Resumen: La violencia económica contra las mujeres es violencia de género según el Convenio de Estambul. No obstante, la principal ley española contra la violencia de género (LO 1/2004) no menciona la violencia económica y el Código Penal en España no ha sido modificado para introducirla a pesar de que está obligada a hacerlo por estar sujeta al Convenio de Estambul. A nivel autonómico, la Ley catalana 17/2020 (de reforma de la Ley 5/2008 sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista) incluye la violencia económica como una de las formas de violencia de género, pero no tiene competencia para modificar el Código Penal del estado español. La Sentencia del Juzgado de lo Penal nro. 2 de Mataró (Barcelona-España), de 22 de julio de 2021(2) , tras la condena de un hombre por impago de la pensión alimenticia a su hija menor de edad, la jueza ejerce una iniciativa legislativa pionera. No hay precedentes en ningún otro país. Pide al Gobierno de España un cambio legislativo que reconozca la violencia económica como violencia de género. Al postular un cambio legislativo, culmina la técnica enjuiciadora con perspectiva de género (y de infancia) al identificar el contexto de violencia de género en el que se produce el impago voluntario e injustificado de la obligación alimenticia en este caso y su utilización para lograr la restricción económica de madre e hija perpetuando una situación de violencia de género a través de la violencia económica.

Palabras clave: Iniciativa legislativa judicial, violencia económica de género, impago de pensiones, daño social, Art. 4.2 del Código Penal español, Convenio de Estambul

Abstract: Economic violence against women is gender-based violence according to the Istanbul Convention. The main Spanish law against gender violence (LO 1/2004) does not mention economic violence and the Criminal Code in Spain has not been modified by Parliament to introduce it despite being bound by the Istanbul Convention. Law Catalan 17/2020 (reforms Law 5/2008 about the right of women to eradicate gender violence) includes economic violence as one of the forms of gender violence but has no competence to modify the Criminal Code of the Spanish state. Sentence of the Criminal Court nº 2 of Mataró (Barcelona-Spain), of July 22th, 2021 in which, after the conviction of a man for the non-payment of alimony, the Judge exercises a pioneer legislative initiative. There is no precedent in any other country. She is asking the Government of Spain for a legislative change that recognizes economic violence as gender violence. By postulating a legislative change, it is the culmination of judging with a gender (and childhood) perspective by identifying the context of gender violence in which the non-payment of the maintenance obligation takes place in this case and its use to achieve the economic restriction of the mother and daughter perpetuating a situation of gender violence through the economic violence.

Keywords: judicial legislative initiative, economic gender violence, non-payment of pensions, social damage, Art. 4.2 of the Spanish Penal Code, Istanbul convention

I – INTRODUCCIÓN 

       A partir de un caso en el que se enjuició en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Mataró un delito de abandono de familia en su modalidad de impago de pensiones alimenticias y a raíz de la sentencia dictada explicaré cómo la existencia de un contexto invisibilizado de violencia de género determinó la existencia de violencia económica contra la mujer, modalidad que no está expresamente regulada en el Código Penal español. Resaltaré la importancia de esta sentencia como la primera que reconoció en España esta modalidad de violencia contra la mujer y cómo a través de la misma se solicitó al Gobierno de España la modificación del Código Penal para sancionarla. Para ello desarrollaré los fundamentos normativos y materiales de la iniciativa legislativa presentada para concluir cómo la responsabilidad civil derivada de este delito debería reconocer expresamente otros conceptos para la reparación integral del daño derivado del citado delito de impago de pensiones alimenticias.

II – LA SENTENCIA QUE ESTABLECIÓ POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA EL RECONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA COMO VIOLENCIA DE GÉNERO

     La Sentencia firme de 2 de julio de 2021 del Juzgado de lo Penal nro. 2 de Mataró (Barcelona), dictada a propósito de la comisión de un delito de impago de pensiones alimenticias, reconoció por primera vez en el estado español la violencia económica, especialmente la ejercida a través del impago de pensiones alimenticias, como violencia de género (3). A través de la misma, como jueza sentenciadora, elevé al Gobierno de España una iniciativa legislativa judicial (Exposición Razonada) por la vía del artículo 4.2 del Código Penal español (4) para la tipificación de la violencia económica (en sus diversas formas y, específicamente, el impago de pensiones) como modalidad de violencia de género y para la regulación de cláusulas de reparación integral a las víctimas que no sólo comprendan el daño económico efectivamente causado, sino también el denominado “daño social”.
     El delito de impago de pensiones alimenticias (sobre el que gira el caso examinado) sí se regula en el art. 227 del Código Penal español (5) pero de manera neutra, descontextualizado de posibles escenarios violentos y no se califica como violencia económica de género a pesar de que los datos estadísticos disponibles −que expondré más adelante− muestran la elevada proporción de mujeres que soportan algún tipo de violencia económica por parte de sus parejas o ex parejas.
     Los hechos enjuiciados en la sentencia tienen un contexto específico de violencia de género constatado que, sin embargo, había quedado oculto en el proceso de familia previo, en él se estableció la obligación alimenticia y en el posterior proceso por impago de pensiones alimenticias que se inició a raíz de la denuncia de la mujer frente al padre incumplidor por el impago reiterado de aquella.
     El acusado había sido condenado dos veces−en procesos penales previos− por delitos de violencia sobre la mujer (concretamente por maltrato físico) cometidos contra la madre de su hija. Después en la vía civil se tramitó el procedimiento de familia con la apariencia de un “divorcio de mutuo acuerdo” que invisibilizó el rastro judicial de violencia de género existente, ocultándola incluso en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a la hija común ya que se estableció un régimen de visitas paterno-filial contraviniendo el art. 31 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, de mayo de 2011 (6), (también llamado Convenio de Estambul)(7) que impone la obligación de tener en cuenta los incidentes de violencia en el momento de estipular aquel régimen de tal forma que se protejan los derechos y la seguridad de la víctima y de las/os niñas/os. Incumplida la obligación alimenticia, porque nunca la llegó a hacer efectiva a pesar de que el padre sí tenía capacidad económica para abonarla, y agotada la vía civil, la madre acudió a la vía penal para denunciar el impago reiterado e injustificado de la pensión alimenticia en favor de la hija iniciándose a continuación un proceso penal que finalizó en sentencia firme condenatoria contra el padre por la comisión de un delito de impago de pensiones alimenticias (art. 227 del Código Penal español).
     En la realidad que vemos en los juzgados, este impago reiterado e injustificado de pensiones sirve habitualmente (también en el resto de modalidades de violencia económica) al progenitor incumplidor –estadísticamente el padre como se verá a continuación− para perpetuar una situación de control sobre su pareja, circunstancia esta que caracteriza la violencia de género. Así, la somete a estrés y sufrimiento psicológico, y aumenta la vulnerabilidad de hijas/os menores de edad y dependientes convirtiéndose también la económica, en una manifestación de violencia vicaria de género (8) pues cuando el agresor o victimario, pudiendo hacerlo, no atiende de manera intencionada las necesidades básicas de las/os hijas/os, está ejerciendo una forma de violencia contra sus madres.

    Esta sentencia postula un cambio legislativo y culmina la praxis enjuiciadora con perspectiva de género − y de infancia, al afectar el supuesto de hecho a la hija común − porque identifica el contexto de violencia de género, en el que transcurre el incumplimiento de pago de la obligación alimenticia, y su instrumentalización por el padre para lograr el estrangulamiento económico de la madre y de la hija. Logra así visibilizar cómo se perpetúa una situación de violencia de género a través de lo económico.

La sentencia es pionera en España y no se han encontrado precedentes similares en otros países.

  III – FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y MATERIALES

    El fundamento jurídico formal de la iniciativa legislativa judicial presentada está en el art. 4.2 del Código Penal español en el que se indica a la judicatura lo que puede y debe hacer cuando, como sucede en el presente supuesto, al enjuiciar un hecho detecta un conflicto entre las exigencias de justicia material y el dogma de la legalidad. También se sitúa en el Pacto de Estado contra las violencias machistas aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017, el artículo 14 de la Constitución española (CE) relativo a la igualdad entre mujeres y hombres, que impone además una actitud proactiva de todos los poderes públicos para su efectividad (art. 9.2 CE) y en la exigencia derivada del derecho internacional público de los derechos humanos, de “debida diligencia” para prevenir, investigar, sancionar y reparar los delitos calificados como violencia sobre la mujer (art. 5 y 45 del Convenio de Estambul) que también se contempla en la Ley catalana 5/2008 (Art. 3. H, Art. 5, Sexto).

    También en la búsqueda de las fuentes formales es preciso tener en cuenta, por un lado, la legislación autonómica en esta materia y para ello, me centraré en la comunidad autónoma donde ejerzo mi jurisdicción. En Cataluña, en el ámbito autonómico español (9), la Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista (10) sí contempla la violencia económica en su art. 4. 2. e) como una modalidad de aquella y la define como la