 de la Ley 24.013 (8) .

    Es aquí donde hay que resaltar la función del juez laboral como pacificador del conflicto social, ya que el mismo debe encontrar la forma de disminuir o debilitar los efectos negativos de un conflicto en el marco de las relaciones laborales y sus consecuencias en el ámbito social, sin vulnerar el sentido tuitivo de las normas y sin afectar derechos consagrados en normativa laboral sino también constitucionales. En nuestra estructura productiva hay un alto grado de heterogeneidad, la que ocasiona importantes problemas de generación de empleos de calidad, profundizados por las crisis económicas, pero, asimismo, hay un entramado productivo con gran desarticulación que es una de las explicaciones del gran crecimiento del empleo informal. Es cierto que en la medida en que no se genere una cantidad suficiente de ocupaciones formales en relación al retorno a la fuerza de trabajo de aquellos que aún permanecen fuera de ella, el riesgo de aumentos en la tasa de informalidad laboral continuará.

   Con el abandono del modelo productivo, se comenzó con una descentralización productiva, lo que incluía la externalización de actividades accesorias como aquellas vinculadas al objeto principal de creación/comercialización de bienes y/o servicios. Esto ha generado la utilización de formas no laborales de contratación.

    Con el crecimiento del trabajo informal, del deficientemente registrado, de contratación temporal y con la aparición de nuevas categorías de trabajadores situados en las fronteras del trabajo subordinado/autónomo: la participación de la mujer en el mundo del trabajo, los jóvenes y grupos migrantes como nuevos trabajadores. (conforman nuevas situaciones que generan discusión acerca de las distintas características necesarias para determinar si hay o no relación de dependencia). Todo ello implica que esta función pacificadora del magistrado debería estar avalada por el respeto irrestricto de las normas vigentes para otorgar así mayor seguridad jurídica a los administrados.

III-MULTAS NO, MULTAS SI

    Existen argumentos antagónicos partiendo de un punto en común que sería encontrar la solución o al menos acercarse a ella, a la informalidad laboral en Argentina, no sólo para el sostenimiento de la paz social, de la seguridad jurídica en términos necesarios para futuras inversiones sino también para el sostenimiento del sistema previsional argentino que garantice la previsión de todos los/as trabajadores/as.

    Dentro de los argumentos que proponen la eliminación de las indemnizaciones de la Ley 24.013 y de las Leyes 25.323 y 25.345 se expone:

    a) Que la Ley 24.013 no ayudó a mejorar las registraciones.

    b) Uso disfuncional de las Leyes 24.013, 25.323 y 25.345.

    c) Encarecimiento de los reclamos laborales.

  d) En determinados casos hay complicidad entre el trabajador no registrado y el empleador, hay trabajadores con remuneraciones elevadas, que perciben sus remuneraciones clandestinamente para quedar liberados de la carga impositiva.

    e) Desaliento de inversiones.

    f) Riesgos económicos para las pequeñas y medianas empresas.

    Los argumentos que están a favor de las indemnizaciones de la Ley 24.013, 25.323 y 25.345 son:

     a) Las inspecciones del Trabajo y las sanciones administrativas propuestas por ejemplo por la Ley 26.940 han sido de utilidad para alentar la registración laboral combatiendo el trabajo clandestino.

    b) Lo concreto es que lo dicho del encarecimiento de los reclamos laborales tiene su relato en la normativa en análisis, sin embargo, podemos agregar que sólo las indemnizaciones agravadas proceden ante trabajo no registrado o parcialmente registrado.

    c) Hay que dejar en claro que el empleador que utiliza una registración defectuosa o clandestina total, está expuesto al reclamo del trabajador, una vez que el trabajador pierda el miedo a su reclamo mediante un despido indirecto.

    d) Respecto a la pequeña y mediana empresa, sus riesgos económicos se presentan cuando transitan el camino de la ilegalidad registral de sus trabajadores.

    e) Estas normativas no desalientan las inversiones, sino que ellas se desalientan ante situaciones de inseguridad jurídica, la falta de marcos regulatorios y políticas de promoción de empleo.

    f) En el punto de inspección del trabajo que se deriva a la esfera nacional o provincial, es insuficiente hasta tanto haya un sistema de inspección del trabajo que responda a las normativas internacionales que la OIT pone a disposición y que nuestro país ha refrendado: en el caso del Convenio Organización Internacional del Trabajo 147 sobre la marina mercante (normas mínimas), y sus recomendaciones.

    g) Hay costos, que significan la aplicación de las Leyes 24.013, 25.323 y 25.345, sin embargo, es más costoso para los trabajadores no tener acceso a ART, sindicatos, beneficios en turismo, etc., ni qué hablar de la pérdida de los beneficios de la previsión social.

    h) Nunca la sumatoria de las indemnizaciones por trabajo no registrado serán superiores a los pagos que deben abonar los empleadores por los aportes y contribuciones a cada trabajador.

IV- CONCLUSIÓN

    Para un trabajador, no hay nada más difícil que tomar la decisión de confrontar a su empleador para que este realice lo que sabe que debió hacer desde un principio: la registración; nada es más ofensivo que pensar que las personas desde el momento de iniciar la relación laboral bajo estos términos lo hacen voluntariamente, sino que su voluntad se encuentra viciada ya que es imposible que cualquier trabajador/a anticipadamente renuncie a los beneficios de su registración como tener acceso a aportes previsionales, derechos a enfermedad paga, vacaciones pagas, el aguinaldo, la asignación familiar, la sindicalización junto a sus beneficios.

    Creemos que lo que potencia el abuso por parte de empleadores es el miedo a no tener ese empleo por parte del trabajador, la falta de controles estatales de la informalidad, la edad de los empleados, sus cargas de familia y las largas filas de hombres y mujeres necesitados de la oportunidad de experimentar la dignidad del trabajo genuino, y es esa oportunidad la cercenada por quienes hacen uso abusivo de esa necesidad legítima.

    Cuando ese miedo se pierde por la oportunidad de un nuevo trabajo o por la necesidad inconmensurable de gritar que no quiere ser más oprimido en sus derechos, es ahí cuando libremente se anima a reclamar lo que la ley garantiza y que el sujeto más fuerte del contrato de trabajo niega sistemáticamente.

Concordamos con la conclusión llevada adelante por el Dr. Ojeda en su artículo, en el que manifestó: